Todos los partidos de la oposición creen necesariala celebración de un debate autonómico en el Congreso

Los nacionalistas vascos y catalanes están dispuestos a redoblar sus ofertas de diálogo y negociación sobre política autonómica con el Gobierno central a lo largo del mes de agosto, como paso previo a la solicitud de un debate parlamentario sobre política autonómica, que ha pedido ya oficialmente el PCE, y que Manuel Fraga -aunque por motivos distintos considera "absolutamente indispensable". Coinciden todos ellos en que el Gobierno debe, cuando menos, matizar su postura inicial sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA, que ha provocado la sorpresa e indignación entre las fuerzas políticas.De la euforia provocada por la sentencia del Tribunal Constitucional, se ha pasado en Euskadi y Cataluña a la perplejidad y la indignación por la postura intransigente del Gobierno, que ha reaccionado restando importancia a aquélla, reafirmándose en la validez del contenido de la LOAPA -que se aplicará, en la práctica, en forma de LPA- y negándose a reabrir la negociación autonómica. "Si el propio Gobierno reconocía antes que había dos interpretaciones de la LOAPA, ahora la postura del Ejecutivo viene a consagrar también dos lecturas de la propia sentencia", es el comentario generalizado entre las fuerzas políticas.

El vicepresidente del Gobierno vasco, Mario Fernández, ha calificado la postura del Gobierno de Iamentable, cerril y desprovista de todo tacto y habilidad política". Miquel Roca prefiere creer que se trata de "una reacción de mal humor, de orgullo, de un técnico desautorizado", y espera una aclaración por parte del Gobierno. No obstante, lo que Tomás de la Quadra expuso el jueves sobre la sentencia de la LOAPA y de los planes del Gobierno en política autonómica, incluida su negativa a una renegociación global de la misma, era la postura del Gobierno, el fruto de una larga conversación que el titular de Administración había mantenido el día anterior con Felipe González.

Desde el momento en que se conoció la sentencia, no se ha producido el más mínimo contacto oficial u oficioso de miembros del Gobierno con los representantes de las comunidades, autónomas catalana y vasca. Ello ha producido entre estos últimos una cierta desazón. Miquel Roca manifestaba ayer su absoluta confianza "en que el Gobierno lo va a meditar bien y va a rectificar su primera declaración. Sabe positivamente", añadió, "que si no hay diálogo o negociación entramos en un callejón sin salida". Algo más lejos va Mario Fernández cuando afirma que "el Gobierno debe elegir ahora entre la estrategia del diálogo o de la tensión".

Es preferible cargarse de razón

Pero no parece estar en la mente de los nacionalistas vascos y catalanes entrar, por el momento, en la estrategia de la tensión. Prefieren abrir un período de prudente espera hasta final de este mes. "Cuando uno gana", ha declarado a este periódico Roca, "deben medirse bien los pasos a dar. No podemos tomar iniciativas precipitadas que nos conduzcan a perder lo ganado: la autoridad moral. Lo primero que debemos hacer es insistir, requerir una y otra vez el diálogo y la negociación. En definitiva, cargarnos de razón ante la opinión pública". Comparte este criterio el Gobierno vasco, cuyos miembros abandonarán por unas horas sus vacaciones el lunes o martes para redactar una declaración pública emplazando oficialmente al Gobierno central a abrir una negociación sobre su política autonómica.

En caso de que no se produzca un cambio de actitud del Gobierno, los nacionalistas catalanes y vascos están de acuerdo en solicitar, en septiembre, un debate sobre política autonómica en el Congreso de los Diputados a fin de que el Gobierno explique cuáles van a ser sus líneas de actuación tras la setencia de la LOAPA. El Partido Comunista pidió ya el viernes la celebración de dicho debate. Para Manuel Fraga, "el debate autonómico a la vuelta de vacaciones es absolutamente indispensable. Lo único claro", declaró ayer a este diario, "es que la política autonómica del Gobierno se ha venido abajo y no es posible mantenerla".

