Una transición política con un alto precio para la sociedad

La inauguración del proceso brasileño hacia la democratización coincidió con el auge de las luchas socia les y con el momento en el cual el mito del milagro económico se desvanecía más ampliamente a ojos de las masas. A grandes rasgos puede afirmarse que esta transición ha tenido el alto precio para la sociedad de una austeridad que todavía habrá de durar años.

Con los conflictos sociales sofocados por el apartado represivo militar, que controlaba sindicatos y asociaciones profesionales, sectores importantes de la clase media apoyaron entonces al Gobierno militar, beneficiados de las tasas de crecimiento económico de más del 10% de 1971 a 1974.Cuando tomó posesión como presidente el general Ernesto Geisel, en marzo de 1974, la crisis del petróleo y la deuda externa comenzaron a preocupar al Gobierno, manifestándose tímidamente algunas críticas en la Prensa contra las obras faraónicas y la megalomania militar del modelo económico impuesto. A pesar de la crisis que venía cobrando ya un alto coste social, Geisel quiso hacer un gobierno gaullista. Su objetivo personal era sacar a Brasil de su condición de país subdesarrollado, sin embargo, y justo con el comienzo de la recesión mundial en 1976, Geisel mantuvo la política de grandes obras.

Contradictoriamente, el general Geisel colocó al frente de la política eterior un nacionalista extremado, el ex ministro Azeredo de Silveira, que acabó el alienamiento automático con Estados Unidos y que posibilitó el fin de la tradicional alianza entre los militares brasileños y Washintong desde 1964 sin, ningún tipo de roce. Fue durante ese Gobierno militar que se empieza a hablar abiertamente dentro y fuera del Gobierno del regreso a la democracia. La sociedad brasileña, harta del milagro económico, quiere la redemocratización.

El general Geisel, designó al general Joao Figueiredo para sucederle y posibilitar el regreso de elecciones libres y un estado de derecho con poder civil. Figueiredo, al tomar posesión en marzo de 1979, juró ante las cámaras de televisión que hará de Brasil una democracia. Fue un Gobierno que comenzó con mucha ilusión política y un panorama económico siniestro. La economía se hallaba aplastada por la deuda externa, una inflación descontrolada en el primer año del orden del 100%. Vino la amnistía, se disuelven los dos partidos políticos permitidos, el oficial, ARENA, y el frente de oposición, el Movimiento Democrático Brasileño y se promulgó una ley de partidos políticos, todavía constrictiva para la izquierda.

Se vuelve a respirar, con el Gobierno Figueiredo, libertad en Brasil. Los líderes exiliados han vuelto, los comunistas no están con su partido legal, pero tienen su periódico semanal y hacen declaraciones públicas en la prensa. La Prensa no sufre restricciones mayores, si bien siguen vigentes algunas leyes represivas que fueron suavizadas, aunque no abolidas enteramente, como la ley de Huelga y la ley de Seguridad Nacional.

En el Gobierno Figueiredo, la Iglesia católica, que se mantuvo en los último seis años en una posición muy poco amiga del régimen militar, hace cada vez más violentas sus críticas, a través de sus obispos y sacerdotes, contra el cuadro de miseria en que se en cuentra el país después de casi 20 años de régimen militar. Un buen ejemplo de lo que es hoy la pobreza en Brasil: Río de Janeiro, la ciudad maravillosa, del carnaval y de las bellas mulatas, tiene cerca de 2,5 millones de personas viviendo en chabolas sin ninguna perspectiva de mejora.

El general Figueiredo, sin duda el gran garante del proceso actual de apertura política en Brasil, es un hombre que estuvo desde el año 1964 vinculado estrechamente a los poderes de la máquina represiva militar, cuyo órgano principal es el Servicio Nacional de Informaciones, que inspiró y cedió conocimientos técnicas a la famosa DINA chilena y a los órganos de represión de la Marina argentina en el golpe de 1976, por ejemplo.

Ese militar, para sorpresa de todos, salió a la calle, hablaba con las personas comunes y prometió cumpliéndolo, que haría elecciones directas para los gobiernos provinciales, sin problemas. Las elecciones se realizaron en noviembre de 1982 y el Gobierno perdió, pero todos los elegidos tomaron posesión sin presiones militares declaradas incluso el temido gobernador de Río, Leonel Brizola.