Cambiar algo para que todo siga igual

El 27 de junio de 1927, un real decreto del rey Alfonso XIII daba a luz a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, SA (Campsa), una compañía encargada por ley de gestionar, en regimen de monopolio estatal, la distribución, venta y recaudación fiscal de los productos carburantes derivados del petróleo. Calificada como la única decisión acertada de la dictadura de Primo de Rivera por algunos estudiosos, la creación de Campsa fue obra personal de José Calvo Sotelo, a la sazón ministro de Hacienda del general Primo de Rivera, y durante los 56 años que ha durado su andadura hasta nuestros días ha sabido cumplir fielmente su papel y resistir a todo tipo de avatares y cambios políticos, económicos y estructurales de la historia española.

La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, prevista desde hace años y solicitada formalmente durante la transición política, abrió en 1977 un serio interrogante en el futuro de esta compañía, que, pensada originalmente para cumplir una función mucho más ambiciosa que la meramente recaudadora de impuestos, se quedó reducida, por imposiciones políticas, en una extensión del Ministerio de Hacienda.El hecho de que Campsa supusiera más del 10% de los ingresos fiscales del Estado y que en su seno se sucedieran una serie de batallas superpuestas entre defensores de la situación y los más avispados (es decir, los que pretendían una rápida y urgente adaptación desde dentro, y no impuesta, a las normas comunitarias) hizo que durante los últimos Gobiernos de UCD poco se hiciera en dirección de una modificación de la anquilosada situación jurídica del monopolio, con la excepción hecha de unos tímidos cambios epidérmicos en cuanto a la separación de la mera función recaudatoria y el dominio minero y determinados activos de la compañía.

En algunos medios se cuenta la anécdota de que Leopoldo Calvo Sotelo, último presidente del Gobierno con UCD, tenía una especial animadversión a deshacer lo que creó su tío José. Lo cierto es que, pese a la urgencia y presiones de la Comunidad Europea para que se comenzara a pensar en ello, nada se hizo, y en eso llegó el PSOE. Con el nuevo Gobierno las cosas adquirieron un planteamiento diferente y, pese a unos tímidos escarceos de retrasar el problema, la evidencia y la razón se impusieron.

Más presiones comunitarias

El dato determinante pudo ser la ronda negociadora hispano-comunitaria del pasado 17 de mayo. Pese a que dentro del Instituto Nacional de Hidrocarburos, de la propia Campsa y del Gobierno existía una conciencia clara de la urgencia del problema, y se trabaja en su solución, la comisión europea sorprendió a la delegación negociadora española con un duro documento, en el que, en aras del Tratado de Roma, se urgía a España a desmantelar en cinco años, a partir de la fecha de la adhesión, el. monopolio de Campsa y dar entrada, en régimen de igualdad, a las compañías de petróleo procedentes de los países miembros. La Comunidad exigía también el desarme gradual, por medio de contingentes anuales, de las trabas a la importación, comercialización y venta de productos carburantes procedentes de los países comunitarios.Las presiones comunitarias coincidían con el impacto en España, detenido en parte por el paraguas del monopolio, de la aguda crisis que atraviesa el sector del refino en todo el mundo y -con la adopción por las compañías multinacionales y los países producto res de una nueva estrategia para paliar dicha crisis. Según una reciente exposición de Roberto Centeno, consejero delegado de Campsa y experto en el tema, la situación del refino en España estaba abocada a un suicida estrangulamiento a corto plazo, del que difícilmente podría sobrevivir, a me nos que se articularan soluciones urgentes.

Según Centeno, la supervivencia de las compañía! de refino, sin una base productora de crudo y sin una experiencia en solitario en la distribución, estaba más que en entredicho. Las refinerías alemanas, por ejemplo, perdieron en 1982 una cifra equivalente a la suma del capital más las reservas Las francesas, a su vez, tuvieron un agujero de más de 157.000 millones de pesetas en el mismo período. La sociedad Agip, de Italia, perdió, a su vez, 120.000 millones en su actividad refinadora.

Todas estas compañías pudieron salvar sus ejercicios gracias a una actividad integradora, bien por la actividad de producción de hidrocarburos, bien porque todas ellas contaban con el apoyo encubierto de sus Gobiernos. Para España, pues, la desaparición del monopolio, con la entrada en la CEE, supondría un reto insostenible, del que sólo se podrían salvar si se articulaba un mecanismo apropiado que mantuviera, por lo menos, una situación similar a la que les protegió durante cinco decenios. Razones de seguridad nacional y de estrategia justificaban por sí solo el esfuerzo.

La puesta en marcha, esta misma semana, por parte del Gobierno del proceso de desmonopolización formal de Campsa es, explicado didácticamente, el primer intento serio, y eventualmente definitivo, para zanjar la cuestión.

