El poder judicial y destacados abogados reconocen que el ciudadano se encuentra inerme ante las escuchas ilegales

Los ciudadanos españoles se encuentran muy mal protegidos, desde el punto de vista legal, contra las escuchas clandestinas de sus conversaciones privadas, según reconocieron ayer el portavoz del Consejo General del del Poder Judicial y destacados abogados consultados por EL PAIS. Todos ellos coincidieron en señalar que existe una grave laguna legal respecto a la protección del secreto de las comunicaciones telefónicas y otro tipo de escuchas realizadas al margen de la ley. Un portavoz del Ministerio de Justicia confirmó la Intención gubernamental de proponer la tipificación, como delito, de tales conductas en la redacción de un nuevo Código Penal.

El desconocimiento de la grave laguna legal existente al respecto provocó ayer una confusión en cadena de Alianza Popular, Diario 16 y el propio portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos. El mencionado periódico informó, con gran alarde tipográfico, sobre la presentación en el juzgado de guardia de una querella criminal de Alianza Popular contra los autores y responsables de una escucha ilegal presuntamente realizada el martes en el teléfono de su secretario general adjunto, José López López. Por su parte, el portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, aplaudió tal iniciativa, afirmando que el dirigente de la oposición había hecho muy bien en acudir a los tribunales y utilizar todos los medios legales para intentar esclarecer si alguien había estado controlando clandestinamente una comunicación telefónica.Horas después, el dirigente aliancista al que Diario 16 presentaba como a punto de querellarse -afirmando que la orden para ello procedía del propio Manuel Fraga- desmentía a los periodistas que lo hubiera hecho y que tuviera intención de hacerlo. En su lugar, anunció la presentación de un escrito en el juzgado en los próximos días en el que se describirá lo ocurrido el día 5 de julio a las 12.15 horas, cuando conversaba telefónicamente con Gabriel Usera, diputado de AP en la comunidad autónoma de Madrid, y, según su versión, se oyó una tercera voz que avisaba de que el teléfono estaba intervenido. "Nosotros no sabemos si es una escucha ¡legal o un simple cruce de líneas, pero, al tratarse de una conversación reservada sobre iniciativas parlamentarias para la Asamblea de Madrid, hemos considerado conveniente ponerlo en conocimiento del juez para que obre como crea oportuno".

Nerviosismo frente a impunidad

Toda esta rápida evolución de versiones sobre un mismo hecho muestran el nerviosismo existente, tanto en la oposición como en el Ejecutivo, por la oleada de rumores sobre escuchas clandestinas y la posible utilización política del asunto. En el fondo, el mensaje que el portavoz del Gobierno trata de hacer llegar a la opinión pública es que el Gabinete no tiene responsabilidad en las escuchas ilegales y que está dispuesto a hacer cuanto pueda por evitarlas, mientras que la oposición, al dar cuenta de una supuesta escucha clandestina a uno de sus dirigentes, acumula indicios a la psicosis de espionaje político desatada en nuestro país en las últimas semanas.La cuestión de fondo reside en un triple problema: la extraordinaria facilidad técnica para controlar conversaciones ajenas (a través del teléfono y de otros muchos medios), la total desprotección penal del ciudadano contra usos ilegales de aquéllas y la falta de regulación de las escuchas legales (excepción hecha de las previstas por la ley Antiterrorista).

Es decir, cualquier persona puede sufrir una escucha clandestina; si logra descubrir al que lo hace -ardua tarea, por cierto- no puede acusarle de cometer un delito; y en el supuesto de que se trate de un ciudadano sospechoso de actividades delictivas, la escucha que se le coloque legalmente depende sólo de la voluntad del juez, quien carece de toda norma y no tiene límite de tiempo para autorizar el quebrantamiento del secreto de la comunicación telefónica, salvo que se trate de actividades terroristas. Este último es el único caso bien regulado, con sus plazos y sus controles.

A preguntas de EL PAIS, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Casado, informó que dicho organismo no ha distribuido normas respecto a la autorización judicial de escuchas telefónicas. Casado declaró que "urge una tutela penal efectiva que proteja eventuales atentados a la intimidad, en armonía con las exigencias constitucionales, y que nos incorpore, en este campo, a la legislación existente en la mayoría de los países de nuestro mundo de cultura". Y expresó su esperanza en la "pronta iniciativa legislativa que en este orden pueda producir el Gobierno socialista, sensible, sin duda, al tema".

Gonzalo Casado opina que la tutela del derecho al secreto de las comunicaciones se garantiza si toda intervención telefónica se hace bajo el control jurisdiccional, ya que al orden jurisdiccional corresponde determinar la necesidad o no de la misma".

También el penalista Enrique Gimbernat, miembro de la comisión redactora del anteproyecto de Código Penal, ha expresado su criterio favorable a la necesidad de tipificar las escuchas ilegales.

Uno de los principales juristas del primer partido de la oposición, José María Ruiz Gallardón, afirmó que el ciudadano está muy mal protegido frente a la posible violación de las comunicaciones. Es verdad que la Constitución garantiza el derecho al honor y a la intimidad, y hay sentencias del Tribunal Constitucional que aceptan la aplicación directa de la Constitución por los tribunales, pero el propio Ruiz Gallardón reconoce la dificultad jurídica de aplicar la salvaguarda constitucional del derecho al honor al caso, por ejemplo, denunciado por su partido respecto a una supuesta escucha al secretario general adjunto de Alianza Popular.

"El derecho está protegido desde la Constitución, pero hay una laguna legal evidente", declaró. "Nuestro viejo Código Penal no tipifica como delito las escuchas ilegales. Quizá, por extensión, pueda entenderse que esta invasión de la intimidad pueda constituir el delito de coacción, que sí está penalizado: ese podría ser un camino, aunque en derecho penal ya se sabe que la analogía es mala consejera".

El abogado y político de AP terminó diciendo que el galimatías jurídico sólo puede resolverse con la penalización de las escuchas ilegales, y en este sentido anunció una proposición de ley de su partido en caso de que el Gobierno no aborde o retrase el envío a las Cortes de un nuevo Código Penal. "Ahora bien, si vuelven a utilizar la táctica de darnos 15 días para estudiar y enmendar, un proyecto de ley tan importante como es un nuevo Código Penal, que se olviden de nosotros. Lo aviso desde ahora".

El Gobierno reúne a sus asesores

Precisamente este fin de semana se reúnen en las cercanías de Madrid los miembros de la comisión asesora del Gobierno para la redacción del proyecto de nuevo Código Penal. En el mismo figuran, como informó ayer este periódico, la tipificación del uso de instrumentos o artificios técnicos de escucha o grabación del sonido o de la imagen, que, en la actual versión del borrador correspondiente, quedaría castigada con pena de arresto de 12 a 24 fines de semana y multa de seis a 12 meses. Asimismo se baraja la posibilidad de penas de arresto de siete a 14 fines de semana y multa de seis a 12 meses para el que escuche o grabe las conversaciones privadas de otro. Ambos delitos tendrían penas superiores en caso de divulgación de los secretos descubiertos por tales medios.Estas novedades respecto al sistema de penas figuraba ya en la reforma no nata de 1980, presentada por el Gobierno de UCD y paralizada en las Cortes por este mismo partido.