El PSOE se opuso a los intentos de cambiar el reparto de 210.000 millones a los ayuntamientos

El Grupo Popular, seguido por las minorías vasca y catalana y el grupo centrista, intentó ayer sin éxito cambiar los criterios de reparto de los 210.000 millones de pesetas que recibirán este año del Estado los ayuntamientos. En algo menos de ocho horas, la Comisión de Presupuestos del Congreso dictaminó todos los artículos del proyecto de ley de presupuestos para 1983, una vez aprobados el día anterior los diez primeros, relativos a salarios. Los socialistas aplicaron su mayoría para derrotar toda ennu*enda con trascendencia económica. El estudio de las partidas concretas empezó hacia las 20.00 horas, con objeto de que el texto pase al pleno la próxima semana. Todo hace suponer que ayuntamientos, impuestos y Seguridad Social serán las estrellas en el gran debate último.Del centenar aproximado de enmiendas votadas ayer -otras habían sido cercenadas en ponencia y el resto, hasta las 1.026, no salieron en comisión-, las admitidas por los socialistas son fundamentalmente de carácter técñico. El más afortunado fue Miguel Bravo de Laguna, centrista y subsecretario de Presupuestos en el Gobierno anterior. También el ex ministro Rodríguez Sahagún pudo encajar la obligación de que los nombres de los destinatarios de subastas del Estado sean enviados cada tres meses al Parlamento, aunque el diputado pretendía mensualmente. La Minoría Catalana, por su parte, vio aceptado que el esfuerzo fiscal de los ayuntamientos a la hora de recibir dinero del Estado, se mida por las tasas, además de por los impuestos directos e indirectos.

En el Pleno se sabrá el alcance de otras enmiendas. El grupo nacíonalista vasco, con apoyo del popular, se opuso a que la introducción de técnicas de muestreo en los actos de intervención general del Estado se haga por ley de presupuestos. Bravo de Laguna impugnó el intento vasco de que el control financiero de Hacienda se limite, además a los entes públicos creados en el ámbito del Estado, lo que podría dejar fuera del mismo, por ejemplo, a RTVE y Banco de España.

El debate mantenido con mayor interés por los miembros de la comisión se centró en el dinero para ayuntamientos y autonomías, que ascenderá a casi 600.000 millones de pesetas. De ellos, más de 210.000 millones irán a corporaciones locales, 204.000 a la inversión pública del Fondo de Cooperación Interterritoriál (el 40% de toda la nueva, excluida la de defensa) y 145.000 millones para cubrir, competencias y personal pasado a las autonomías.

El Grupo Popular y las minorías trataron de que los ayuntamientos mayores reciban algo menos de lo previsto, en favor de los menores y medianos. Para ello, querían invertir los índices multiplicadores que repartirán el 75% de los 210.000 millones, en ftinción de la población (otro 25% dependerá del esfuerzo fiscal), según los cuales Madrid y Barcelona se llevan buena parte de los 70.000 millones de pesetas en que aumenta dicho fondo de cooperación municipal.

El socialista Fernández Marugán, quien llevó el peso del debate, argumentó en contra que la política de reforma de las haciendas locales tendrá tres pasos: hacer frente a las obligaciones futuras con un nuevo sistema tributario local que sustituya al actual, que ha llegado al límite y no genera nuevos ingresos; previamente, sanear dichas haciendas con un proyecto de ley que aprobará enseguida el Gobierno; y ahora, aumentar las trasferencias para que no ampeore la situación en las zonas urbanas, inclinadas a mayores gastos.

Olarte, del Grupo Vasco, y Gasóliva, del catalán, pidieron el automatismo en la asignación de la inversión pública descentralizada por el Fondo de Compensación Interterritorial ( los mencionados 204.000 millones de pesetas). Fernández Marugán replicó. que hay mecanismos de concertación y coordinación para asegurar que las transferencias de dinero se destinan a la realización de inversiones. Ante los recelos de los nacionalistas a que el PSOE quiera controlar la marcha de las autonomías, el diputado socialista contestó que gracias a su grupo estamos en el Estado de las autonomías. Los aliancistas se sumaron al grupo socialista para rechazar dichas enmiendas.

El comunista Pérez Royo propuso dos modificaciones en el impuesto sobre la renta con objeto de combatir el fraude, y otra más para implantar en 1983 un recargo excepcional del 20%, sobre las cuotas que excedan de 400.000 pesetas, equivalentes a ingresos anuales superiores a dos millones. Sin contestar al recuerdo del diputado sobre pasados objetivos die PSOE en torno a la lucha contra el fraude, el grupo socialista intentó un texto transaccional a la tercera propuesta, pero fue rechazado por el enmendante. El artículo en cuestión quedó aprobado con el refuerzo de los votos alíancistas.