Los afectados de Promocisa destacan la voluntad negociadora del Gobierno socialista

"El Gobierno socialista ha demostrado una voluntad política para buscar soluciones al problema de las 2.300 personas afectadas por la presunta estafa de Promocisa que no tenían los anteriores Gobiernos de UCD", manifestaron ayer, en el transcurso de una conferencia de prensa, directivos de la Asociación de Afectados de Promocisa y el abogado que tramita la querella criminal contra los responsables de la compañía inmobiliaria, Manuel Matamoros.Fuentes de la Asociación indicaron que, paralelamente al proceso judicial, intentaron siempre buscar una salida política encaminada a recuperar el dinero entregado a la empresa por cada uno de los compradores. Durante el Gobierno de Adolfo Suárez, con Jesús Sancho Rof como ministro de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), se llegó a un principio de acuerdo para facilitar ayudas económicas a los afectados, pero no fue después mantenido por el Gobierno de Calvo Sotelo, con Luis Ortiz al frente del departamento. Al contrario, a la pregunta parlamentaria presentada por el entonces diputado socialista Juan Barranco, hoy primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno contestó que en la gestión de Promocisa se habían apreciado problemas económicos, pero no irregularidades.

Actualmente, el titular del MOPU, Julián Campo, tiene ya terminado un borrador de acuerdo que ha sido presentado al vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, para su estudio y posible aprobación en Consejo de Ministros. El acuerdo, del que no se conocen sus puntos concretos pero sí sus líneas generales, establecerá, en caso de ser aprobado, que el Gobierno devuelva las cantidades pagadas por cada comprador -cerca de 1.200.000 pesetas, por término medio- más un interés anual del 6%. A cambio, el Gobierno se hará cargo del patrimonio de Promocisa, incluidos los solares adquiridos por la empresa, que pueden ser utilizados para la construcción de viviendas de protección oficial, de forma que la Administración del Estado obtenga un beneficio social como contraprestación.

Lagunas legales

El abogado de la Asociación de Afectados, Manuel Matamoros, hizo hincapié en las lagunas que presenta la actual Ley 57/1968, de 27 de junio, así como la desidia de la Administración para hacer cumplir la ley, como factores esenciales que permitieron las actuaciones de Promocisa.El abogado mostró su satisfacción por el auto de procesamiento dictado por el juez José María Gil, de quien alabó la preocupación mostrada desde que, hace un año, se hizo cargo del caso, para agilizar los trámites e ir al fondo de las investigaciones.