Por el pacto escolar

Las diferencias existentes en la sociedad española en materia de enseñanza pueden ser abordadas desde el Gobierno por dos vías distintas: por la confrontación, dirigida a imponer la concepción del partido en el poder a toda la sociedad, o por el diálogo, encaminado a buscar un lugar de encuentro suficiente para alcanzar un pacto o compromiso entre las posiciones enfrentadas.El camino de la confrontación tiene el atractivo para el partido mayoritario de afirmar la integridad de su propio programa. En democracia, los votos mandan, y quien tiene la mayoría puede, naturalmente, hacer su ley. Claro que las mayorías pueden resultar cambiantes, con el innegable inconveniente de que la enseñanza se politice y quede subordinada en demasiados puntos al resultado de cada contienda electoral.

Este razonamiento, que tuve ocasión de desarrollar -sin éxito apreciable- ante los principales interlocutores sociales de la enseñanza no estatal española hace tan sólo dos años, vuelve a tener actualidad en unos momentos en que el Gobierno socialista ha decidido la derogación total del Estatuto de Centros y su sustitución por otra ley que exprese su propia ideología.

El Estatuto de Centros -con independencia de la intención de sus autores, que no era ésa- fue interpretado por muchos como la imposición de un sector de la sociedad española sobre otro, apoyándose en una mayoría parlamentaria ocasional. Los socialistas, entonces en minoría, arguyeron la arrogancia del poder y las limitaciones de una mayoría mecánica. Por su parte, el proyecto de ley sobre el derecho a la educación (LODE) proveniente de la Administración socialista aparece, ya antes de nacer, como desquite del estatuto y, aunque ciertamente no sea la intención de sus autores, tiene el riesgo de convertirse en un trágala repaldado también por una mayoría igualmente coyuntural (mecánica o electrónica) de votos.

Un contencioso heredado del siglo XIX

En mi opinión -que acaso tenga la autoridad de haber sido ya sustentada en circunstancias políticas bien distintas-, la vía de la confrontación en esta materia resulta estéril y no conduce sino a un perpetuo tejer y destejer. En cambio, un intento serio para lograr un pacto escolar me parece -me sigue pareciendoposible y conveniente: posible porque la experiencia de otros países lo han acreditado, porque nosotros mismos, en España, lo hemos conseguido en materia de libertad religiosa -creo que a satisfacción de todos- y porque, en definitiva, ésta es la pauta que se desprende del espíritu y de la letra de la Constitución al referirse a la libertad de enseñanza; conveniente porque no es bueno que elementos esenciales del sistema educativo queden permanentemente en el aire y porque éste es quizá el último contencioso histórico heredado del siglo XIX que no hemos sabido aún resolver como una nación civilizada, plural y democrática.

Necesidad de un lugar de encuentro

Bien sé que las posiciones de partida han sido distantes e inconciliables. Hace menos de siete años, el PSOE propugnaba en su programa una educación exclusivamente pública, con eliminación del sector privado. Éste, por otra parte, ha mantenido a veces en el pasado pretensiones que, amparadas en el principio de confesionalidad católica del Estado, tenían que ser consideradas como privilegios desde una perspectiva de laicidad. Creo que las actitudes iniciales se han modificado, y que con algún esfuerzo y buena voluntad pueden alcanzarse principios de acuerdo basados en la coexistencia y complementariedad del sector público y el privado en el sistema educativo, y en una regulación legal respetuosa con la libertad y la igualdad ajena a cualquier régimen privilegiado.

Este encuentro podría lograrse sin abdicación de ningún principio esencial entre dos concepciones que afirman tener un fundamento humanista. Pero no sería imaginable si cualquier compromiso se interpreta como entreguismo, y cualquier endurecimiento en la negociación, como ocasión propicia para el protagonismo y la captación de votos.

La Constitución y el derecho a la educación

La regulación del derecho a la educación contenida en el proyecto socialista no es aceptable desde las perspectivas de libertad de enseñanza consagradas en la Constitución. El contenido esencial de esta libertad pública radica precisamente en la posibilidad real de elegir entre diversos tipos de enseñanza dentro del marco constitucional. No habrá elección posible si no se salvaguarda el perfil o carácter propios de cada centro, es decir, en la terminología del estatuto todavía vigente, su ideario. El Tribunal Constitucional, que declaró contrarios a la Constitución algunos preceptos de este estatuto, respaldó la constitucionalidad del ideario.

El proyecto del gobierno socialista, en cambio, indirectamente, lo desconoce, al privar a los titulares de los centros privados subvencionados de los medios jurídicos indispensables para hacerlo efectivo.

El destino de fondos públicos a la enseñanza privada en sus niveles obligatorios es una consecuencia insoslayable de la aplicación conjunta de los principios constitucionales de gratuidad y libertad. Es, además, una exigencia ineludible de la realidad educativa española. Me parece accidental, sin embargo, que esos fondos lleguen como subvenciones a los centros, directamente a las familias, por vía de desgravaciones fiscales o por concierto, como propugna ahora el proyecto socialista, inspirado, paradójicamente, en un modelo gaullista. El fundamento jurídico debe seguir siendo, en todo caso, el derecho de padres y alumnos a elegir sin discriminaciones el tipo de enseñanza que consideren más conveniente. La aplicación de fondos públicos -dinero de todos- para financiar ese servicio esencial de la comunidad que es la enseñanza obligatoria debe conllevar, como es lógico, los controles necesarios sobre el recto destino de esos fondos, la exclusión del lucro privado y la participación e intervención de los sectores implicados. Difícilmente, el sector de la privada podría rechazar estos requisitos. Pero ni el control, ni la participación, ni la intervención pueden desvirtuar en la práctica la subsistencia del carácter propio. de los centros -religiosos o no religiosos-, y esto es lo que no garantiza en absoluto el proyecto socialista.

Privar a los titulares de los centros no estatales -aun cuando estén concertados con los entes públicos- de la posibilidad real de seleccionar y contratar el personal docente y dirigir su propio proyecto educativo es alterar sustancialmente el pacto sobre enseñanza que, con todas las ambigüedades e insuficiencias que se quieran, quedó plasmado en la Constitución.

El camino hacia un pacto escolar tiene hoy grandes dificultades. Pero merece la pena emprenderlo. Bien sé que cualquier acercamiento socialista a los puntos de vista de los defensores de la libertad de enseñanza será interpretado desde la izquierda como una claudicación. Yo mismo tuve ocasión de experimaentar como la derecha de siempre tildó de entreguismo un intento de pacto en la legislatura anterior. Con todo, sería un grave error que el PSOE insistiese en la aprobación de una ley socialista de enseñanza aplicable a todos los españoles.

Sería, una vez más, elegir el camino de la confrontación y no querer entender las razones de los demás. Sería, una vez más, perder la ocasión de dejar sentadas las bases de un auténtico pacto escolar.

es Letrado del Consejo de Estado y ex ministro de Educación y Ciencia.