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España tendrá seis años para adecuar a la CEE el monopolio de distribución de petróleo

Andrés Ortega

Al cerrar ayer España y la CEE todo el capítulo de los Monopolios, "ya se puede poner en marcha todo el protocolo firmado por el Ministerio de Industria para la privatización del sector", manifestó el secretario de Estado para las relaciones con la CEE, Manuel Marín. En Luxemburgo, el mes pasado, el tema había quedado zanjado, a falta de un acuerdo sobre el período transitorio, que ayer se fijó en seis años, para la liberalización total del sector.España renuncia, pues, al monopolio de comercialización de estos productos al por mayor y acepta la no discriminación en razón de nacionalidad, dentro de la CEE, del monopolio al por menor, conservándose el de producción. Logrando un acuerdo al que se había resistido el Gobierno holandés presionado por la compañía Shell, España dispondrá de seis años (antes pedía cinco) desde la adhesión, con un apertura progresiva anual a las importaciones que partirá de un contingente inicial de un 4,25% de la producción nacional española. Los derechos exclusivos españoles de exportación quedarán suprimidos desde la adhesión.

España se reserva el monopolio fiscal y la política de fijación de precios, con lo cual la guerra entre diversas distribuidoras se espera será relativamente moderada. El protocolo mencionado podría entrar en vigor en los próximos días, con lo cual, si el ingreso de España se produjera en 1986, el Gobierno dispondría de más de ocho años para una adecuación del sector que puede empezar inmediatamente. Pero las multinacionales pueden ya comenzar a penetrar en España.

Línea maximalista

En España no será ahora posible negar una licencia para gasolinera a empresas o particulares de otros países de la CEE, aunque el sistema de comercialización al detalle será objeto de posteriores recomendaciones de la Comisión Europea.

En el tema de los monopolios de petróleos, España seguirá la línea maximalista de Francia en la CEE. CAMPSA puede mantener parte de las gasolineras que tiene. El problema del patrimonio de CAMPSA, señaló Marín, es un problema jurídico que no afecta a la negociación con la Comunidad Económica Europea. Hay unos cuatro millares de puntos de venta en España, muchos que han de revertir al Estado tras 73 años de explotación. Esto plantea cuatro millares de casos individualizados, y lo más probable es que en estas estaciones de servicio figure próximamente en todas el letrero de CAMPSA.

En efecto, CAMPSA piensa conservar su anagrama, si bien cambiando el significado de sus siglas para eliminar lo referente. a "Monopolio". Una encuesta de CAMPSA ha indicado que la opinión pública española cree que los puestos que muestran este signo venden gasolina de mejor calidad España ya había aceptado por otra parte el año pasado reducir el contenido de plomo en la gasolina a los niveles europeos (0,4 gr-1), para la "Super" desde la adhesión y para la "Normal" en cuatro años.

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