Unos acuerdos pactados en 1979 para sustituir al Concordato

Los acuerdos que la autoridad eclesiástica ha propuesto revisar al Gobierno de Felipe González fueron firmados en Roma el 3 de enero de 1979. El ministro de Asuntos Exteriores de entonces, Marcelino Oreja, y el secretario de Estado del Vaticano, Jean Villot, rubricaron con su firma los "cuatro acuerdos específicos" que sustituían los 25 años de Concordato, desde 1953.Estos acuerdos contienen cuatro apartados: uno, jurídico, donde, entre otras cosas, el Estado reconoce efectos civiles al matrimonio canónico y el derecho de la Iglesia a ejercer libremente su misión apostólica, y garantiza la inviolabilidad de los lugares de culto y la asistencia religiosa en los establecimientos penitenciarios y hospitales. Otro, sobre enseñanza, el que ahora ha suscitado mayor tensión entre la Iglesia y el Estado, recoge "el derecho fundamental de los padres a elegir la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar", la norma de que 1a educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana" y la inclusión de la enseñanza católica en todas las escuelas de BUP, EGB y Formación Profesional, ?.sí como el derecho de la Iglesia a organizar cursos voluntarios de enseñanza religiosa en los centros universitarios del Estado.

El tercero, sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, incluye la asistencia pastoral en el ámbito castrense y elimina toda vinculación con grados militares; establece que los seminaristas de estudios superiores estarán sometidos al servicio militar universitario, y los demás sacerdotes y clérigos, al servicio ordinario.

Finalmente, en el cuarto apartado, referido a las relaciones económicas entre el Estado y la Iglesia, la Administración pública se compromete a colaborar en el sostenimiento financiero de la Iglesia mediante una fórmula mixta: en los tres años siguientes a la firma de los acuerdos (es decir, hasta enero de 1982), subvencionando directamente a la Iglesia a través de los Presupuestos Generales del Estado (más de 6.000 millones de pesetas anuales) y, posteriormente, descontando cierta cantidad del impuesto general sobre la Renta, de forma que el total sea de "igual cantidad a la percibida hasta entonces". Pese a que finalizó el plazo citado de los tres años de subvención directa, persiste esa misma fórmula, al no haber logrado llegar a un acuerdo la comisión mixta negociadora, formada por representantes de la Iglesia y del Ministerio de Hacienda.