Los accionistas minoritarios de empresas del 'holding' podrán optar por recuperar sus participaciones antes de la indemnización

Un próximo Consejo de Ministros definirá la estrategia del Gobierno sobre el futuro de Rumasa. Antes de que se efectúen las primeras reprivatizaciones, es muy probable que haya una oferta para devolver participaciones a los accionistas minoritarios que no deseen esperar la indemnización. También serán ratificados los proyectos de racionalización de las empresas, con delimitación de las que tendrán un tratamiento peculiar, como es el caso de las fincas y quizá los bancos. Los administradores del holding han ultimado estos días todos los informes necesarios, entre los cuales figura el balance consolidado de las empresas a 23 de febrero pasado, que se basa en valores contables y arroja un déficit patrimonial de 210.000 millones. Medios allegados a los autores de este trabajo aseguran que, pese a las eventuales desviaciones al alza, el desequilibrio neto no superará los 250.000 millones.La idea de ofrecer la devolución de participaciones minoritarias era acariciada por los gestores del grupo expropiado desde que el Consejo de Estado, al dictaminar el decreto ley, aconsejó que se tramitara como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Propuso el alto organismo consultivo que se abordaran "cuestiones tan importantes como la de si procede la reversión de los bienes expropiados llegado el momento de su desafectación pública", la futura consideración o no de empresas nacionales para las expropiadas, y la posibilidad de enajenación directa en lugar de salir a subasta para la reprivatización. Así se hizo en la ley que aprobó el Senado el pasado día 14 y que aparecerá en el Boletín Oficial del Estado.

Como la expropiación afectó a todas las acciones de los dos centenares largos de empresas relacionadas en el decreto ley, y el Gobierno entendió que indirectamente alcanzaba a las participadas por aquéllas, la decisión que estudiará el Consejo de Ministros consiste en una oferta de venta por lo que el Estado tuviera que pagar como indemnización o justiprecio. La resolución, que quitaría importancia real a la fijación de indemnizaciones, acortaría sensiblemente la tramitación de las mismas, que puede tardar casi dos años (hasta un año para las propuestas de cada parte, otros seis meses en caso de desacuerdo para la sentencia del Jurado Provincial de Expropiación de Madrid, y hasta tres meses para el pago después del acuerdo o resolución judicial).

Sin embargo, fuentes próximas a los gestores de Rumasa dudan que algunos minoritarios tengan interés en recuperar las acciones. Asimismo, desde otros medios de la Administración se han formulado alternativas distintas para la veintena de bancos, con la posible exclusión del Atlántico, que podría seguir el mismo sistema que el resto de las empresas.

Nuevo déficit

Los 210.000 millones de pesetas calculados la pasada semana apenas se deslizan de los 200.396 en que se cifró la diferencia entre el activo y el pasivo del grupo a 31 de diciembre pasado. La diferencia obedece, fundamentalmente, a la estimación de pérdidas durante el pasado mes de enero y los 23 primeros días de febrero (poco más de 9.000 millones, frente a los 56.700 millones de 1982), así como al desequilibrio de las empresas de la Rumasa sumergida. Al margen de dicho cálculo, elaborado sobre los balances de cada empresa y el nivel de participación directa e indirecta de Rumasa, han estimado que la compensación para accionistas minoritarios de empresas con patrimonio positivo no se alejará de otros 20.000 millones.

Por todos estos conceptos (véase EL PAÍS del pasado 22 de mayo), fuentes solventes de los administradores estimaban que el déficit podía superar el día de la expropiación los 400.000 millones de pesetas, cifra incluso superior a la de 300.000 millones de máximo facilitada el 11 de mayo al periódico británico Financial Times por el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer. Señalaron entonces las fuentes que la estimación podía ser conservadora, porque el criterio para fijar el neto de 200.396 millones a 31 de diciembre -cuyo desglose se mantiene todavía reservado por instrucciones superiores- había sido valorar los activos al máximo y las deudas al mínimo, ajustando algunas sobrevaloraciones realizadas por el equipo de Ruiz-Mateos, pero a partir de sus datos.

Aunque fuentes gubernamentales indicaron que la información preparada para el Consejo de Ministros estaría vinculada por la coyuntura, medios allegados a los autores del balance replicaron que ¡incluso las conclusiones de las auditorías, esperadas para septiembre, no llegarán a los 250.000 millones.