Condenados en Italia cuatro de los policías que liberaron al general norteamericano Doner
Cuatro de los cinco agentes especiales de la policía que liberaron el 28 de febrero de 1982 al general norteamericano James Lee Dozier, secuestrado por las Brigadas Rojas; condenados ayer tras ser acusados de haber ejercido violencias y perpetrado lesiones a uno de los secuestradores.
El Tribunal de Padua, después de seis horas de reunión, condenó a penas de un año y dos meses de prisión al policía Danilo Amore, de 27 años; a los sargentos Carmelo di Ianni, de 25, y Fabio Laurenzi, de 23, y al teniente Giancarlo Aralia, de 27.Los condenados tendrán el beneficio de la suspensión condicional de las penas, pero no podrán ejercer cargos públicos durante dicho período. Deberán pagar los gastos procesales y tendrán que indemnizar a la parte acusadora con la cantidad de 100.000 liras (unas 10.250 pesetas).
Los cuatro implicados fueron declarados culpables de abuso de poder contra una persona detenida, lesiones y violencia, y absueltos de la acusación de "secuestro personal".
El tribunal acogió así la mayoría de las acusaciones del militante del grupo Brigadas Rojas, Cesare de Lenardo, que fue sacado de prisión por los agentes durante la noche del 3 de enero, transportado en el portamaletas del coche policial y sometido a actos de violencia.
Los hechos se produjeron tres días después de la operación relámpago realizada por los agentes especiales en el apartamento de Padua donde Cesare di Lenardo y otros cuatro terroristas tuvieron secuestrado durante 45 días al militar norteamericano que estaba destinado en Italia dentro de las Fuerzas Armadas de la Organización para el teratado del Atlántico Norte (OTAN).
Dentro del proceso resulta también acusado el comisario de policía Salvatore Genova, pero fue exonerado del juicio al ser elegido diputado en las elecciones del pasado 27 de junio por las listas del Partido Socialdemócrata, lo que le permite gozar de la inmunidad parlamentaria.
El presidente de la República Italiana, Sandro Pertini, definió el pasado miércoles el proceso como "un acto supremo de justicia" en contra de hombres que cumplieron un acto heroico, pero que luego violaron la ley y deben responder ante los tribunales.
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