Desacuerdos en Seguridad Social, empleo, universidad y policía

Las entrevistas del ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, tienen como objetivo abrir una vía de diálogo con el Gobierno vasco para tratar, entre otros temas, de desbloquear el proceso de transferencias y allanar el camino para que antes del verano pueda quedar listo un paquete de materias importantes para traspasar a la Comunidad Autónoma Vasca que aún presentan dificultades en cuanto a su materialización. Son más de 40 materias cuyos traspasos estaban previstos para el primer semestre de este año.En prácticamente ninguna de estas materias hay acuerdos sustanciales como para pensar que puedan ser transferidas en breve. De entre ellas destaca por su importancia y complejidad la de Seguridad Social, referida al traspaso de competencias del Insalud, Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso) e Instituto Nacional de la Seguridad Social. (INSS). En el traspaso de estas materias desempeña un papel determinante el aspecto económico.

El Gobierno vasco considera que, de acuerdo con la disposición adicional quinta del Estatuto de Autonomía, debe existir un convenio entre la Administración central y la autónoma vasca para la gestión por parte de esta última del régimen económico de la Seguridad Social. Para el Gobierno vasco, ello implica la facultad de recaudar las cotizaciones y, por tanto, la existencia de una caja específica de la Administración vasca. El Gobierno central no está dispuesto a aceptar esta posibilidad, y ha propuesto que en ese convenio se establezca el compromiso de proporcionar al Gobierno vasco los medios económicos -"tantos como precise"- para que pueda asumir las competencias del Insalud. El Gobierno central considera que el concepto de caja única de la Seguridad Social para todo el Estado debe mantenerse a rajatabla.

Tomás de la Quadra afirmó el miércoles en Madrid, a este respecto: "Si el Gobierno vasco aceptara la transferencia del Insalud tal y como se la hemos ofertado, el techo de las transferencias asumidas por la Comunidad Autónoma Vasca se situaría en el 90%".

Otras materias sobre las que hasta ahora no se ha logrado un acuerdo, son: investigación (científica y aplicada), política de empleo (expedientes de regulación de empleo y competencias del Inem r6eridas a formación profesional y oficinas de empleo), autonomía universitaria, estadística propia y obras hidráulicas.

Las competencias policiales

En las entrevistas que han mantenido en Ajuria-Enea Carlos Garaikoetxea y Mario Fernández con el ministro de Administración Territorial se habló en extenso de otro tema que preocupa al Gobierno vasco: la policía autónoma. Los Gobiernos central y vasco no se ponen de acuerdo en la delimitación de las competencias de dicho cuerpo -que hoy sólo tiene funciones de vigilancia de edificios y de tráfico- y de las fuerzas de seguridad del Estado. La clave de la controversia radica en el significado de "los servicios policiales de carácter extra y supracomunitarios" que el Estatuto de Guernica asigna a las fuerzas de seguridad del Estado. Para el Gobierno central, ello implica competencias, en algunos casos, en materia de orden público, cuyo mantenimiento otorga el estatuto vasco en exclusiva a la policía autónoma.

No se descarta que en Ajuria Enea se hayan puesto sobre la mesa las diferencias existentes entre ambos Gobiernos en materia económica. El cálculo del cupo con el que debe contribuir la Comunidad Autónoma Vasca a las cargas generales del Estado y pagar los servicios del Estado que no le han sido transferidos es motivo de conflicto entre ambas partes. Lo es también la partida que del Fondo de Compensación Interterritorial -que la semana pasada entró para su tramitación en el Senado- irá destinada a la Comunidad Autónoma Vasca.