La CEE exige el "desmantelamiento progresivo" en cinco años, a partir de la adhesión, de los monopolios de Campsa y Tabacalera

La CEE exige que España proceda al desmantelamiento progresivo" de sus dos monopolios comerciales, Campsa y Tabacalera, en un plazo máximo de cinco años a raíz de la echa de adhesión así como el libre acceso de las multinacionales de los estados miembros a la distribución y venta de productos, tanto al por mayor como al detalle, según constata el último documento presentado por la Comisión Europea a la delegación española después ole la última sesión negociadora, celebrada el pasado 17 de mayo. España está previsto que presente sus puntos de vista sobre este asunto concreto en las negociaciones que hoy comienzan en Luxemburgo, en ausencia del ministro español de Asuntos Exteriores, Fernando Morán.

Los últimos planteamientos de la Comunidad Europea respecto a la necesaria adaptación a la normativa comunitaria del monopolio de distribución de carburantes, Campsa, parecen haber retrasado momentáneamente los trabajos que desarrollaba el Ministerio de Industria y Energía para reestructurar el subsector petrolero. Fuentes de Industria señalan, sin embargo, que el aparente retraso se debe más a la dedicación prioritaria del ministro, Carlos Solchaga, al problema de la reconversión que a las nuevas propuestas comunitarias.Las mismas fuentes indican que esta semana estaba previsto acelerar las gestiones realizadas hasta la fecha, cuya situación concreta parece ser la siguiente: Campsa, o una empresa mixta englobada en el ámbito del Instítuto Nacional de Hidrocarburos (INH), se hará cargo de la red primaria de oleoductos, ahora en manos del Patrimonio del Estado (organismo dependiente del Ministerio de Hacienda), y pasará a distribuir los productos petrolíferos desde las refinerías a los puntos de venta.

Las posiciones de la CEE

Las estaciones de servicio, cuya situación jurídica podrá mantenerse, tendrán autonomía para vender los productos al consumidor mediante el establecimiento de un contrato privado con las refinerías. Esta solución global dificulta enormemente el acceso de las multinacionales al mercado español.

El mencionado documento de la CEE ha sido calificado de "bastante duro" y de "primera bofetada" de la comunidad por fuentes relacionadas con el sector de hidrocarburos porque, de hecho, abre una cuestión que había quedado casi zanjada en el primer semestre del pasado año. Ahora, la comunidad trata de acortar a cinco años el período transitorio para la "desaparición progresiva" de los dos monopolios comerciales existentes (Campsa y Tabacalera) que, previamente, había quedado pendiente de "definición ulterior". A este respecto, el documento es una respuesta a los que la delegación española presentó, el 28 de enero de este año y el 22 de febrero último, relativos a ambos monopolios.

En esencia, el documento exige, en relación a Campsa y Tabacalera que, de acuerdo al artículo 37, párrafo 1, del Tratado de Roma, la exclusión de toda discriminación entre los residentes de los estados miembros en las condiciones de abastecimientos y de ventas (...) antes del fin de la duración de la aplicación de las medidas transitorias". Es decir, una libertad comercial que surpima "Ios derechos exclusivos a la importación, exportación y comercio en general de los productos procedentes de los otros Estados miembros de la CEE"; "la abolición de los derechos exclusivos de importación" por medio de contigentes anuales progresivos y graduales" y "la apertura de estos contigentes a todos los operadores sin restricción".

Asimismo, el documento señala que Ios productos importados, en el marco de estos contigentes, no podrán ser asumidos en España bajo derechos exclusivos de comercialización a nivel de comercio al por mayor". "El volumen inicial de estos contigentes será fijado en volumen (peso y número) y la tasa mínima anual de aumento de estos contigentes será del 20% al comienzo de cada año". "Los importes de los contigentes de base deberán ser por lo menos equivalentes al 6% de la producción nacional española".

Monopolio petrolero

En el tema del monopolio de petróleos, la Comunidad establece dos principios básicos, tras aplicar implictamente a Campsa todo lo que pueda afectarle de lo expresado anteriormente con relación al monopolio tabacalero. En primer lugar, el documento señala que el cumplimiento de la misión fiscal que desempeña "no parece que pueda entrar en contradicción con la aplicación de las reglas del Tratado de Roma y, sobre todo, por la aplicación de las reglas de la competencia". Medios familiarizados con el problema interpretan esta frase como una aceptación explícita del monopolio fiscal.

Y, en segundo lugar, la CEE recuerda específicamente la resolución del Consejo Europeo del 17 de diciembre de 1974, donde se recomienda a los países miembros la necesidad de una política de precios "basada en la competencia". También insiste la Comunidad en que el compromiso español de "dar acceso en el período de transición a las actividades de refino, importación y distribución al detalle de los productos petrolíferos" debe basarse en la "abolición progresiva" de todos los obstáculos a la competencia procedente de los Estados miembros, no solamente referido al comercio al detalle, (estaciones de servicio) sino también en el comercio al por mayor.

En este último punto, la referencia a la solución que se de a la red de oleoductos parece directa y se le recuerda a España las condiciones anteriormente expresadas referente al libre acceso de los sujetos o residentes (lease multinacionales) al libre suministro y venta de productos.

Por último, la CEE parece aceptar, en principio, la precisión española respecto a la cuota de comercio en la importación de crudos. Pero señala a continuación que sólo "si se trata de la constitución de una reserva estratégica", ya que, si, por el contrario, es una "reserva en beneficio del Estado de la importación de una cierta cantidad de crudo, será necesario analizarlo de nuevo a la luz del artículo 37, párrafo 1"