El juzgado exige a Ruiz-Mateos 100.000 millones de pesetas de fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias

El auto de procesamiento dictado contra José María Ruiz-Mateos, ex propietario de Rumasa, y dos altos directivos del holding de la abeja, José Díaz Hidalgo y Carlos Quintas Alvarez, por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid, Luis Lerga, solicita una fianza de 100.000 millones de pesetas para Ruiz-Mateos y Díaz Hidalgo, y otra de 70.000 millones para Quintas, para asegurar las responsabilidades pecuniarias a que hubiere lugar. Asimismo, decreta la prisión provisional sin fianza para Ruiz-Mateos y Díaz Hidalgo, y prisión provisional comunicada, con fianza de 10 millones, para Quintas.

El auto de procesamiento, que fue facilitado ayer por el juez citado enumera una serie de hechos que pueden ser constitutivos de varios delitos de falsedad en documento mercantil, uno de apropiación indebida y dos delitos monetarios.Estos hechos, en síntesis, son explicados en el auto, del siguiente modo: en el período comprendido entre 1977 y 1982, distintas empresas del grupo Rumasa no declararon ni hicieron efectivas a Hacienda la totalidad de las cantidades retenidas o repercutidas en concepto de Impuesto de Rendimiento de Trabajo Personal, Lujo, Tráfico de Empresas y Renta de las Personas Físicas, y sí sólo una parte cuyo volumen total (con carácter provisional) se sitúa alrededor de los 17.500 millones de pesetas; limitándose a entregar en dos o tres ocasiones, a lo largo de cada año, sumas parciales que solían oscilar entre el 10% y el 15% del total percibido. Al final de cada ejercicio se practicaba un contraasiento en el que la cuenta acreedora de la Hacienda se adeudaba y quedaba a cero, abonándose dicho saldo a Pérdidas y Ganancias, con lo que o bien se incrementaba falazmente el beneficio de la empresa o se disminuía el importe de las pérdidas contables.

En los años 1981, 1982 y 1983, diversas entidades del grupo, al formalizar y liquidar las partidas debidas a Seguridad Social, de manera sistemática y consciente faltaron a la verdad al sumar las cantidades base correspondientes, reflejándose así una cifra inferior a la realmente debida, cuya diferencia se calcula provisionalmente en ese período en más de 1.000 millones de pesetas; adeudándose a la Tesorería de la Seguridad Social hasta el 23 de febrero de este año (fecha de la expropiación del grupo) más de 10.700 millones de pesetas por los conceptos de cuota empresarial y cuota obrera, y para cuya liquidación la nueva Administración ha obtenido autorización de aplazamientos, cuyo coste se presupuesta en 130 millones.

Regularización de pérdidas

En fechas no determinadas, de principios de 1983, y con objeto de regularizar "formalmente" la situación de pérdidas de distintos bancos del grupo, según figuraban en los antecedentes de la división bancaria de Rumasa, se abrieron cuentas corrientes de crédito o utilizaron las que había, sin conocimiento de sus titulares, practicando en ellas apuntes de activos que no correspondían a la realidad o cesiones de efectos no existentes, disponiéndose a continuación de su importe en beneficio de otras entidades del grupo, sin que se conozca aún el perjuicio originado a los accionistas de aquellos bancos, ignorantes de dichas manipulaciones.

Se cambiaron las titularidades de tales cuentas por otras correspondientes a empresas de Rumasa en la noche del 23 al 24 de febrero pasado o en fechas posteriores inmediatas. Según los datos obrantes, los titulares de tales cuentas y los bancos utilizados, entre otros, fueron los siguientes: Enpetrol en Bankisur por 300 millones de pesetas; Calatrava en Banco de Murcia, por 125; Manufacturas Gener en Banco de Sevilla, por 102; Enpetrol en Banco de Sevilla, por 102; Metalúrgica Santana en Banco Latino, por 101,7; Motor Ibérica en Banco de Albacete, por 101; Motor Ibérica en Banco de Sevilla, por 101,2; El Paular en Banco de Albacete, por 101; Burbery en Banco General, por 100; Comercial Pegaso en Banco General, por 100; Enasa en Banco Latino, por 100; Seat en Banco Peninsular, por 100; y Montoro Empresa en Banco de Toledo, por 50 millones.

