Más allá del contrabando

LA FALTA de celo de las autoridades -cuando no su complicidad- y el desarrollo masivo de formas de economía sumergida han producido en Galicia redes mafiosas de considerable importancia. Hasta la aprobación de la ley anticontrabando de 1982, el comercio clandestino no tuvo la consideración de delito y, por tanto, nadie fue a la cárcel; las sanciones eran meramente pecuniarias y los infractores podían burlarlas por el procedimiento de declararse insolventes. Al amparo de otras condiciones favorables -costas muy recortadas y disponibilidad de marineros a causa de la crisis pesquera-, el sur de Galicia llegó así a convertirse en una puerta de entrada de mercancías de forma ilegal, principalmente tabaco.La corrupción administrativa ha campado, mientras tanto, por sus respetos. Favorecida por la despreocupación de los responsables políticos, miembros de la Guardia Civil y otros funcionarios aceptaron sobornos e incluso participaron activamente en el tráfico. La depuración de la Guardia Civil sólo se produjo después de un relevo en la jefatura de la Comandancia de Pontevedra y de la llegada a la provincia del primer gobernador socialista. Sorprende que los cambios de autoridades sean sólo una mera coincidencia con los arrestos de miembros de las fuerzas de seguridad y las primeras detenciones de civiles. Cuando menos, el Gobierno anterior y sus representantes en Galicia pueden ser acusados de,falta de celo, aunque la destrucción de UCD como partido hace que ni siquiera el PSOE se moleste ahora en investigar a fondo tales responsabilidades.

Por el contrario, los dirigentes del Partido Socialista en Galicia denuncian conexiones entre caciquismo y contrabando. Hasta ahora los caciques tenían la protección de la Administración y se apoyaban en la ignorancia del pueblo, sometido a la acción de personas que "dan de favor lo que es de justicia". Ahora que las autoridades tratan de cortar los lazos con el caciquismo, éste encuentra nuevos apoyos en la mafia del contrabando. Pero no por eso ha abandonado su actividad política. La cuestión reside en que ningún partido político que se precie puede captar sus electores utilizando redes de apoyo caciquiles, cuyas conexiones con el submundo de la realidad a veces se desconocen. Por eso, tras la puesta en marcha de la operación anticontrabando, cabe exigir que todo ello no quede en una simple campaña o en un intento de disminuir el volumen del fraude a la Hacienda pública. Cuesta creer que simples guardias civiles o jefes de puesto de menor rango puedan haber caído en las redes de la mafia sin más altas complicidades. Hay que investigar los patrimonios de personas sin ingresos legales y a las entidades financieras que hayan apoyado una gestión comercial tan importante como la que el volumen de contrabando requiere, realizada en condiciones que exigen inmediata liquidez.

El contrabandista no está socialmente mal visto del todo en Galicia, porque, legal o no, la fuente de ingresos de decenas de miles de personas procede del comercio ilegal. El Gobierno está obligado a buscar soluciones para evitar la depresión económica de las rías y a conducirse con prudencia para atajar el peligro de estallidos de orden público. Pero ello no debe ser obstáculo para proseguir activamente la investigación abierta, que según medios oficiales afecta a 500 personas, así como a difundir los nombres de los principales responsables. El ruidoso silencio del Gobierno autónomo gallego en todo este tema es cuando menos una falta de tacto político. El señor Fernández Albor preside su ejecutivo para algo más que los actos protocolarios: está sentado sobre una región minada por la economía paralela, el fraude y la corrupción de sectores tan adulados y supuestamente apoyados por su partido como las Fuerzas de Orden Público. Pero lo que los gallegos se preguntan y los españoles todos tienen derecho a saber es quién está detrás de todo esto.