Garcia Pelayo tiene casi asegurada la reelección como presidente del Tribunal Constitucional

Los 12 magistrados que integran el Tribunal Constitucional se reunirán en los próximos días para elegir a su presidente y vicepresidente, ya que la ley Orgánica del Tribunal establece que cada tres años debe procederse a nueva votación. Según las informaciones recogidas por este periódico, es muy probable que Manuel García Pelayo (actual presidente) y Jerónimo Arozamena (vicepresidente) sean confirmados en sus puestos para el próximo trienio.

El Tribunal Constitucional cumplió su tercer aniversario el pasado martes. A diferencia del año anterior, en que se celebró un acto solemne de conmemoración en la sede del Tribunal, en esta ocasión el aniversario ha transcurrido sin ninguna manifestación especial, debido, según señaló el jefe del gabinete del presidente, a razones de austeridad.La ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que "el Tribunal en pleno elige de entre sus miembros, por votación secreta, a su presidente y eleva al Rey su nombramiento. El nombre del elegido se elevará al Rey para cumplimiento por un período de tres años, transcurrido el cual podrá ser reelegido por una sola vez". De confirmarse la muy probable reelección de García Pelayo y Arozamena, sería, en consecuencia, la última ocasión en que ambos magistrados ocupen los puestos de presidencia y vicepresidencia, respectivamente.

El Tribunal se encuentra sujeto en estos momentos a la incertidumbre de sus cambios internos, ya que los dos partidos mayoritarios, PSOE y Alianza Popular, no logran ponerse de acuerdo para renovar a los cuatro magistrados que corresponde elegir al Congreso de los Diputados. Las negociaciones entre ambos partidos se encuentran rotas y no se reanudarán hasta el próximo mes de septiembre.

Sentencia sobre la LOAPA

En otro orden de cosas, fuentes próximas a los magistrados han manifestado que la sentencia sobre el proyecto de Ley Orgánica Armonizadora del Proceso Autonómico (LOAPA) se hará pública dentro de pocos días. "Unos cuantos días antes del 1 de agosto", fue todo lo más que precisó la fuente informante, quien, por otra parte, señaló que la sentencia -"una de las de mayor extensión y complejidad de las dictadas hasta ahora"- está en proceso de ultimar su redacción, tarea de la que se encarga la magistrada ponente Gloria Begué."Ya hace un par de semanas que las deliberaciones han concluido", indicó uno de los magistrados, 'y el Tribunal ha dicho todo lo que tenía que decir sobre la LOAPA. Cuando concluya la redacción final, el pleno volverá a reunirse e inmediatamente se hará pública".

Otras fuentes indican que la sentencia no se hará pública antes de la entrevista que mantendrán el presidente del Gobierno, Felipe González, y el del Gobierno Autónomo Vasco, Carlos Garaikoetxea, el próximo día 21.

La absoluta discreción con que los magistrados del Tribunal concluyen sus trabajos ha impedido que puedan conocerse con exactitud las líneas maestras de tan importante sentencia. No obstante, todas las interpretaciones recogidas en medios políticos apuntan hacia la misma dirección: el Tribunal puede declarar inconstitucional todo el título 1 del proyecto de ley que incluye el polémico artículo cuarto, que fue el principal punto de fricción entre nacionalistas y representantes de la Administración central desde que se redactó el primer borrador de la LOAPA.

Competencias entre el Estado y las comunidades autónomas

El título I hace referencia a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. El artículo cuarto establece: "Las normas que el Estado dicte en el ejercicio de las competencias que le reconoce el artículo 149.1 de la Constitución prevalecerán, en todo caso, sobre las normas de las comunidades autónomas, cualquiera que sea la denominación de las competencias que a éstas atribuyen sus estatutos", texto que los nacionalistas han interpretado como una amenaza permanente a su capacidad de gestión autónoma.Si la interpretación inconstitucional de este decisivo título de la ley es confirmada por la sentencia del Tribunal, tal y como aseguran los parlamentarios vascos y catalanes, significaría un duro golpe para el Gobierno. "Nosotros acataremos lo que digan los 12 magistrados", manifestó el secretario de Estado para las relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, "sea en el sentido que sea. Si se dotó el texto de las llamadas bacatio legis, es decir, que la ley no puede entrar en vigor hasta cinco meses después de su aprobación, fue precisamente para darle tiempo al Tribunal a que se pronunciara sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad".

En medios gubernamentales, por otro lado, existe un marcado pesimismo en cuanto al contenido de la sentencia, ya que sus informaciones coinciden con la que poseen los nacionalistas. En cualquier caso, pese a la satisfacción de los diputados vascos y catalanes por su convencimiento de que el Tribunal declarará inconstitucional el título I, tampoco los representantes del Partido Nacionalista Vasco y Convergéncia han perdido por ello sus recelos frente a la LOAPA.

"Creemos que el Tribunal confirma en su sentencia el carácter orgánico de la LOAPA", comentó un cualificado portavoz vasco, .y eso nos preocupa porque le deja al Gobierno central la posibilidad de modificar nuestros estatutos de autonomía".

Sentencia interpretativa

Otra de las previsiones sobre la sentencia en que coinciden tanto los medios nacionalistas consultados como los del Gobierno, central es la que apunta a que los magistrados no van a "deshacer un conflicto que los partidos políticos no han logrado resolver", señaló una fuente del Ministerio de Administración Territorial. En este sentido, se cree que la sentencia será en gran parte interpretativa, es decir, que se especificarán todas las posibilidades que ofrece cada artículo de la ley dentro de la Constitución.Ya existe un precedente sobre sentencias marcadamente interpretativas del Tribunal Constitucional. Cuando se planteó el conflicto de si el Gobierno debía o no regular la televisión privada, el Tribunal dictaminé que el Gobierno, no estaba obligado a hacerlo, pero tampoco estaba obligado a lo contrario. Es en estos términos en los que puede pronunciarse el tribunal en gran parte de los puntos conflictivos de la LOAPA, según la impresión general de las fuentes consultadas.