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Editorial:

Símbolos y política en el País Vasco

EL ENCUENTRO de Felipe González y Carlos Garaicoetxea en el palacio de la Moncloa, celebrado el pasado jueves, coincidió con los incidentes de Rentería, donde la actitud provocadora de Herri Batasuna se alió con la torpeza del Gobernador Civil de Guipúzcoa, ideador de la rara astucia de infiltrar en una multitud festiva a una cincuentena de policías nacionales, vestidos de paisano, pero enviados al lugar, provistos de porras y esposas, en acto de servicio. El clima de violencia en la ciudad guipuzcoana prosiguió a lo largo del viernes y dio lugar a la suspensión de las fiestas patronales. Para colmo de males, este tenso fin de semana se ha clausurado luctuosamente con el asesinato, en Vitoria, de un industrial a manos de ETA.La cíclica repetición de frustraciones y desengaños amenaza con cerrar cualquier salida a la pacificación del País Vasco, problema crucial para la estabilidad de nuestra convivencia democrática. Los crímenes terroristas son, a la vez, la causa directa de la escalada de la tensión y la consecuencia mediata de cuestiones políticas no resueltas por las fuerzas democráticas mediante la negociación y el acuerdo.

En el terreno de la política gubernamental en el País Vasco, se echa de menos un mayor realismo en los enfoques globales sobre las relaciones entre la Administración central y las instituciones vascas de autogobierno, así como un planteamiento original y audaz de los problemas de orden público. Las conversaciones en el palacio de la Moncloa entre González y Garaicoetxea concluyeron en un clima de desencanto. Hay algo del dejà vu freudiano en la comparación entre la política socialista durante estos primeros meses de mandato y la primera época de Adolfo Suárez. Guste o disguste, la autonomía vasca no es homologable con las comunidades artificialmente fabricadas por la vía del artículo 143. La consigna de café para todos es inaplicable, sea cual sea la ideología de los camareros instalados en el Gobierno. Tal vez la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA conceda la oportunidad para que las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las instituciones vascas de autogobierno se muevan en un clima de negociación y de realismo parecido al de la etapa en que se discutió y aprobó el Estatuto de Guernica. En cualquier caso, el Gobierno de Vitoria no puede olvidar que casi el 30% del electorado de la comunidad autónoma respalda a los socialistas y que el PNV representa sólo a una tercera parte de los votantes -y a una cuarta parte del censo electoral- de las tres provincias.

En el ámbito del orden público, las invocaciones del Gobierno socialista al principio de autoridad y su deseo de hacer buena letra para prevenir las eventuales críticas de la derecha sobre el deterioro de la seguridad ciudadana han producido un retroceso respecto a la época del ministro Rosón. Sería injusto, sin embargo, afirmar que la dolorosa experiencia acumulada durante la transición sobre el orden público en el País Vasco haya sido inútil. Los sucesos ocurridos en Rentería son muy graves aunque no han alcanzado la inusitada dureza de los excesos policiales cometidos, en 1977 y 1978, en la propia Rentería, en Pamplona y en San Sebastián. Pero el Ministerio del Interior del Gobierno socialista no ha extraído de las equivocaciones del pasado las lecciones que le permitieran eludir errores similares en el presente. De esta forma, las medidas gubernamentales orientadas a restablecer el orden público pueden convertirse en un factor de agravamiento del desorden que se pretende corregir. De sobra es conocida la responsabilidad que incumbe en este tipo de incidentes a grupos como Herri Batasuna. Pero esto no impide que al Gobierno se le pueda exigir, no sólo congruencia entre los valores que proclama y la política que practica, sino también capacidad racional para analizar las situaciones y un comportamiento a la vez moral y eficaz. Desde este punto de vista, no parece propio de un Estado de Derecho que los miembros uniformados de un cuerpo de seguridad sean enviados a cumplir misiones de servicio en una concentración vecinal disfrazados de paisano, armados con porras y organizados en pelotones. De ahí a las bandas parapoliciales no queda mucho terreno por recorrer.

En los incidentes de Rentería ha desempeñado un importante papel la decisión del Gobierno de hacer cumplir la normativa constitucional en el uso de la bandera. El artículo 4 de la Constitución establece que las banderas y enseñas de las comunidades autónomas "se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales". Una ley de 28 de octubre de 1981 desarrolló ese precepto de manera detallada y unívoca. Para quienes respeten la legalidad constitucional, la guerra de las banderas, absurdamente desatada a partir de un incidente producido en Tolosa hace pocas semanas, es un puro desatino. Que concejales del PN-V y de Euskadiko Ezkerra cedan a los chanta es de Herri Batasuna y se opongan a que la bandera constitucional figure junto a la ikurriña en el balcón de los ayuntamientos es algo asombroso. Pero también lo es que el Gobierno caiga una y otra vez en la provocación.

Es necesario pedir al Gobierno de Felipe González, al Gobierno de Vitoria y a los partidos demócratas vascos que eviten el terreno minado y absurdo de un conflicto emocional sobre símbolos y sustituyan las pujas electoralistas en torno a las banderas por la discusión sobre los gravísimos problemas reales que afectan al País Vasco, sometido al dictado y al chantaje de una mafia organizada que extorsiona, roba y mata ante la pasividad, el miedo y la incapacidad de muchos de quienes sufren su agresión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 24 de julio de 1983