En palabras sencillas, el plan consiste en unir bajo una misma organización a las seis refinerías españolas, públicas y privadas, en las actividades de distribución, antes reservadas a Campsa, aprovechando al mismo tiempo la infraestructura de transporte y almacenamiento existente y la experiencia de la propia compañía arrendataria del monopolio.

Para alcanzar este fin, que permitiría una mejor defensa de los intereses nacionales frente a la libre competencia de las multinacionales, los estudiosos de Campsa, del INH y del Gobierno necesitaban primero articular una modificación jurídica y patrimonial de la actual Campsa, ahora en manos del Estado (60%), intereses financieros privados (10%) y particulares (30%) y en régimen de monopolio, y convertirla en una sociedad mixta participada, en la que estuvieran representados el Estado (60%) y las seis refinerías (EMP, Petroliber, Petromed, Cepsa, Petronor y ERT.

Negocios en Bolsa

El Gobierno presentó formalmente el diseño de este plan el pasado 23 de junio a los presidentes de las seis refinerías y a los responsables máximos del INH y de la propia Campsa. Tras el acuerdo, el Consejo de Administración de Campsa adoptó la decisión, el lunes 27, de suspender las cotizaciones de la sociedad en Bolsa, con el propósito de evitar una especulación molesta y muy rentable sobre la compañía. Pese a esta medida cautelar, pudo existir un momento de incertidumbre (se habla de que alguien rompió el pacto de silencio e intentó un negocio rápido en Bolsa), ya que la cotización de las acciones de Campsa se suspendió el pasado miércoles, dos días después de adoptada la decisión por el consejo de Campsa y una vez que se hubiera celebrado el corrillo temprano de los monopolios. Horas después, el Ministerio de Industria anunció la puesta en marcha del proceso.La medida cautelar se justificaba, además, por el aplazamiento de la ampliación de capital de Campsa que debía comenzar el pasado 30 de junio. El consejo de administración de la sociedad aplazaba esta ampliación en espera de que se anunciase y terminase una oferta pública de adquisición (OPA) de las acciones privadas (en manos del público y de la mayor parte de los grandes bancos), que se realizará muy posiblemente esta misma semana a un precio superior al 200%. del nominal. La OPA permitirá al INH controlar, el 100%. de las acciones e incluir en su patrimonio, mediante un pago al Patrimonio del Estado de unos 80.000 millones de pesetas, el activo fijo del monopolio, es decir, la red primaria de distribución, transporte y almacenamiento de productos derivados del petróleo.

La nueva sociedad venderá entonces el 40% de su accionariado a las refinerías mediante el pago por parte de éstas de un porcentaje de acuerdo a su cuota autorizada de producción. Las refinerías quedarán englobadas, así en la distribución al por mayor y al detalle. Quedará después por determinar el precio de estas acciones y la posterior inclusión en la compañía nueva del activo circulante, que algunos estiman puede superar los 140.000 millones de pesetas. Hay que tener en cuenta que esta nueva compañía continuará arrendando el monopolio comercial y fiscal de la distribución hasta que el ingreso en la CEE fuerce a lo contrario.

Compañía General de Distribución

La compañía nueva se llamará, según estiman algunos expertos, Compañía General de Distribución, aunque es muy posible que conserve la marca comercial Campsa. Esta compañía puede también ostentar la distribución al detalle y abanderar la mayoría de las estaciones de servicio, que pueden conservar su régimen jurídico y, eventualmente, el de distancias. Esto dificultará la penetración de las multinacionales a la venta al detalle e incluso de las compañías independientes que deseen tener acceso ocasional al mercado español.En cualquier caso, la nueva situación jurídica (se necesitará una ley para modificar el monopolio y otras cuestiones con él relacionadas posibilitará la entrada de las multinacionales, de acuerdo a la legislación de la CEE y al Tratado de Roma. Aquellas compañías podrán pagar un canon, aunque ele vado, por utilizar la red de distribución, pero siempre existirá el argumento de que las empresas refinadoras compraron y construyeron su red para su uso exclusivo. Una situación muy similar a la francesa, que ha permitido a las compañías galas mantener su monopolio de hecho en su mercado interno, como dicen algunos, durante 19 años.

Hasta la fecha ninguna empresa extranjera ha mostrado grandes deseos de instalarse en España, con excepción de las europeas Shell y British Petroleum. En medios comunitarios de Bruselas ambas compañías se han mostrado muy activas, e incluso la Shell ha mostrado su disconformidad pública en España con los planteamientos oficiales. La tesis de la Shell es que la red de distribución debe convertirse en una especie de Renle por la que puedan circular todos, incluso los extranjeros, mediante el pago de un billete o canon.