El Tribunal Marítimo Central estudió ayer el caso

Los miembros del Tribunal Marítimo Central se reunieron ayer en Madrid, en sesiones de mañana y tarde, con el objeto de estudiar los problemas jurídicos planteados tras el salvamento del Harrier británico por el carguero español Alraigo. Según expertos consultados por este periódico, la primera decisión de los jueces deberá consistir en señalar qué tribunal tiene competencia sobre el hecho. El Tribunal Marítimo está presidido por el almirante Juan Carlos Muñoz-Delgado, y en el mismo figuran dos capitanes de navio, cinco coroneles auditores y un representante de la Marina Mercante.Fuentes de la naviera García Miñaur, propietaria del buque, señalaron ayer que las partes implicadas en el problema discrepan sobre los tribunales que deben juzgar los hechos. En opinión de la naviera, los tribunales españoles, y concretamente el Tríbunal Marítimo Central, tiene competencia sobre el caso. Sin embargo, los negociadores ingleses entienden que los jueces británicos también pueden intervenir o, posiblemente, un tercer tribunal internacional.

Los informadores de la naviera han indicado que la solución jurídica del tema presenta numerosas complicaciones, fundamentalmente derivadas del hecho de que el bien salvado es un aparato de guerra perteneciente a la corona británica.

A estas complicaciones, se suma el hecho de que tanto Gran Bretaña como España son países pertenecientes a la OTAN. En este contexto, sin embargo, los propietarios del buque se han mostrado reacios a entregar el avión a la Armada inglesa, sin antes acordar la indemnización o premio que les corresponde. Según fuentes informadas, autoridades del gobierno británico ya han tomado contacto con representantes del Gobierno español, con objeto de que el aparato sea entregado cuanto antes a los militares ingleses, al margen de que, con posterioridad, sea negociada la indemnización.

En el caso de que el problema sea tratado por los tribunales españoles, técnicos del Ministerio de Transportes opinan que será aplicada la Ley Reguladora de los auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimas, aprobada en 1962. De acuerdo con esta ley, a los tripulantes y propietarios del buque podría corresponderles hasta la mitad del precio del avión, valorado en siete millones de libras, es decir, unos 1.500 millones de pesetas.