El capitán Francisco Dusmet puede ser sancionado con un arresto de dos a seis meses

El capitán Francisco Dusmet García-Figueras, condenado a dos años de prisión por su participación en el frustrado golpe de Estado del 23-F, puede ser sancionado por la autoridad judicial militar a un arresto mínimo de dos meses y máximo de seis, ya que el capitán general de Madrid ha ordenado la apertura de un expediente judicial por posible falta grave, a raíz de la carta publicada por el oficial golpista en El Alcázar el pasado jueves. Por su parte, el teniente general Fernando de Santiago comenzó ayer a cumplir el arresto de siete días que le fue impuesto por la comisión de una falta leve, debido a otro artículo publicado el pasado miércoles en el mismo diario.

La sanción al teniente general Fernando de Santiago fue dictada por el propio ministro de Defensa, Narcís Serra, quien la comunicó en la tarde del jueves al jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Ramón Ascanio, y éste al afectado. De Santiago tendrá que cumplir el arresto en su domicilio, situado en el paseo de Eduardo Dato, de Madrid. A lo largo de la jornada de ayer, un informador de EL PAIS se puso en contacto telefónico con la casa del arrestado. En ambas ocasiones, una mujer que se identificó como la secretaria del general afirmó que el militar sancionado se había desplazado por carretera a Alicante, "para almorzar con el ministro de Defensa y con el Rey". Frente a la incredulidad mostrada por el periodista, la mujer repitió su mensaje con total naturalidad.Sin embargo, la agencia Efe, en una noticia fechada a mediodía de ayer en Madrid, difundió unas breves declaraciones del propio De Santiago, quien aseguró que en su momento comentará los hechos. Respecto a la posibilidad de recurrir contra el arresto, el ex vicepresidente del Gobierno y co defensor en el juicio por el 23-F dijo: "Eso no lo sabe más que Dios".

En cuanto al capitán Francisco Dusmet, el capitán general de Madrid, teniente general Rafael Allendesalazar, ordenó la apertura de un expediente judicial por presunta falta grave. Paralelamente, el capitán general decretó el arresto preventivo del capitán golpista, en cuya situación permanecerá hasta que el juez instructor, coronel Muñoz, tome la decisión correspondiente. Las sanciones que fija el artículo 415 del Código de Justicia Militar para las faltas graves cometidas por oficiales y suboficiales oscilan entre los dos y los seis meses de arresto.

Con anterioridad a la fijación de la sanción concreta, el capitán Dusmet será interrogado por el juez militar. Por otro lado, es muy posible que el capitán golpista, en calidad de arrestado preventivamente, sea conducido en las próximas horas a un establecimiento militar. En la actualidad, y desde que en febrero último abandonó la prisión militar de Alcalá al cumplir los dos años de prisión que le había impuesto el Consejo Supremo de Justicia Militar, el capitán se encontraba en situación de disponible.

En relación con ambas medidas, el portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, manifestó ayer que el Ejecutivo defenderá la Constitución y no permitirá ninguna maniobra involucionista. Asimismo, el Partido Comunista difundió ayer un comunicado, en el que valora positivamente la decisión del ministro de Defensa. En el ámbito castrense, sin embargo, ni los artículos publicados en El Alcázar ni las correspondientes sanciones "originaron la más mínima preocupación", según aseguraron fuentes oficiales del Ministerio de Defensa.

Investigación en Defensa

Por otra parte, el Ministerio de Defensa ha abierto una investigación para conocer posibles conexiones en la campaña iniciada esta misma semana sobre la situación de los condenados por el 23-F, en un momento en que tema estaba pasando prácticamente desapercibido para la opinión pública. La campaña, desarrollada fundamentalmente a través de El Alcázar, ha incluido artículos; o cartas de De Santiago, Dusmet, José Ignacio San Martín, así como informaciones y comentarios de periodistas y columnistas del diario ultradrechista.Según fuentes del departamento de Defensa, las iníciales sospechas sobre la organización de la campaña apuntan a varios abogados de los condenados. Hoy mismo, el abogado defensor de Milans, Santiago Segura, tiene previsto enviar al Rey, al ministro de Defensa y al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar un escrito de protesta por entender que su defendido no puede estar recluido en un castillo, sino en una penitenciaria militar. Igualmente, Segura cree que el ex general Alfonso Armada está teniendo un trato de favor en comparación con el resto de condenados, ya que el lugar fijado para su reclusión (la prisión de Alcalá de Henares) está próximo al lugar de residencia de sus familiares.

El director de El Alcázar, Antonio Izquierdo, publicó ayer un comentario en el periódico, que inicia con estas palabras: "Lo previsto: los medios de comunicación, pregoneros de la libertad, del derecho de expresión (...), los defensores de lesbianas y maricones (...), se han lanzado en un clamor de insultos, de injurias y descortesías, porque El Alcázar ha acogido en sus páginas los testimonios de solidaridad de un grupo de militares que se quejan, razonablemente, civilizadamente, constitucionalmente, de las condiciones carcelarias que sufren los hombres del 23 de febrero". Precisa que los "caballeros" del 23-F participaron en unos hechos "que no originaron el menor quebranto a la colectividad de nuestro pueblo", añade que su periódico seguirá diciendo "lo que le venga en gana" sobre los condenados y finaliza: "Somos ultraliberales, ultraindependientes, ultrahonrados, ultraperiodistas, ultracaballeros y ultraespañoles".