Toda la confusión del mundo

LAS NOTICIAS acerca de la conjura contra el presidente Obiang desbaratada en la segunda semana de mayo han sido conocidas por los medios de comunicación españoles más de 10 días después de que se produjeran esos confusos sucesos. El rocambolesco incidente de la petición de asilo en nuestra Embajada en Malabo del sargento Venancio Miko, que había fracasado en sus anteriores intentos de encontrar refugio en otra residencia diplomática, al parecer la soviética, también fue mantenido en cuidadoso silencio, dadas las graves repercusiones del acontecimiento en las relaciones entre Guinea Ecuatorial y España. La breve visita a Malabo de nuestro ministro de Asuntos Exteriores, acompañado del subsecretario del departamento, se propuso probablemente paliar, con la espectacularidad del desplazamiento, la inconcebible parálisis de nuestra diplomacia, que hizo crisis hace pocos días, tras las fracasadas gestiones del director general de África para negociar la salida del país del sargento asilado en nuestra embajada.El viaje de Fernando Morán ha servido, en última instancia, para justificar o endulzar la entrega a las autoridades guineanas del sargento Miko mediante la solemne participacion en la operación de nuestro ministro de Asuntos Exteriores y la promesa del Gobierno guineano de que el asilado no será pasado por las armas. El dilema obligaba, ciertamente, a tener que elegir entre dos males. La protección diplomática española al refugiado amenazaba con deteriorar de forma definitiva las relaciones entre ambos países y con sentar un precedente que podría ser esgrimido en el futuro por otros ciudadanos guineanos. Pero la expulsión de nuestra embajada del sargento Miko, pese a las promesas que se ha traído de Malabo el ministro de Asuntos Exteriores, deja el regusto amargo de las decisiones adoptadas por las presiones ajenas y escasamente congruentes con los principios del asilo político.

Hay muchas cosas que explicar en esta historia. Y las tiene que explicar Fernando Morán en el Parlamento. La situación inestable de Guinea, sobradamente conocida por todos los observadores, convierte en una negligencia inadmisible que nuestra representación allí fuera, en estos momentos, sede vacante, ya que el anterior embajador abandonó Malabo hace casi dos meses. Este largo intervalo resulta tanto más sorprendente en cuanto Guinea Ecuatorial es el único país africano donde -por razones históricas, idiomáticas, culturales y económicas bien sabidas- la influencia española sigue siendo preponderante. Parece inadmisible que España, que dedica miles de millones de pesetas a la cooperación con Guinea Ecuatorial, no mantenga en ese país una estructura diplomática suficiente para que el Gobierno disponga de una información mínimamente fiable de lo que sucede. Por lo demás, las posibilidades de que las lagunas de nuestra burocracia exterior sean suplidas por otras fuentes de información han quedado anuladas mediante una obstrucción sistemática al trabajo de los periodistas españoles en aquel país. Sin embargo, los contribuyentes españoles, que saben muy poco acerca del uso y el destino que se está dando al dinero de la cooperación, tienen pleno derecho a recibir información fidedigna y exacta del destino de esos fondos sufragados por sus iinripuestos.

En Guinea Ecuatorial viven, dedicadas a los negocios o a misiones de cooperación, unas 300 familias españolas, cuya protección y arriparo es obligación ineludible de nuestro Gobierno. Empresas estatales -como Hispanoil y Adaro- han realizado importantes inversiones en su territorio. Algunos sectores de la opinión pública española pueden poner en duda ese destino manifiesto que obligaría al Gobierno de Felipe Gonzalez a continuar defendiendo un área de influencia española en el golfo de Guinea que hasta ahora nos ha conducido de sobresalto en sobresalto. Creemos, sin embargo, que el mantenimiento de la cooperación puede redundar en beneficio de ambas partes, siempre que nuestros compatriotas no corran los peligros que tuvieron que arrostrar durante la época de Macías. Pero, a la vez, la cobertura gubernamental dada a los ciudadanos españoles instalados en Guinea no debe interferirse con la soberanía del régimen de Malabo.

Varias son las preguntas que el Gobierno está obligado a responder en torno a los incidentes guineanos. ¿Cómo se explica que nuestra Embajada en Guinea Ecuatorial haya permanecido como sede vacante durante casi dos meses? ¿Cuál es la razón de que la dotación de nuestra representación diplomática en personal, material y protección sea tan pobre, en abierto contraste con la ayuda que allí dispensa el Tesoro Público? ¿Por qué la petición de asilo del sargento Miko en nuestra Embajada de Malabo tardó tanto tiempo en hacerse pública? Si la entrega del refugiado a las autoridades de su país es conforme con los hábitos diplomáticos y con la ley, ¿por qué no se hizo antes y con menor escándalo? Si el sargento, por el contrario, tuviera derecho moral al asilo, ¿cómo justificar su entrega? ¿Cuál es el verdadero significado político de la frustrada conspiración contra el presidente Obiang? ¿Quién la financió, quién la preparó, a qué intereses servía? ¿Qué ha contado a los funcionarios de la Embajada española el sargento refugiado? De ser cierta la inspiración del bloque soviético en la conjura, ¿qué justificación tendrían nuestras potenciadas relaciones con el régimen cubano, dedicado en tal caso a interferirse, al menos indirectamente, en intereses españoles en África? ¿Guarda alguna relación ese movimiento conspirativo con el incoado acercamiento de Guinea Ecuatorial al África francófona? ¿Y qué papel puede jugar toda esta historia en la inminente visita del propio Fernando Morán a la Unión Soviética?

Está fuera de duda que el ministro de Asuntos Exteriores no puede responder a estas interrogaciones en una conferencia de prensa. El Congreso de los Diputados es el único ámbito adecuado para que el Gobierno informe de lo que ha ocurrido en Malabo y explique las claves de nuestra política en Guinea. Un Pleno del Congreso sobre política exterior y de defensa, desde el viraje sobre la instalación de los misiles en Europa hasta la adquisición del FACA, pasando por el futuro de nuestra pertenencia a la OTAN y la estrategia española en Guinea y en el Magreb, es una de las asignaturas pendientes que el Gobierno de Felipe González no puede dejar para septiembre.