Las Cortes respaldaron la expropiación de Rumasa, completaron el mapa autonómico y dieron un 'cambio' al Código Penal

La entrada en vigor de la reforma parcial y urgente del Código Penal, que se. inició el domingo, una vez superada la vacatio legis, de 20 días, desde que el 27 de junio pasado fue publicada por el BOE, tendrá como consecuencia la salida de presos a la calle por aplicación de la reforma a los hechos punibles realizados con anterioridad, cuando los nuevos preceptos favorezcan al reo.

Estos beneficios, unidos a los de las nuevas normas de rehabilitación y redención de penas por el trabajo y a los derivados de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal en lo que se refiere al acortamiento de los plazos de permanencia en prisión provisional, convierten a la población penitenciaria en uno de los colectivos primeramente afectados por el cambio legislativo.

Pero no sólo en los establecimientos penitenciarios serán perceptibles los efectos de las reformas jurídicas emprendidas por el PSOE. La supresión del delito objetivo y la multirreincidencia, la nueva tipificación de los delitos contra la propiedad, en virtud más de las circunstancias concurrentes que de la cuantía de lo aprehendido, la consagración legal del delito-masa -aplicada recientemente en la sentencia condenatoria a los asaltantes del Banco Central de Barcelona-, la despenalización de la mera tenencia de droga para el consumo, la protección penal del ejercicio del derecho de huelga y sindicación, la supresión del delito de conducir sin permiso y de la retirada definitiva del mismo y, en general, la nueva filosofía de humanizar y racionalizar las sanciones, tendrán una incidencia directa sobre la vida ciudadana.

A las novedades legislativas citadas hay que añadir la mejora de las condiciones laborales mediante el establecimiento de 40 horas de jornada semanal máxima y 30 días de vacaciones anuales mínimas y aquellas otras de carácter coyuntural, como la reparación urgente de los daños producidos por las inundaciones en Cataluña y Huesca, las medidas excepcionales por la escasez de recursos hidráulicos a consecuencia de la sequía, o las medidas urgentes en materia de órganos de gobierno de las universidades. La modificación de la ley de Elecciones Locales -que cambia ell sistema de elección de los diputados provinciales- permitió que los comicios del 8 de mayo se adaptaran a la nueva normativa.

Incluyendo también la habilitación de créditos y régimen de anticipo de fondos por insuficiencias presupuestarias y la propia ley de Presupuestos Generales del Estado para 1983 se completa el total de 17 leyes promulgadas hasta ahora -ocho de ellas, orgánicas, de las cuales cuatro corresponden a los estatutos de autonomía de Baleares, Extremadura, Castilla-León y Madrid-, que representan el resultado más concreto y efectivo de la tarea legislativa realizada por el Parlamento surgido de las elecciones del 28 de octubre durante los siete primeros meses de la actual legislatura. Pendiente .de publicación en el BOE se encuentra la ley reguladora del derecho de reunión.

La moralización de la administración pública, uno de los aspectos más positivos de la acción de Gobierno socialista, se ha quedado reducida, en la práctica, por el momento, a dos textos ya debatidos en comisión y pendientes de estudio por el Pleno del Congreso para el próximo período de sesiones. Se trata de las incompatibilidades de diputados y senadores y de altos cargos, mediante las cuales el Gobierno desea ejemplarizar antes de aplicar generalizada mente el principio "un hombre, un sueldo".

Tres proyectos de ley ya aprobados por el Pleno del Congreso, y que el Senado debatirá en agosto, cierran la actividad legislativa durante esta primera etapa. Se trata de la organización de la Administración central del Estado -la ley que convalidará el decreto-ley con arreglo al cual se es tructuró y comenzó a actuar la nueva Administración socialista-, la modificación del régimen jurídico del control de cambios que agrava la pena para el delito monetario- y la reforma universitaria, que viene a regular la autonomía constitucionalmente reconocida a la Universidad, tras cuatro intentos de LAU, frustrados durante la anterior legislatura, que costaron la cartera a tres ministros centristas.

Otros proyectos de ley en avanzado estado de tramitación, ya en el Senado, pero que no saltarán a las páginas del Boletín Oficial del Estado hasta bien avanzado el se gundo semestre, afectan, entre otros temas, a la modernización de la institución civil de la tutela de menores e incapacitados; modificación de las competencias de la Audiencia Nacional, de la que quedan excluidos los delitos de desacato cometidos a través de los medios de comunicación social; medidas financieras de estímulo a la exportación, y creación de sendos organismos promovidos por el Ministerio de Cultura: el Instituto de los Derechos de la Mujer y el Consejo de la Juventud de España.

También ha quedado dictaminado por la comisión, y pendiente del debate en el Pleno del Congreso, la regulación de la asistencia letrada al detenido, primer paso legislativo hacia la necesaria erradicación de las torturas policiales. En cambio, la despenalización del aborto en los casos de peligro para la vida o la salud de la madre, probables taras en el feto o embarazo a causa de violación, sólo ha superado el trámite de ponencia, en donde, por cierto, no ha prosperado el intento de algunas diputadas socialistas de introducir que el aborto, en dichos casos, sea realizado y pagado por la Seguridad Social. Este proyecto de ley se ha retrasado más de lo anunciado por el PSOE, cuando explicó que su desglose de la reforma parcial y urgente del Código Penal sólo demoraría en unas semanas su aprobación.

Casi recién entradas en el Parlamento se encuentran más de 20 leyes, que ocuparán gran parte de la actividad del período de sesiones septiembre-diciembre, y algunas de las cuales tendrán que quedar pendientes para el próximo año. Por su importancia, destacan los proyectos de ley de asilo, del derecho a la educación, del tercer canal de televisión, derecho de rectificación, reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil y reguladora de la iniciativa legislativa popular.

Del total de 50 proposiciones de ley presentadas, el Pleno del Congreso sólo ha aceptado, por el momento, la toma en consideración de cinco.