TRIBUNALES

El padre de Julio Iglesias renuncia a ser indemnizado y elogia en el juicio a una de sus secuestradoras

El doctor Julio Iglesias Puga, padre del cantante Julio Iglesias, no reconoció ayer a sus presuntos secuestradores, renunció a cualquier tipo de indemnización económica que le pudiera corresponder y se deshizo en elogios hacia una de las acusadas. Todas estas manifestaciones las hizo el doctor Julio Iglesias ante la sección segunda de lo penal de la Audiencia Nacional, en el transcurso del juicio oral celebrado contra seis presuntos militantes de la organización terrorista ETA Político-militar acusados de haberlo mantenido secuestrado del 29 de diciembre de 1981 al 17 de enero de 1982. El fiscal reclamaba para los procesados penas que oscilaban entre 8 y 15 años de prisión así como cinco millones de indemnización para la víctima.

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La renuncia del doctor Julio iglesias Puga se produjo exactamente cinco meses después de qué el futbolista Enrique Castro Quini compareciese ante la Audiencia Provincial de Barcelona -13 de enero de 1983- para perdonar a sus secuestradores y rechazar cualquier tipo de indemnización que pudiera corresponderle por los sufrimientos pasados en su cautiverio. Podrían ser las secuelas de lo que los psicólogos han bautizado con el nombre del síndrome de Estocolmo, por el que la víctima secuestrada acaba estableciendo una corriente de simpatía y de comprensión hacia sus aprehensores.La teatral renuncia del doctor Julio Iglesias a los cinco millones de pesetas que en su favor había solicitado el fiscal tuvo lugar a las 12.30 del mediodía, cuando habían sido interrogado ya a los seis procesados: Juan Gregorio Egusquizaga, Jesús Urrutia, Gloria Gutiérrez, Alberto Mendiguren, Baltasar Calvo y José Luis Gutiérrez. Unánimemente, y de manera monotona, los acusados habían asegurado no saber nada del hecho, a pesar de que cuatro de ellos habían sido detenidos en la madrugada del 17 de enero de 1982, por los GEO, en el pueblecito de Trasmoz (Zaragoza), en la misma casa en que se encontraba el secuestrado, y que otro de los procesados había sido aprehendido en Axpe (Vizcaya) con una carta del doctor Iglesias dirigida a sus familiares.

El testimonio de los procesados fue tan sorprendente como la declaración del doctor Julio Iglesias Puga. De pie en el centro de la sala, empezó asegurando que no reconocía a ninguno de los acusados, para a continuación contradecirse y asegurar que la procesada Gloria Gutiérrez "era una chica adorable" y que le había "servido amablemente" el tiempo de su cautiverio. El doctor Iglesias Puga continuó desmintiendo que sus guardianes le requirieran 20.000 pesetas para lavar su ropa, y añadió que esta cantidad la había dado motu propio para comprar ropa interior de invierno.

Una carta en Líbano

A través del testimonio del padre de Julio Iglesias se descubrieron también algunos aspectos secretos de su secuestro, como esa carta que fue entregada en Líbano, en una sucursal de la casa discográfica CBS -en la que graba Julio Iglesias-, en la que se pedía el rescate, o esas otras dos cartas escritas por el propio secuestrado y encabezadas con una información publicada en su día por el diario Abc y cerradas con unas frases lacónicas y emotivas recordando "mi amor y mi cariño eterno".Todas estas declaraciones fueron calificadas por el ministerio fiscal como sorprendentes. Textualmente, el representante del ministerio público aseguró que "lo que hemos oído aquí nos ha llenado de asombro y de sorpresa", y que se habían dado "versiones inverosímiles". Se refería el fiscal no sólo a las declaraciones de la víctima, sino también a las de los seis imputados, que habían negado lo que que confesaron en su día ante la policía y el juez. Pero aun así, el acusador continuó reclamando para los procesados que se les aplicase el artículo 480 del Código Penal, con las agravantes establecidas en los párrafos primero y segundo del 481, al haber exigido un rescate y retenido a la víctima durante más de 15 días. Para cuatro de los procesados, el fiscal pidió una pena de once años de prisión por un delito de detención ilegal; para Baltasar Calvo reclamó ocho, por considerarlo colaborador, y para José Luis Gutiérrez pidió quince al considerarle reincidente, por haber participado con anterioridad en el secuestro del industrial valenciano Luis Suñer. El fiscal retiró la reclamación de cinco millones de pesetas planteada en favor del secuestrado, por haberlo hecho así previamente el afectado.

Por su parte los abogados defensores reclamaron la libre absolución, basándose en supuestos malos tratos y en las presuntas irregularidades procesales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 13 de junio de 1983.

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