Los obispos piden que la ley del Derecho a la Educación respete el papel de la Iglesia en los centros de enseñanza

Los 66 obispos españoles, reunidos en la 38ª asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal que se clausura hoy en Madrid, hicieron público ayer un documento sobre la enseñanza, cuyo contenido lo califican ellos mismos como "principios fundamentales que deben ser recogidos en la próxima ley orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE), a la que inicialmente se denominó ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria.

Se trata de un texto en el que parecen haber triunfado las tesis posibilistas -es decir, de posibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Felipe González- defendidas, entre otros, por el obispo de León, Fernando Sebastián, secretario general de la conferencia, frente a la línea más dura del episcopado, representada por el presidente de la comisión de Educación, Elías Yanes, desde la propia conferencia, y por la Federación Religiosa de Enseñantes (FERE), cuyo secretario general es el jesuita Santiago Martín, así como por la Confederación Católica de Padres, presidida por Carmen Alvear.Fuentes próximas a la Conferencia Episcopal señalaron ayer a EL PAIS que el documento finalmente aprobado, por 57 votos favorables y el resto en blanco, resulta beligerante con la LODE, pero no en unos términos de dramatismo que pudieran hacer temer la amenaza de la llamada guerra escolar.

Lo expresado por los obisposespañoles en el mencionado documento viene a confirmar que el principal punto de desacuerdo entre la Iglesia y el Gobierno del PSOE, no estriba tanto en el terreno económico cuanto en lo que concierne a la posibilidad de seguir utilizando la escuela como instrumento de evangelización.

El texto de la LODE introduce la figura del consejo escolar de centro, integrado por representantes de toda la comunidad es colar. El proyecto de ley desarrolla así el mandato constitucional de que los padres, los profesores y, en su caso, los alumnos participen en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos (art. 27.7).

Tras una serie de consideraciones sobre cuál es el papel de la Iglesia en la educación de la sociedad y la mención de las palabras del Papa al embajador de España ante la Santa Sede sobre esta misma cuestión, el documento sólo emplea un breve punto de los siete de que consta para referirse a la financiación de los centros privados, "que tiene que ser con :Fondos públicos", dice textualmente el documento, "y, por supuesto, con la trasparencia administrativa requerida por las leyes, pero que su cuantía sea tal que cubra los gastos reales para no tener que exigir a los padres de los alumnos más sacrificios económicos que los que se piden a los padres de alumnos que acuden a centros públicos".

Tras referirse a la aportación del Estado a la enseñanza religiosa en España -cifrada para el curso 1982-83 en 76.000 millones de pesetas-, el documento entra de lleno en la cuestión del control ideológico del centro docente: "El derecho a crear un centro de enseñanza lleva consigo el derecho a establecer", dicen los obispos, "las orientaciones que describen el carácter propio del mismo y esto implica a su vez el derecho a designar las personas que desde la dirección o la enseñanza hagan efectivas aquellas orientaciones", y "se debe garantizar plenamente en la futura legislación el derecho de las personas o instituciones titulares de los centros de enseñanza privados a establecer el ideario que permite: a los padres hacer su elección con pleno conocimiento de causa. Pensando en el futuro de los centros de enseñanza de la Iglesia", concluyen, "nos parece absolutamente irrenunciable que estos centros puedan acogerse al régimen de conciertos sin verse obligados a limitar, directa o indirectamente, su identidad católica".