Coordinando los recursos hidráulicos se puede solucionar la sequía, según Enrique Azcárate

"Coordinando los recursos hidráulicos superficiales y los recursos subterráneos se puede paliar a medio plazo el problema de la sequía en España", ha manifestado José Enrique Azcárate, director del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), quien se queja de la escasa importancia que se ha concedido en el Plan Agua Roja, elaborado por la Administración para hacer frente a los efectos de la sequía, a los acuíferos subterráneos.

En su opinión, hay que tener en cuenta que el problema del agua es que es un bien abundante, pero un recurso escaso. Mientras que los aportes climáticos son irregulares, el consumo es de carácter regular y va en aumento. "Por ello se hace necesaria una regulación de este bien mediante embalses, tanto superficiales como subterráneos; estos últimos, de carácter natural. Para lograr la regulación hay que actuar de forma coordinada sobre las dos clases de aguas, ya que existe una comunicación entre las mismas, y cualquier actuación sobre una de las dos afecta a la otra , según Azcárate.Actualmente el citado organismo, que depende del Ministerio de Industria y Energía, tiene prácticamente finalizados los trabajos de elaboración del Plan de Investigación de Aguas Subterráneas en España (PIAS), que se comenzó en 1972. En él se contiene una información exhaustiva y un conocimiento general de todas las aguas subterráneas existentes en el subsuelo español. Con los datos disponibles se puede afirmar que los acuíferos subterráneos abarcan un 25% de la superficie del territorio nacional.

"Se puede extraer el doble de la cantidad de agua que se extrae actualmente", según el director del IGME. "Ahora se extraen 5.109 hectómetros cúbicos al año, que traducido a litros por segundo, su pone un caudal continuo de 15.720 litros. Se podrían sacar más de 30.000 litros por segundo de forma permanente". Como consecuencia del desarrollo del PIAS, se han elaborado dos nuevos planes de carácter nacional, el Plan de Ges tión y Conservación (PGC) y el Plan -de Abastecimientos a Núcleos Urbanos (PANU).

El PGC tiene por objeto el control, tanto cualitativo como cuantitativo, de los principales acuífe ros, así como las recomendaciones pertinentes para una correcta conservación y gestión de los mismos. El PANU, mientras tanto, tiene como objetivo el alumbramiento mediante sondeos, de aguas subterráneas con destino al abastecimiento público.

Reservas importantes

Según el director del IGME, existe una falta de conocimiento de estas actividades que está causando importantes problemas. Aproximadamente el 20%. de los recursos hídricos nacionales circulan por el subsuelo, y la capacidad de almacenamiento de agua en el subsuelo es muy supenor a la capacidad de almacenamiento superficial, de donde se deriva la importancia de las aguas subterráneas. "Además, es precisamente en la mitad sur de la Península, área de más bajas precipitaciones y donde existe un mayor número de problemas, donde el peso específico de las aguas subterráneas puede alcanzar porcentajes superiores al 20% del total de recursos hídricos". En la cuenca del Guadalquivir es del 31% en la del Guadiana, del 29%; en la del Júcar, del 59%; en la cuenca sur, sector oriental, el 75%, y en la cuenca sur, sector occidental, el 31%.En las áreas territoriales que están actualmente en estado de alerta roja los cursos superficiales están secos, por tanto, cualquier presa construida en ellos no almacenará agua hasta su construcción y posterior período de lluvias, lo cual supone que las aguas superfiales no son la solución rápida que d emanda la situación actual, por lo que la solución sólo puede estar en las aguas subterráneas, como se ha demostrado pcr la experiencia en estos últimos años, en los que se han realizado numerosos sondeos en poblaciones que tradicionalmente estaban en alerta roja.

Nueva legislación de aguas

Desde que se puso en marcha el PANU, en el año, 1975, que saca información de los otros dos planes anteriores y los aplica a casos concretos, se han realizado 592 sondeos, de los cuales 227 se realizaron en el año 1981, y 164 en el año 1982. El número de municipios que se ha visto beneficiado con los sondeos asciende a 474, con una población abastecida de 2.453.763 personas. La inversión realizada para conseguir los 77.758 metros lineales sondeados ha sido de 1.141 millones de pesetas, y el caudal obtenido ha sido de 9.543 litros por segundo.El gran problema para hacer más efectivo este plan radica en la falta de recursos económicos del Instituto Geológico y Minero y la congelación de plantillas del mismo, por lo que tiene que acudir a subcontratar la casi totalidad de los trabajos. El director del IGME solicita también, para tener una mayor operatividad, un cambio en el status del organismo y que pase a ser una sociedad estatal.

Hasta ahora en España no se ha abordado de forma conjunta el problema de las aguas. Al carácter antiguo y desfasado de la legislación española hay que añadir que mientras que las aguas superficiales son de propiedad pública, las subterráneas son de propiedad privada, lo que impide esta coordinación, en opinión del responsable del IGME. Para ello, en la nueva ley de Aguas que en estos momentos prepara el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo se prevé la propiedad pública de todas las aguas.

A ello hay que añadir la lucha entre ministerios y cuerpos por el control de las aguas. En el MOPU, donde tienen una fuerte implantación los ingenieros de Caminos, se han ocupado de las aguas superficiales, mientras que el Ministerio de Industria, a través de los ingenieros de minas, es el departamento competente en aguas subterráneas. Éste será también uno de los problemas que habrá de resolverse en la futura ley, teniendo en cuenta, además, que existe una profesión más moderna, la de los geólogos, que también reclama sus competencias en el tema.

Por el momento, los técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo están tratando de establecer las líneas generales de esa nueva política y legislación de aguas, sin que todavía hayan trascendido las soluciones que se van a dar a los graves problemas derivados de la nacionalización de todas las aguas, sobre todo en materia agrícola.