Algunos sectores de funcionarios de prisiones no han asimilado el cambio, afirma Martínez Zato

"El problema penitenciario no es un problema de Gobierno, sino de Estado. No se pueden utilizar las cárceles como arma arrojadiza contra el Gobierno". El director general de Instituciones Penitenciarias, Juan José Martínez Zato, considera una "manipulación" decir que la situación en las cárceles españolas es tan mala como en los peores tiempos: "Ahora no es como hace cinco o seis años; en estos momentos, la tranquilidad es absoluta en 78 centros penitenciarios y sólo otros dos, la Modelo de Barcelona y Carabanchel, suscitan preocupación".

F. J. En declaraciones a EL PAÍS, horas antes de que representantes del Cuerpo Especial de Prisiones anunciasen una huelga total para el próximo día 27, Martínez Zato admitió que "determinados sectores del funcionariado parecen haber sufrido un shock ante las innovaciones registradas en los últimos meses; tal vez no estén acostumbrados a mi lenguaje, claro, directo, fácilmente inteligible". El director general de prisiones se declara "convencido de la honestidad de la inmensa mayoría de los funcionarios, pero, como ocurre en todo colectivo numeroso, hay siempre una minoría que comete actos reprobables, y yo no estaba dispuesto a pasar por ahí".

"No sé si este malestar tiene motivaciones políticas; ellos aseguran que no, y yo quiero creerlo así, aunque, en una reunión mantenida con ellos la semana pasada, junto a las reivindicaciones económicas, hicieron mucho hincapié en los ceses y nombramientos. Tal vez aun no estemos habituados a la práctica democrática, porque lo normal es que los cargos de confianza, sean del cuerpo que sean, se pongan a disposición cuando entra un nuevo equipo". Martínez Zato insiste en que siempre ha procurado nombrar a los cargos más idóneos: "Ellos reivindican la inamovilidad y la independencia de los cargos directivos de prisiones. Pero yo les he puesto de relieve que en este país, como en todo país democrático, sólo hay unos funcionarios que son absolutamente independientes, los representates del Poder Judicial. El resto son funcionarios de la Administración y, por tanto, no son ni independientes ni inamovibles, y pueden ser objeto de revisión, en cuanto que cargos de confianza, por parte del Gobierno.

'El director de los presos'

Abundando en el tema, Martínez Zato destacó que, en sus visitas a 32 centros penitenciarios, varios de los cuales han cambiado de director, "los internos se han manifestado, en general, contentos con los cambios producidos. Mereciéndome el mayor respeto las personas relevadas, es evidente que no ha habido ninguna marcha atrás, sino todo lo contrario".

"Quiero creer que la mayoría de los funcionarios quiere la reforma penitenciaria. Porque, en este país, todos hablan de reforma y luego cuando la reforma le llega a uno surgen los conflictos". Martínez Zato se manifiesta orgulloso de haber creado "comisiones de presos" para fomentar el diálogo entre éstos y las autoridades penitenciarias. "Sectores minoritarios me achacan ser el director general de presos, dejando entrever que no me preocupo de los funcionarios; eso es absurdo porque, si el objetivo de la institución penitenciaria es ayudar a los internos, hay que contar para ello con los funcionarios".

Otro avance registrado durante su mandato es, según Martínez Zato, el proyecto de modificación urgente del reglamento penitenciario, ya que el actual no se adapta al espíritu de la Ley General Penitenciaria. Este proyecto será enviado, dentro de pocos días, al consejo de Estado y al Consejo General del Poder judicial. También considera un avance la disminución de los presos preventivos, que constituía un 50,5% al tomar posesión y hoy se ha reducido al 39%. Ello ha hecho que el total de la población reclusa baje de 23.700 a 20.500 individuos, de acuerdo con los datos más recientes. La droga -"un problema que tienen todas las prisiones de Europa"- y el hacinamiento son, en su opinión, las principales razones de los conflictos en Carabanchel y en la Modelo de Barcelona. El director de ésta última, Bartolomé Moreno, ha solicitado el relevo "por razones personales y pese a contar con toda mi confianza". La construcción de nuevos centros -se ha iniciado ya la de 15, y otros tantos están en proyecto- y una restricción en la entrada de paquetes a los presos disminuirá, espera Martínez Zato, ambos problemas.

Por lo que se refiere al comportamiento de los reclusos, el director general dice "no estar dispuesto a que 500 o 700 presos, de un total de más de 20.000, implanten la ley de la selva". "El comporta miento de la inmensa mayoría de la población reclusa es correcto, aunque algún tipo de interne, pare ce haber creído que, con la llegada de los socialistas, aquí cada cual iba a campar por sus respetos".