El fiscal pide 24 años de cárcel para un obrero que mató al directivo de una multinacional sueca

José García García, ex empleado de la multinacional ASEA-CES y ex militante de Comisiones Obreras, compareció ayer ante la sección tercera de lo penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, acusado de un delito de homicidio y otro de homicidio frustrado, cometidos el 21 de diciembre de 1981 al atacar a los directivos de la empresa, de la que había sido despedido días antes. El fiscal solicitó para el acusado una pena total de 24 años de prisión y una indemnización de 10 millones de pesetas para los familiares del directivo fallecido.

Lo detuvieron en las vísperas de Navidad de 1981, en la estación del ferrocarril de Sant Cugat del Vallés. Había decidido esperar la llegada de la policía, sentado en un banco. Quizá desde aquel banco, José García García contempló por última vez las vías del tren perdiéndose en una curva y recordó una estación similar, en la que había descendido años atrás, cuando vino desde un pueblecito de Murcia. Era como volver a empezar.Atrás habían quedado los años angustiosos de Murcia, cuando su padre les abandonó y él se hizo cargo de la madre enferma, de la hermana y de todos los suyos. Habían permanecido hasta entonces también semiolvidados los primeros años, los más difíciles, de su estancia en Cataluña, el casamiento, el nacimiento de sus dos hijos, la entrada del piso de Sant Quirze del Vallès y el ingreso en la empresa CES, una firma familiar y progresista en la que se le había asegurado un buen sueldo y donde se le consideraba como un trabajador competente y serio.

A este hombre, que en un banco de la estación de Sant Cugat esperaba la llegada de la policía, habían empezado a torcérsele las cosas hacía poco menos de dos años. Todo empezó cuando la empresa familiar CES fue adquirida por la multinacional ASEA y se inició un programa de reconversión tecnológica, que arrastró a los trabajadores al pie de una sofisticada maquinaria y al borde del paro. Las nuevas primas, los ritmos y la producción provocaron numerosas fricciones con la dirección, que se solventaron en Magistratura de Trabajo.

Por aquella época, José García García, con el carné de Comisiones Obreras en el bolsillo, estaba considerado como uno de los trabajadores más batalladores de la empresa y como uno de los que más firmemente se habían opuesto a los supuestos desmanes provocados por la nueva tecnología. No sólo se había enfrentado a la dirección, sino que además había protagonizado bajos rendimientos, siempre en solitario, y en demanda de sus derechos. Fue entonces cuando llegó la carta de despido y después las llamadas telefónicas a los directivos de la empresa, el insomnio, el dolor de cabeza, la sensación de perderlo todo y ese coche que desde los últimos días había descubierto, siguiéndole siempre. Fuera donde fuera.

Con un punzón

José García García, en aquel banco, quizá se recordó a sí mismo, cogiendo el punzón de casa, metiéndoselo en el caño de la bota, calzándose los guantes y la bufanda, poniendo en marcha la motocicleta y volviendo a la fábrica, para reunirse con el jefe de personal en un intento de arreglarlo todo. La conversación fue un fracaso. Acabaron peleándose, en la salita, junto a los despachos. Él sacó el punzón y el directivo una silla, como si fuera un escudo. Recuerda vagamente que le asestó varios golpes, que salieron al pasillo, que se cruzó con el director financiero Antonio Lorente, a quien le asestó un golpe con el punzón, y que luego mientras pugnaba por entrar en el despacho del gerente, Claes-Hultman, alguien gritaba para que llamaran a la policía.

Sabía también que se había perdido en el bosque y que había desembocado en esa estación, después de seguir la vía del tren. En la madrugada del 22 de diciembre, mientras esperaba la llegada de la policía, ignoraba que Antonio Lorente había fallecido y que los médicos habían contabilizado 11 puñaladas en el cuerpo de Luis Casas Viura.

Ayer, José García García sentenció ante el tribunal: "Si me hubieran dejado ganar la vida, conmigo no habría habido problemas". Dirigió esta frase al acusador particular, con el que había reconstruido su historia laboral. Luegó se sentó en el banquillo, mientras por la sala empezaban a pasar los testigos y peritos. Su abogada defensora, Remei Bona, esposa del alcalde comunista de Sabadell, basó su defensa en el transtorno que supuso para el trabajador su despido y reclamó un total de seis meses y 50.000 pesetas por los dos delitos.