El Gobierno aprobará en dos semanas el decreto de constitución de la policía autónoma de Cataluña

La Policía Autónoma de Cataluña quedará constituida en un plazo no superior a 15 días, por medio de un real decreto que emitirá el Gobierno de Felipe González, que dará al Cuerpo de Mossos d'Esquadra de la Generalitat categoría jurídica de fuerza policial autónoma y extenderá su ámbito de actuación, actualmente circunscrito a Barcelona, a toda Cataluña.Miembros cualificados de la Administración del Estado informaron ayer a EL PAÍS de esta medida inmediata, con la que se dará consistencia jurídica, a las acciones que la Generalitat ha llevado a cabo hasta ahora para ampliar la dotación de los mossos y constituir así el embrión de la futura Policía Autónoma. La institución catalana está a punto de culminar las pruebas de selección de los aspirantes a las nuevas 280 plazas de mossos d'esquadra, proceso que ha realizado unilateralmente, por considerar que hasta que estos agentes no se transformen oficialmente en policías autónomos, los aspectos de organización del cuerpo son de su exclusiva competencia.

Frente a este criterio, el Gobierno central ha defendido, a través de sus representantes en la Junta de Seguridad de Cataluña, -organismo mixto del Estado y la Generallitat que debe regular las funciones y competencias de la policía catalana- que la actuación del Gobierno Pujol era susceptible de impugnación, porque no se ajustaba a derecho.

Este contencioso bloqueó los trabajos de la Junta; la parte gubernamental que preside el gobernador civil de Barcelona, Ferran Cardenal, exigió a los representantes autonómicos información exhaustiva de todo el proceso de selección y ampliación del cuerpo, requisito que, en su opinión, no se ha cumplido hasta hace pocos días. Este hecho es citado por los miembros de la Administración estatal como determinante para la emisión del decreto de constitución de la Policía Autónoma de la Generalitat.

La futura normativa regulará las funciones de los agentes de la Generalitat, remitiéndose a lo dispuesto en el Estatut y en la ley orgánica de unificación de las policías actualmente en trámite, donde se determinará todo aquello que es competencia del Estado en materia policial.

El decreto de constitución dejará sin efecto las normas emitidas en 1980 que, a modo de solución provisional, transferían a la Generalitat de Cataluña las facultades que los ministerios de Interior y Ejército poseían sobre el Cuerpo de Mossos d'Esquadra.

Ante el contencioso antes citado entre el Gobierno central y el autonómico, el decreto recogerá en su exposición de motivos que la Administración central no se responsabiliza de las actuaciones de la Generalitat hasta la fecha de la emisión del decreto.

"De esta forma", dijeron los portavoces estatales, "se consigue una salida airorsa para la institución catalana y para la parte estatal de la Junta de Seguridad. Lo realizado por el Gobierno autonómico queda convalidado a efectos jurídicos, evitándose así que la creación del cuerpo de policías autónomos se demore por cualquier impugnación. El Gobierno socialista no considera conveniente paralizar este proceso, aunque tampoco quiere asumir lo que la Generalitat ha proyectado sin nuestro asentimiento. A partir de este decreto, el tema policial quedará en manos de la Junta de Seguridad". Según el reglamento de la Junta de Seguridad, corresponderá a este organismo regular el estatuto, dotaciones, reglamento, composición numérica y estructura, reclutamiento y mandos de la Policía Autónoma, así como su coordinación con las otras fuerzas de seguridad del Estado.