El diseño la operación
La compra de acciones por parte del Patrimonio del Estado aún no está definida totalmente, aunque se ha descartado trasladar a este sector la experiencia adquirida en el tratamiento de bancos de crisis. Mientras que en este último caso, toda compra va precedida de una reducción del capital a un precio simbólico, una peseta por acción, para, posteriormente, proceder a una ampliación que suscribe íntegramente el nuevo dueño, entre las distintas alternativas manejadas por la Administración para el caso de Autopistas del Atlántico y Aucalsa no se menciona en ningun momento que los actuales accionistas vayan a perder siquiera una parte del capital.El Estado comprará al nominal de las acciones, sin incluir en esa valoración los fondos propios procedentes de las distintas regularizaciones de balance que se han efectuado en los ejercicios anteriores.
La posición gubernamental, muy favorecedora a los intereses privados al no presionar por una reducción del capital, se muestra algo más firme al fijar el modo en que se efectuarán los pagos de dichas acciones.
En este sentido, se señala que, en el caso de Autopistas del Atlántico cuyo capital social se eleva a 4.000 millones de pesetas, se pagaría en cuatro anualidades de 1.000 millones cada una, a partir del primer año en el que se consiguieran resultados positivos y nunca antes de 1992.
En el caso de que no se lograran resultados positivos, el pago se efectuaría a partir del año 2003. Dichos pagos se efectuarían en pesetas corrientes del año en que se realicen, sin devengar ningún tipo de interés. En cualquier caso, los accionistas no perderían contablemente ninguna cantidad de las aportadas, aunque las tendrían inmovilizadas durante un cierto espacio de tiempo.
Para Aucalsa se contempló en un primer momento una operación distinta en la que se mantenía la propiedad privada, incrementada con una ampliación, y al tiempo la empresa recibía un crédito oficial por valor superior a la nueva ampliación. Dicha alternativa ha sido rechazada porque, de hecho, no suponía sino aplazar una decisión que se plantea como inapelable y que pasa por la asuncion de pérdidas superiores a los 6.000 millones de pesetas anuales.
