Guatemala, la amenaza sobre Ríos Montt

El factor desencadenante de la actual crisis en Guatemala lo constituyó una reforma tributaria que el Gobierno pretendía poner en vigor el primero de julio.Frente a una creciente escasez de recursos estatales, debido a la crisis económica interna y al debilitamiento de las líneas de crédito del exterior, el régimen de Ríos Montt, presionado por el Fondo Monetario Internacional, decidió poner en marcha una reforma fiscal, intento que desde hace 15 años ningún Gobierno se había atrevido a realizar, seguro de la oposición radical que suscitaría en la iniciativa privada.

En un principio, las autoridades anunciaron que el elemento principal de la reforma estaría en la introducción del impuesto del valor añadido (IVA), que sustituiría a la mayoría de los impuestos vigentes. No obstante, la deliberada resistencia a dar a conocer el texto de la reforma y un cierto ambiente de misterio que desde el inicio la rodeó hicieron sospechar que el Gobierno ocultaba algo.

Cuando, después de muchas presiones, el Ejecutivo dio a conocer los decretos correspondientes, pudo comprobarse que el IVA venía a constituir en realidad un impuesto adicional a los existentes.

El único elemento verdaderamente importante era la exoneración de impuestos a la exportación de productos agrícolas.

Las críticas virulentas al régimen se desataron como una tormenta. Profesionales de la economía, partidos políticos, organizaciones populares, la Universidad y amplios sectores de la iniciativa, privada levantaron su voz de protesta contra una reforma tributaria discriminatoria, que hacía recaer la crisis económica sobre el consumidor y sobre los sectores comercial, industrial y financiero de la iniciativa privada, dejando a salvo a los empresarios agrícolas, sector clave de la economía nacional.

La consecuencia inmediata más importante de la polémica fue la escisión del sector privado, ya que, al sentirse atacados los sectores comercial, industrial y financiero, varias asociaciones gremiales de los terratenientes (el Consejo Nacional del Algodón y la Asociación de Caficultores de Oriente) decidieron retirarse del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).

Otro exponente de la escisión fue la sustitución del ministro de Economía, Julio Matheu Dúchez, ligado al comercio, la industria y las finanzas, por el agroexportador Nicolás Buonafina.

Rota la unidad del sector privado

La ruptura de la unidad del sector privado, que ha sido siempre un bloque compacto y homogéneo desde la fundación del CACIF en 1957, constituye, sin duda, un hecho político de primera magnitud.

Frente a la crisis económica, política y militar que atraviesa el país, Ríos Montt ha optado por asegurarse el apoyo del sector hegemónico, los grandes empresarios agrícolas. Aunque las consecuencias de esta ruptura a medio plazo son aún difíciles de prever, es evidente que el régimen ha jugado una carta muy peligrosa para su supervivencia.

Con motivo de la reforma tributaria, las fisuras dentro del sistema se incrementaron también en otros frentes. Tal es el caso del Consejo de Estado, organismo asesor creador en septiembre pasado. por Ríos Montt, que no fue consultado en este caso. Los consejeros emitieron un documento, criticando fuertemente el nuevo paquete de impuestos. Los políticos tradicionales, por su parte, se han opuesto también de manera contundente a las nuevas leyes fiscales, destacándose en forma espectacular el anticomunista Movimiento de Liberación Nacional (MLN), el cuál ha recordado a Ríos Montt que un movimiento semejante es el que derrotó al Gobierno de Idígoras Fuentes en 1963.

Por otro lado, la reciente carta abierta del general Echeverría Vielman a Ríos Moritt constituye igualmente un hecho sin precedentes en las últimas décadas. Echeverría Vielman, el más antiguo general en activo dentro de las filas castrenses, pidió a Ríos Moritt desligar al Ejército de la actividad política, convocar de inmediato elecciones a cortes constituyentes y dejar en suspenso la reforma tributaria. El alto jefe militar censuró la apertura democrática anunciada por el presidente, a la que calificó como un esquema indefinidamente prolongado y saturado de requisitos". Criticó a los funcionarios militares del régimen por "adentrarse cada vez más en la aventura de legitimarse haciendo Gobierno". Exigió el retorno a un régimen legal, y denunció las presiones y amenazas en contra de la población, los secuestros y los crímenes políticos.

Finalmente, la renuncia en este contexto de sus propios asesores militares, el pase a la clandestinidad del coronel Gordillo y la prohibición de cambiar de residencia a todos los funcionarios del Ministerio de Defensa indican que la guerra entre el presidente y la cúpula castrense sigue abierta.

Mirando a Washington.

Muchos guatemaltecos piensan que, efectivamente, a Ríos Montt "se le está moviendo el piso". Todo ello coincide con precipitados viajes a Washington del ministro de Defensa, viajes calificados como un "secreto militar"; del secretario general de la Democracia Cristiana, invitado por un alto jefe militar de la Administración Reagan, y de personas de la Central Auténtica Nacionalista (CAN), partido liderado por el ex presidente Arana Osorio, de quien se asegura tiene muy buenas relaciones en Washington.

En su reciente visita a Guatemala, el embajador especial de Washington para Centroamérica, Richard Stone, ha podido percibir en vivo los ecos de esta situación; pero las eventuales alternativas a Ríos Moritt y el momento más idóneo para implementarlas son temas aún sobre el tapete.

Es obvio que la creciente oposición a Ríos Moritt radica en el fracaso de su política contrainsurgente. El malestar de la iniciativa privada, de amplios sectores del Ejército y de los políticos tradicionales, así como el enfriamiento de las relaciones con Washington, se deben, sin duda, a la incapacidad del régimen militar de presentar victorias militares reales sobre el movimiento revolucionario y popular.

Después de anunciar contundentemente en diciembre pasado la victoria política y militar sobre los insurgentes, en las últimas se manas los más altos jefes militares se han visto obligados a reconocer que la insurgencia está fuerte y ha incrementado sus acciones. Y eso es precisamente lo que los sectores citados no pueden perdonarle a Ríos Montt. En una versión sui géneris de la vieja alianza entre la cruz y la espada, Ríos Montt, que se proclama enviado de Dios, ha gobernado con mano de hierro, ex tendiendo progresivamente sus presiones y amenazas contra la Prensa, los políticos, la Iglesia, los funcionarios, los oficiales complotistas, y ahora contra la misma iniciativa privada. El resultado de su política chantajista y represiva no parece ser muy halagüeño. Ahora, la espada de Damocles pende sobre su cabeza.