Saben muy bien, no obstante, aliancistas, nacionalistas y comunistas que la celebración de ese debate puede chocar contra la barrera de los votos del PSOE y, en el mejor de los casos, encontrar senas dificultades para colarse en el programa de actividades parlamentarias del Gobierno. Un portavoz autorizado del Gobierno manifestaba ayer sus dudas de que ese debate pueda en el mes de septiembre. "Están pendientes", señaló, "los debates en el Congreso sobre la política exterior del Gobierno, la discusión de los presupuestos y la presentación del plan cuatrienal".

La impresión es que el Gobierno va a tratar de evitar a toda costa que ese debate se produzca. El ministro Tomás de la Quadra fue tajante el jueves pasado: "Sería un disparate reabrir el debate autonómico e iniciar una nueva negociación". Pero se cuidó mucho de puntualizar que la negativa del Gobierno a reabrir ahora la negociacion autonómica no está en contradicción con la promesa de un acuerdo institucional con las fuerzas políticas sobre el desarrollo del artículo 149 de la Cónstitución, que hizo Felipe González en el discurso de su investidura, .que", puntualizó, "es una cosa bien distinta y sigue en pie". Sin embargo, los nacionalistas no tienen especial esperanza en esa oferta. "Desde que el presidente del Gobierno hizo esa promesa", afirma Mario Fernández, "no se ha producido ningún indidio de que se va a llevar a la práctica. En la reciente entrevista entre Felipe González y Carlos Garaikoetxea no se mencionó en ningún momento el tenia".

El incierto futuro de la LAP

El deseo de evitar a toda costa un debate parlamentario sobre la política autonómica es una de las razones poderosas que ha llevado al Gobierno a no introducir la más mínima modificación en el articulado, de la LOAPA considerado constitucional por el Tribunal Constitucional. Con los retoques obligados para retirar los preceptos invalidados por aquél, el Ejecutivo pretende publicárlo "cuanto antes" en el Boletín Oficial del Estado en forma de ley básica.

Sin embargo, no es de extrañar que ante las dudas legales que existen sobre el procedimiento a seguir para la publicación en el BOE de la LPA (sigla acuñada por el propio Tomás de la Quadra), los detractores de la ley aprovechen la oportunidad para forzar la celebración de algún tipo de debate o de pronunciamiento de los grupos parlamentarios. La mesa del Congreso o las mesas de ambas Cámaras -que hasta en este punto existen dudas- deberán interpretar el reglamento, en el que no está previsto el supuesto de devolución de una ley a las Cortes para su modificación.

Si bien reglamentariamente parece que al perder la LOAPA su rango de ley orgánica (con tramitación especial y exigencia de mayoría absoluta) el articulado de la LPA, como ley ordinaria, podría precisar una nueva tramitación, lo cierto es que la Constitución, en su .artículo 164, establece que, "salvo que en el fallo (del Tribunal Constitucional) se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no impugnada por la inconstitucionalidad".

Si la LPA inicia una nueva tramitación parlamentaria, el debate que teme el Gobierno tendrá lugar, y si se aprueba, existirá la oportunidad de que los nacionalistas vuelvan a recúrrirla, con carácter previo. Si finalmente el articulado no invalidado de la LOAPA, en forma de LPA, se publica en el Boletín Oficial del Estado, será con el único aval y la exclusiva responsabilidad del PSOE y entrará en vigor cinco meses después, de acuerdo con la disposición final de la ley.

La sentencia del Tribunal Coristitucional sobre la LOAPA ha sido además inmediatamente instrumentalizada por Alianza Popular para recordar su permanente pretensión de reformar el título VIII de la Constitución. Un antigua reivindicación de Manuel Fraga que el Grupo Popular suscitará, sin duda, en un eventual debate de política autonómica. El ministro Tomás de la Quadra afirmó el jueves que el modelo autonómico del Gobierno no es revisabIe "y está en la Constitución, los Estatutos y la LPA. No estima, por tanto", añadió, "necesaria por el momento la reforma del título VIII de la Constitución". Sin embargo, esa precisión, recogida en la expresión por el momento, preocupa a Miquel Roca, que manifestó ayer a este periódico su temor de que el.Gobierno, "ante presiones o simplemente por no ceder ante nuestras tesis, se vea abocado a reformar el título VIII.