El fiscal pide cuatro años para seis ultraderechistas por el asalto a la facultad de Derecho de Madrid en 1980

El fiscal de la Audiencia Nacional ha solicitado para seis ultraderechistas, procesados por su participación en el asalto a la facultad de derecho de la Universidad Complutense de Madrid el 29 de abril de 1980, penas de cuatro años y dos meses como autores de un delito de desórdenes públicos y para uno de ellos, Isidro Toca Magdalena, otra pena idéntica por tenencia de sustancias explosivas. El fiscal, en el escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso EL PAIS, pide también cuatro años y dos meses por desórdenes públicos para José Ignacio de Miguel Villada de ideología opuesta. La vista está pendiente de señalamiento.

Los procesados, además de los citados, son Carlos Álvarez Lammers, Jesús Manzano Martínez, Santiago González López, Pedro Pablo Peña Muñoz y Miguel Ángel Hurtado López, este último recientemente condenado a cuatro años y dos meses por desórdenes públicos cometidos durante el asalto al bar San Bao, hecho ocurrido el 6 de mayo, es decir, una semana después del asalto a la facultad de derecho, y en el que resultó muerto Juan Carlos García Pérez. Hurtado se presentó ante la Audiencia Nacional el 22 de julio acompañado de su abogado y la sección tercera decretó su ingreso en prisión.El acusador particular, José María Mohedano solicita nueve años para Carlos Álvarez Lanmers por homicidio frustrado en la persona de Carlos Aguirre de Cárcer, que resultó herido de bala; y seis años para Pedro Pablo Peña, por desórdenes públicos, con la agravante de reiteración. Para el resto de los procesados pide las mismas penas y por los mismos delitos que el fiscal. Los defensores de todos los procesados solicitan la absolución, por no considerar la actuación de sus defendidos como constitutiva de delito.

Enfrentamientos o asalto

Los relatos de hechos del fiscal y la acusación difieren fundamentalmente en que el fiscal considera que no hubo asalto a la facultad, sino enfrentamiento entre "grupos de personas de ideologías opuestas", aunque no se especifican cuáles son esas ideologías. De uno de los grupos formaban parte los procesados, a los que el fiscal reconoce el uso de escopetas de cañones recortados y pistolas, y del otro, José Ignacio de Miguel, del que dice portaba una piedra y una barra de hierro, así como unos trescientos estudiantes, condición esta que no señalaba para los anteriores.Indica el fiscal que el grupo más numeroso atacó a los procesados dando gritos de "asesinos, fuera fascistas de la universidad" y lanzando piedras, a lo que el otro grupo, dirigido por Álvarez Lammers, contestó con una serie de detenciones.

El fiscal omite en su informe el resultado del supuesto enfrentamiento, aunque paradójicamente solicita que los procesados indemnicen en concepto de responsabilidad civil, con 300.000 pesetas a Carlos Aguirre de Cárcer, al que en ningún momento señala como herido de bala ni le alude como perjudicado. También pide indemnización de 45.074 pesetas para el Estado, por unos supuestos daños que no se relacionan.

Clima de tensión

La acusación, en su escrito de conclusiones, precisa el clima de tensión existente en la facultad de derecho desde el 24 de abril de 1980, como consecuencia de la explosión de un artefacto a la puerta de la facultad, cuando se celebraba una asamblea y cuya colocación se atribuyó a grupos de extrema derecha.Indica también la acusación que el 29 de abril un grupo de cuarenta o cincuenta personas, casi todas ajenas a la facultad y pertenecientes a la organización SEU, en parte vestidos con chaquetas de cuero y guantes, penetraron en el recinto universitario y colocaron carteles suscritos por la organización a la que pertenecían.

A continuación, se situaron de forma estratégica para evitar que los carteles fueran quitados por estudiantes que los consideraran injuriosos.

Posteriormente, entró por la puerta del bar otro grupo con bolsas, que hacían suponer que llevaban armas, y que venían en apoyo del grupo del SEU. Este grupo, a las 12.15 de la mañana, dirigido por Carlos Álvarez Lammers comenzó a disparar abandonando después la facultad por la puerta trasera.

Carlos Aguirre de Cárcer, que ese día había acudido al edificio de la Universidad a Distancia cuando pasaba por las inmediaciones de la Facultad de Derecho, oyó algunas detonaciones y vio salir al menos a dos personas oyendo a Álvarez Lammers que decía repetidamente a otro que portaba una pistola "dispara, dispara". Aguirre de Cárcer recibió un disparo en el antebrazo derecho del que tardó en curar 60 días.

Tanto el fiscal como el acusador, señalan a Álvarez Lammers como director de la operación, mientras que Hurtado y Manzano dispararon sendas escopetas de cañones recortados, y Peña y González realizaron disparos con dos pistolas marca "Astra 400". De la tenencia ilícitas de armas se ha deducido testimonio de particulares.

Tres casquillos

En el lugar de los hechos se recogieron dos casquillos del calibre 9 milímetros largo percusionados, otro del calibre 9 milímetros corto, cinco tacos de cartuchos de escopeta y un proyectil deformado.En poder de Isidro Toca fue encontrado, además de un revolver y una pistola, y dos botes de pólvora, uno de los cuales era de doble base.

Por la explosión de la bomba en la facultad el día 24 de abril de 1980, se ha instruido un procedimiento judicial diferente que tramita, también, la Audiencia Nacional.