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Diputadas del PSOE piden que la Seguridad Social se haga cargo de los abortos legales

La despenalización parcial del aborto ha originado una extraña actuación dentro del Grupo Parlamentario Socialista. Mientras dos diputadas del mismo, Carmen Pinedo y María Dolores Pelayo, afirmaron a este periódico haber presentado al portavoz, Javier Sáenz de Cosculluela, un escrito firmado por las diputadas del PSOE (15 en total) en el que solicitaban la inclusión en el proyecto de ley del Gobierno de una disposición adicional para que el aborto corriera a cargo de la Seguridad Social, Cosculluela, a través de su jefe de Prensa, Antonio de Miguel, aseguró ayer a EL PAIS que no era cierto, que nunca se le había presentado tal escrito y que ni siquiera verbalmente ninguna diputada, y mucho menos la totalidad, le había planteado la cuestión.Hace aproximadamente dos semanas, según la versión facilitada por las dos mencionadas diputadas, las 15 mujeres del PSOE que ocupan escaño en el Congreso se reunieron para debatir el proyecto de ley del Gobierno sobre despenalización de determinados supuestos de interrupción voluntaria del embarazo y acordaron, según Carmen Pinedo y María Dolores Pelayo, presentar un escrito al portavoz del grupo para que se buscara alguna fórmula a fin de que las mujeres embarazadas que puedan verse afectadas por la futura ley de aborto puedan realizarlo a cargo de la Seguridad Social.

Estas diputadas recogían así el sentir de las parlamentarias socialistas, señalaron, ya que éstas objetaron en la mencionada reunión que el proyecto de ley del Gobierno permitía el aborto, pero no facilitaba a todas las mujeres, especialmente a las de clase social económicamente más desfavorecida, los medios para que puedan llevarlo a la práctica.

"En el escrito que le entregamos a nuestro portavoz", dijo la diputada María Dolores Pelayo, "le planteamos que se estudiaran dos alternativas posibles: introducir en el proyecto una disposición adicional cuyo texto obligase a la sanidad pública a realizar las intervenciones quirúrgicas de interrupción voluntaria del embarazo, a fin de que éste pueda ser gratuito, o, por si no consideraban esta fórmula apropiada, dado que se prevé un debate muy duro, con fortísimos ataques por parte de la derecha, incluimos en el escrito otra posibilidad a medio plazo, es decir, que esta gratuidad se incluyera en el futuro proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social".

Cosculluela no sabe nada

Cosculluela, en cambio, ha negado tener ningún conocimiento sobre todo ello, según manifestó ayer a este periódico.Por su parte, el ministro de Sanidad, Ernest Lluch, sí admitió tener conocimiento de la pretensión de las diputadas socialistas, pero se negó a hacer declaraciones sobre el tema, "para no echar más leña al fuego", según sus propias palabras.

Fuentes del Ministerio de Sanidad aseguraron, no obstante, que en los sucesivos borradores que se están elaborando sobre el proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social no se incluye en ningún momento la posibilidad de que el aborto que permite el texto del Gobierno socialista sea gratuito.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de julio de 1983