Las Cortes abren la posibilidad legal de que Hacienda someta a control financiero al Banco de España

El texto de la ley de Presupuestos del Estado para 1983 aprobado recientemente por las Cortes abre la posibilidad legal de que Hacienda, como ejecutora del control interno del gasto público, someta a algún tipo de supervisión financiera al Banco de España. Los responsables de la entidad, así como su Consejo General, según fuentes informadas, se habían expresado en contra del eventual sometimiento a la Intervención General del Estado, encargada de dichas funciones. A su juicio, supondría poner término a la autonomía que otorgó al banco emisor la ley de Organos Rectores, calificada como un logro democrático. No obstante, medios solventes ponen en duda que sea utilizada, al menos de momento, tal facultad interventora.

El párrafo que permite la actuación de la Intervención General del Estado quedó aprobado en el Pleno del Congreso, sin oposición alguna, en los mismos términos en que había sido dictaminado por la Comisión de Presupuestos, cuando mereció la unanimidad de los diputados presentes. Va incluido en la disposición adicional undécima, que introduce técnicas de muestreo en los actos de la Intervención con el fin de agilizar los procedimientos de ingresos y gastos de la Hacienda pública.Las diversas enmiendas presentadas a otros aspectos por los grupos de oposición sólo dieron lugar a una modificación, aceptada como enmienda transaccional por el Grupo Socialista, que no afecta al asunto del Banco de España. En cambio, dejaron todo lo relativo a las técnicas de muestreo o auditoría como llegaba de la comisión, intercalando las palabras "sin perjuicio del mantenimiento del actual régimen fiscalizador".

Oposición del Banco de España

La ausencia de debate sobre el tema en las Cortes se produjo pese a las muestras de discrepancia detectadas en el Banco de España, desde donde se había advertido que una amplitud de interpretación del concepto entes públicos interferiría la ley de Órganos Rectores. Otro interrogante que se cernía sobre la sesión tampoco tuvo efecto: el diputado socialista Néstor Padrón, quien había aludido a la posibilidad de una enmienda transaccional y luego no sugirió propuesta alguna.

El desacuerdo de los responsables del Banco de España con cualquier texto que posibilitara la presencia de la intervervención General del Estado había sido conocida en fuentes de la Administración antes de que el asunto pasara a debate en la Comisión de Presupuestos. Luego pudo ser confirmado en medios parlamentarios, con motivo del estudio de la citada disposición undécima. "De momento, ha triunfado la soberanía popular", comentó uno de los diputados socialistas poco después de que fuera aprobada por la comisión. El banco de bancos, según fuentes informadas, llegó a inspirar la presentación de cinco enmiendas alternativas distintas para modificar el párrafo en cuestión.

La disposición adicional undécima del proyecto decía: "Los entes públicos estatales, cualquiera que sea su denominación y forma jurídica, creados en el ámbito de la Administración del Estado o de sus organismos, quedarán sujetos al control financiero a que se refiere ( ... ) la ley general Presupuestaria. Dicha función podrá ejercerse con carácter permanente".

En el debate de otra enmienda del Grupo Vasco a esta disposición, Bravo de Laguna, centrista y ex subsecretario de Presupuestos, impugnó el intento de que el control financiero se limitara, de pasada y con un criterio más restrictivo que el del proyecto, a os organismos públicos creados en el ámbito del Estado. Ello podría dejar fuera del mismo a RTVE y Banco de España, según advirtió el diputado. Secundaron esta actitud extensiva los socialistas, si bien Néstor Padrón anunció que en el Pleno presentarían una enmienda transaccional a la vasca. Pero fue aprobada por unanimidad la propuesta de Bravo de Laguna, con el siguiente texto: "Los entes públicos estatales, cualquiera que sea su denominación y forma jurídica, quedarán sujetos al control financiero a que se refiere la ley general Presupuestaria". Es decir, se suprimía el "creados en el ámbito de la Administración del Estado o de sus organismos", para despejar dudas respecto al Banco emisor.

Otro diputado socialista afirmó entonces, en privado, que el anuncio de Padrón no tendría trascendencia respecto al Banco de España. Néstor Padrón declinó personalmente precisar el alcance de la enmienda transaccional anunciada para el Pleno, y en concreto si excluiría la posibilidad de que la intervención se persone en el banco emisor. En aquel momento se confirmó en medios parlamentarios lo anticipado por fuentes de la Administración: que los responsables del banco se habían entrevistado varias jornadas antes con el ministro Boyer para pedirle que la entidad emisora quedase fuera del campo del control financiero interno del Estado.

Un portavoz del Banco de España afirmó, días antes de que el asunto pasara desde comisión al Pleno, que no declararían nada al respecto. Sin embargo, en círculos de la entidad trascendió que el proyecto de Presupuestos y la enmienda introducida eran un error de redacción, inadvertido por los congresistas, y que se estaba discutiendo una corrección.

Otras fuentes informaron que el Consejo General del Banco de España estudió por esas fechas el tema; según diversas fuentes, todos los miembros consideraron por unanimidad un error la eventual entrada de la intervención.