La Junta considera innegociables sus derechos sobre la Alhambra granadina

El consejero de Cultura del Gobierno andaluz, Rafael Román, reconoció en el Pleno del Parlamento autónomo que persisten las diferencias entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura sobre la titularidad de la Albambra de Granada, que ambas instancias de poder pretenden asegurarse. El ejecutivo andaluz considera innegociable su derecho a que le sea asignado este monumento nacional y está dispuesto a acudir, si es preciso, al Consejo de Estado, al Tribunal Supremo, o al Tribunal Constitucional para hacer valer este derecho.

En respuesta a sendas preguntas formuladas por representantes del PCA y del PSA, Román destacó que el Ministerio de Cultura había hecho sucesivas concesiones a la Administración autonómica en los tres borradores de decreto sobre transferencias que hasta ahora se han venido examinando, pero que persiste la negativa rotunda de las autoridades centrales a transferir a la Junta de Andalucía la titularidad sobre la Alhambra granadina, uno de los conjuntos arquitectónicos más representativos del pasado andaluz.Para el consejero, el texto del Estatuto de Autonomía de Andalucía es rotundo al atribuir a la Junta todas las competencias relativas al patrimonio histórico, artístico y monumental. "En virtud de ello", afirmó, "el Gobierno andaluz no va a aceptar ninguna solución que no responda a este mandato estatutario". Hizo referencia, asimismo, a la campaña orquestada en diversos medios de comunicación desde una óptica ferozmente centralista contra este objetivo del Gobierno, autónomo, en c1,ara alusión a la toma de postura del ex director general de Bellas Artes, Javier Tusell, que había apoyado plenamente la postura del Ministerio de Cultura en este asunto, al tiempo que se burlaba de las conmemoraciones que la Junta de Andalucía organiza en torno a la figura de Blas Infante.

Rafael Román aseguró, "con toda contundencia", que la Junta de Andalucía rechazará todo intento de resolver este tema mediante un decreto del poder central y confesó "no entender que el Estado pueda comportarse en esta cuestión como un particular". El Gobierno andaluz recurrirá a las más altas instancias jurídicas de la nación si fuese preciso.