El Grupo Popular no logró suprimir la subvención a las centrales fijada en los presupuestos

La primera semana de debates presupuestarios en el Pleno del Congreso, que continuarán el martes próximo, concluyó con el análisis de las secciones correspondientes a Trabajo y Seguridad Social e Industria y Energía, que se aprobaron sin que prosperara ninguna de las enmiendas defendidas. La mayor discusión la suscitó una partida de 896 millones de pesetas, para las centrales sindicales más representativas, cuya supresión fue solicitada, sin éxito, por el Grupo Popular.El diputado de este grupo, Juan Molina, se opuso a esta subvención por estimar que quedarían discriminadas las organizaciones sindicales no mayoritarias y los trabajadores no sindicados. Recordó a este respecto la posible violación del artículo 14 de la Constitución, que establece la igualdad de todos los españoles ante la ley, en combinación con el 28, que determina que "nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato". Invocó también las recomendaciones de la organización Internacional de Trabajo (OIT),

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia, contestó, desde su escaño, que financiar las actividades de las centrales sindicales es perfectamente legal y que ya lo venían haciendo los anteriores gobiernos democráticos. Señaló que en la situación española, cuando el ejercicio de la libertad sindical no fue precisamente fácil durante lustros, está todavía más justificada la subvención. Añadió que para la OIT esta ayuda económica no solo es legal sino deseable.

Molina insistió en que el proyecto gubernamental justifica esta partida en la "consolidación sindical" expresión demasiado abstracta que dificultará el control sobre la inversión de esos fondos públicos. El socialista Francisco Arnau contestó recomendando al diputado del Grupo Popular que leyera el texto de la enmienda socialista aprobada en comisión, que sustituye la referencia genérica a la "consolidación sindical" por otra más precisa que vincula la subvención a "la realización de actividades socioculturales, promoción de los trabajadores, organización de actividades de carácter formativo y otras dentro de los fines propios" de las centrales sindicales. La enmienda que solicitaba la supresión de esta partida fue rechazada con 49 votos favorables, 169 en contra y siete abstenciones. Las restantes enmiendas a esta sección fueron asimismo rechazadas y se aprobó por último la asignación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de más de 621.611 millones de pesetas por 171 votos favorables, 58 en contra y cuatro abstenciones. Seguidamente se aprobó la sección 20, correspondiente a Industria y Energía, por 178 votos favorables, 49 en contra y 11 abstenciones.

La enmienda del Grupo Popular a la totalidad, de esta sección fue defendida por Javier González Estefani, quien solicitó más ayuda para la pequeña y mediana empresa, e hizo un análisis de la política industrial del Gobierno. Cuando pidió valentía, al gabinete socialista para aumentar las ayudas a este tipo de empresas y puso como ejemplo de la. comprensión que el pueblo suele tener con esta actitud pública a Margaret Thatcher y su reciente victoria electoral, el presidente de la Cámara, Gregorio Peces-Barba le llamó a la cuestión.