Los presupuestos no incluyen los 50.000 millones requeridos por la administración de justicia

La comparecencia de altos cargos del Estado y de la Administración ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, para explicar partidas o detalles concretos en relación con los Presupuestos Generales del Estado para 1983, se inició ayer con la de un representante del Consejo General del Poder Judicial, que aseguró que el mínimo ético para el funcionamiento de la Justicia es de 50.000 millones de pesetas. El subsecretario de Justicia, Liborio Hierro, confirmó más tarde esa apreciación, y añadió que, aunque en los Presupuestos de este año no se ha alcanzado esa cifra, "estamos en el camino de lograrlo".

El diputado del Grupo Popular José María Ruiz Gallardón se interesó por el informe obligado del Consejo General del Poder Judicial, que no había llegado a la Cámara. Adolfo Carretero, que compareció en representación del presidente del alto órgano judicial, señaló que no existe un "informe formal", pero que podía darse traslado al Congreso de los dictámenes elaborados con ocasión de las reuniones celebradas con los representantes del Ministerio de Justicia para la preparación del Presupuesto.En cuanto a la existencia de una doble retribución para el presidente del Consejo General del Poder Judicial, por acumular también el cargo de presidente del Tribunal Supremo, Carretero dió cuenta de la posición del titular de ambos órganos, Federico Carlos Sainz de Robles, favorable a la supresión de una de las asignaciones. También el subsecretario de Justicia anticipó que no hay inconveniente en dar de baja una de las dos partidas, lo que provocó la satisfacción de Ruiz Gallardón, cuyo grupo tiene presentada una enmienda a los Presupuestos en ese sentido.

Sobre la base de la cifra de 50.000 millones de pesetas, estimada como necesaria por Adolfo Carretero para la administración de Justicia, Liborio Hierro dijo que su departamento está comprómetido a sacar a la Justicia de la situación miserable en que se ericuentra, como consecuencia de largos años de abandono, pero recordó que la situación del país no permite todo lo que se pretende. Señaló que algunas partidas, como las referentes a medios materiales, aumentan en un 300%.

Ruiz Gallardón dijo que el Ministerio de Justicia ha incumplido la promesa de incrementar su pre supuesto en un 25% y el de la administración de Justicia de un 35% a un 50%. Hierro contestó que no todas las propuestas pueden con vertirse en realidad y que, además, existen casi 2.000 millones de pe setas sin utilizar del año anterior. En cuanto a las plantillas, destacó que por primera vez va a superar se la previsión existente, para sa tisfacción del Consejo General del Poder Judicial. Se crearán nuevas salas y secciones y de los 80 nuevos juzgados, 56 entrarán en funcionamiento el 1 de junio.

El popular Gabriel Elorriaga preguntó al subsecretario de Defensa, Eduardo Serra, y a otros altos cargos del departamento sobre el incremento de los gastos de representación. Como ocurrió con la respuesta a dicha pregunta aplicada a otros ministerios, quedó claro que los supuestos aumentos sólo son cambios de concepto presupuestario y que impera un alto criterio de austeridad, llevado al extremo en la administración militar.

El centrista José Miguel Bravo de Laguna, ex subsecretario de Presupuestos, obtuvo una contradicción en las respuestas de dos de los comparecientes. Mientras que el gobernador del Banco de España se había mostrado contrario a la inclusión del presupuesto del Banco de España en los Presupuestos Generales del Estado.