Los propios bancos simularon apertura de cuentas corrientes a nombre de personas físicas imaginarias, situando en ellas saldos que, al parecer, fueron utilizados para el abono de intereses extrarreglamentarios. Los fondos necesarios a este fin procedían de la Caja B y eran remitidos por la división bancaria mediante aportaciones a otros bancos del grupo. También se provocaron una serie de desajustes en las contabilidades de cada banco con trasvases injustificados de pérdidas y beneficios entre ellos, y consiguiente perjuicio económico y falta de realidad en los asientos contables. Como ejemplos se citan, entre otros, los siguientes: El Banco de Jerez cargado por importe de 4.809 millones en beneficio de varios sin especificar; 12 del grupo por importe de 2.117 millones en beneficio del Banco del Noroeste; el de Albacete, por 344 millones, en beneficio de los bancos Jerez, Noroeste, Norte, Oeste y Sevilla; el Oeste, por 277, en beneficio de varios sin especificar; 8 del grupo, por 152, en beneficio del Peninsular; Alicantino, por 145 millones, en beneficio de Jerez, Latino, Noroeste y Norte; el de Murcia, por 132 millones, en beneficio de Condal, Noroeste y Norte; el de Sevilla, por 83, en beneficio de Latino y Norte; y varios, por 30 millones, en beneficio del Banco de Toledo.

Aumentos de patrimonio

Con la finalidad de aparentar un aumento en el patrimonio de Rumasa, que no se correspondía con la realidad, en el segundo semestre de 1982, se ordenaron un conjunto de asientos contables globalizados, sin causa cierta que determine tal valorización, donde se reflejaban incrementadas, por un total de 356.000 millones, las sumas y conceptos siguientes: Fondo de Comercio de la Cartera de Valores. Constitución del Fondo (300.000 millones); Actualización del valor de Galerías Preciados, al 200%. (14.290 millones); Coste de financiación aplicado a Participaciones Financieras (31.460 millones); y Coste de Financiación a Participaciones Financieras Pérdidas de Ejercicios Anteriores (11.000 millones).

Con objeto de financiar las actividades de Rumasa en el extranjero, adquisición de bienes, nuevas empresas, pagos y general desenvolvimiento económico, y sin contar con la autorización de los organismos oficiales, se situaron fuera del territorio español sumas importantes de divisas, de las que hasta el momento y entre otras constan en sumario las siguientes: el cobro del precio de los vinos exportados por Palomino y Vergara en los años 1980 a 1982, por un contravalor de 855 millones; por el mismo concepto de los exportados por Williams & Humbert, de 1979 a 1982, por contravalor en 1.156 millones; idem de los vendidos a Inglaterra por Vinícola del Sur por la suma de 444 millones. Las tres entidades recibieron dichas sumas en pesetas, de Rumasa, sin que haya constancia de que a su vez esta última ingresara en España las divisas correspondientes, de los efectos en moneda extranjera recabados y recibidos previamente de ellas, para su cobro.

Como consecuencia de la firma y ejecución de un contrato de construcción de viviendas en Irak, la Compañía Hispano Alemana de Construcciones solicitó y obtuvo autorización para abrir cuentas corrientes en el extranjero, abriendo una en el Banco Alhalí of Kuwait, en la cual se centralizaron los cobros de dichas obras y otras sumas en divisas que por diversos conceptos se situaron a disposición de la empresa Hispano Alemana, -de los que al menos se conoce el depósito de 1,5 millones de dólares procedente de Loewe, en Nueva York-, ascendiendo el total allí centralizado a 24,5 millones de dólares, de los que Rumasa dispuso en favor de otras entidades del grupo en el exterior.

En fechas no establecidas, pero anteriores y próximas al 31 de enero de este año, el Banco del Norte realizó numerosas operaciones de transferencias de divisas provinientes de depósitos constituidos por extranjeros en España, a las sucursales del Banco de Jerez en Londres y Amsterdam, que éstas destinaron a préstamos a cinco entidades panameñas y una ecuatoriana, las cuales volvieron a transferir los fondos a Multinvest NV e Inversora Iberoamericana, siendo destinados a "aumentos de capital" por éstas.