El Gobiemo nacionalizará Autopistas del Atlantico y Aucalsa

El Gobierno decidirá la semana próxima, a propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, la compra de la totalidad de acciones de Autopista Concesionaria Astur-Leonesa y de Autopistas del Atlántico, como primer paso para la creación de una empresa nacional del sector que tratará de conseguir que las cuantiosas y crecientes pérdidas que se acumulan en los ejercicios repercutan lo menos posible sobre el sector público. Los cálculos efectuados por expertos sobre rentabilidad de estas dos autopistas señalan que ninguna de ellas podrá obtener beneficios a lo largo del período que dura la concesión. De todas las alternativas contempladas por la Administración la única que aparece como viable es la nacionalización de las empresas.

Julián Campo, ministro de Obras Públicas y Urbanismo, propondrá en la próxima reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que el Patrimonio del Estado adquiera la totalidad de acciones de las empresas concesionarias de la autopista del Atlántico y de la que une León con la localidad de Campomanes, como fórmula para evitar una quiebra o la suspensión de pagos de ambas entidades, que tendría hondas repercusiones negativas para la imagen exterior de la economía española. El capital social de ambas entidades se cifra en 10.582 millones de pesetas, a los que habría que añadir otros 13.500 millones, ya que estas entidades realizaron diversas regularizaciones de sus balances permitidas por la ley. Los recursos ajenos, créditos interiores y exteriores, que han movilizado estas empresas superan los 110.000 millones de pesetas, la mayor parte de los cuales proceden de operaciones en divisas, cuyos plazos de amortización empiezan a cumplirse de creciente en los próximos ejercicios.Los planes de devolución de estos créditos hasta 1995, año hasta el que se extienden los plazos de los préstamos vigentes, superan los 150.000 millones de pesetas, de los que 80.000 corresponden a Autopistas del Atlántico y el resto a la Astur-Leonesa. Todo ello sin contabilizar el coste del seguro de cambio que, para la segunda, se estima en cerca de 15.000 millones de pesetas, y para Autopistas del Atlántico en una cantidad cuando menos similar.

En los dos últimos ejercicios, Autopistas del Atlántico ha perdido una cantidad cercana a los 6.000 millones de pesetas en cada uno de ellos, siendo los gastos de explotación de una cuantía aproximada a los ingresos, quedando sin cubrir de forma tradicional los gastos financieros que se han venido satisfáciendo recurriendo a nuevos empréstitos exteriores que encarecen sucesívamente la financiación. En la actualidad, Autopistas del Atlántico tiene una deuda exterior superior a los 60.000 millones de pesetas, de los que 32.000 tienen aval del Estado.

La empresa Autopista Concesionaria Astur-Leonesa- tiene unos créditos exteriores de 50.000 millones de pesetas, de los que el Estado ha avalado 36.738 millones, lo que significa en la práctica que la Administración no podrá dejar de hacer frente a ningún pago, esté avalado o no. Actuar de otra forma sería poner en peligro la imagen exterior española, en unos momentos en los que se van a necesitar fuertes cantidades de créditos en divisas. La estimación de pérdidas acumuladas para esta empresa, que no ha empezado todavía su fase de explotación comercial, se cifra en 100.000 millones de pesetas.

Absorción de pérdidas

Los técnicos de la Administración han estimado que la autopista del Atlántico puede alcanzar un nivel de endeudamiento de 400.000 millones de pesetas, todo ello dependiendo de que las pérdidas anuales se refinancien mediante captación de nuevos recursos. Ello hace que se considere que la concesión es absolutamente inviable. Por su parte, la empresa de la autopista asturleonesa presentó recientemente un plan económico-financiero en el que estimaban que el nivel máximo de endeudamiento se produciría en el año 2002, y por valor de 232.000 millones de pesetas. Los técnicos del MOPU consíderan imposible de aceptar dicho plan y estiman que la deuda total de la empresa puede situarse en dos billones de pesetas.De todo ello se deduce, según un informe de la delegación del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas de peaje, que la única forma de salir del atolladero sería que cada una de las empresas absorbiera las pérdidas que anualmente se van a producir, "mediante aportación de recursos propios, así como mediante la elevación de las tarifas dentro de unos límites razonables". En opinión del ministerio, esto sólo es posible si el Patrimonio del Estado realiza una compra de acciones de las dos sociedades y precede a su nacionalización.

Las alternativas estudiadas y que han sido desechadas pasaban desde dejar que las ómpresas suspendan pagos o quiebren al rescate de la concesión, la extinción de la misma, o el otorgamiento de anticipos reintegrables. En último término se contempló la posibilidad de una participación del Estado en la sociedad. Dejar que una empresa suspenda pagos o quiebre, dado el alto volumen de créditos exteriores pendientes, en los que el Estado ha prestado un aval muy importante, significaría poner en peligro la política de salida al exterior en busca de los recursos.