Campsa será, previsiblemente, la nueva empresa titular de la red primaria de oleoductos españoles

Las negociaciones que mantiene el Ministerio de Industria y Energía con el sector petrolero para la futura reordenación del mismo se encuentran muy avanzadas y podrían concluir en las dos próximas semanas con un acuerdo para el traspaso de la red primaria de oleoductos a Campsa y el establecimiento de un mecanismo legal para que esta empresa pierda, de cara a la integración en la Comunidad Económica Europea, el carácter de monopolio comercial que tiene desde su creación el 28 de junio de 1927. No obstante, el carácter secreto que ha impreso Carlos Solchaga a estas conversaciones, junto a la previsible privatización de la red primaria de transporte de petróleo que puede suponer su traspaso a Campsa, ha levantado algunas críticas encubiertas, algunas de determinados sectores de la propia central sindical socialista.

El paso de la red primaria de transporte de petróleo y productos derivados del Patrimonio del Estado, actual propietario, a una empresa del área del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), estaba contemplado en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Una vez cumplida la promesa de la nacionalización de la red eléctrica de alta tensión, el objetivo gubernamental parece ser el de cerrar el capítulo de hidrocarburos, racionalizando el sector en aquellos aspectos que sean inmediatos.Mientras el problema del gas queda pendiente de las negociaciones políticas que el Gobierno ha abierto con Argelia sobre suministros -negociaciones que se encuentran estancadas, ante la inflexibilidad de ambas posturas-, el subsector petrolero ha sentado, prácticamente, las bases para iniciar una acción inmediata en las próximas semanas. Carlos Solchaga ha celebrado ya varias reuniones con los máximos responsables de las empresas públicas y privadas encaminadas a este fin, la última, al parecer, el pasado sábado.

Monopolio comercial

A este respecto, fuentes solventes señalan que de las tres o cuatro alternativas que se analizaron para resolver el problema de Campsa -inevitable tras la previsible entrada de España en la CEE-, prácticamente se ha reducido a una, en la que Campsa conservaría de hecho el monopolio comercial que ahora posee tras una modificación legal de su contrato con el Estado (que data de 1927) y, mediante ley, pasar a ser titular y propietaria de la red de gasoductos.

Esta solución, que podría tener variaciones en relación a los puntos de venta finales (estaciones de servicio), permitiría, en primer lugar, la supervivencia como empresa de la compañía y, en último, el ahorro de tener que crear una nueva sociedad mixta, con mayoría de capital público, que ostentase la propiedad y gestión de la red de oleoductos. El carácter mixto de la empresa es fundamental ya que sólo en esas condiciones, según el Tratado de Roma que creó la CEE, se podría restringir el acceso de empresas no participantes en la compañía a la citada red.

Privatización de la red

Regulada por contrato privado la relación de las refinerías con la nueva Campsa, la empresa mixta siempre podría, legalmente, regular a su antojo sus relaciones con aquellas multinacionales que quieran tener acceso a la red de distribución española. Esta solución, muy parecida a la que tiene Francia, respeta las normas comunitarias y aleja los problemas de supervivencia y competencia con multinacionales que tiene planteados a medio plazo el refino español.

El único inconveniente que algunos medios ven a esta solución es la privatización de hecho que supone de un bien público como es la red de oleoductos. De ser propiedad exclusiva del Estado, la red pasaría ahora a manos de una sociedad mixta que, aunque integrada en el INH, posee una importante participación (46,6%) privada. Algunos expertos, sin embargo, señalan que esta solución es la menos mala, ya que la privatización significaría unos ingresos para el Estado del orden de los 70.000 millones de peset as (y no 240.000 millones, como algunos medios han señalado), en concepto de pago al Patrimonio por la red, al tiempo que daría argumentos legales para dosificar el acceso de las multinacionales a la distribución.

En otro orden de cosas, no se descarta que el acuerdo del sector de refino con el Ministerio de Industria incluya algún tipo de entendimiento sobre lo que se ha llamado su sobredimensionamiento y que, más que eso, es un exceso de capacidad en determinadas instalaciones (FCC) a finales de los años noventa y un defecto en otras (coking e hidrocraking). La distribución por refinerías de estas nuevas inversiones sería, quizá, objeto de estas negociaciones, a la luz del considerable retraso que puede sufrir el Plan Energético Nacional (PEN), que está a la espera de que se elabore el programa económico del Gobierno y sus objetivos macroeconómicos.