Manifestación de trabajadores de Banca Catalana ante la Moncloa, Ministerio de Hacienda, Banco de España y AEB

Setecientos trabajadores del grupo de Banca Catalana procedentes de Barcelona, Tarragona y Valencia se trasladaron en autobús a Madrid para manifestarse ante el Palacio de la Moncloa, Ministerio de Hacienda, Banco de España y la sede de la patronal bancaria para protestar contra la decisión del Fondo de Garantía de Depósitos de adjudicar Banca Catalana al grupo de 13 bancos privados que presentaron una oferta alternativa a la de La Caixa. En La Moncloa celebraron una asamblea y entregaron una carta dirigida al vicepresidente del Gobierno. En la sede de la Asociación Española de Banca Privada (AEB), una representación de los trabajadores mantuvo una reunión con Rafael Termes. Tanto CC OO como UGT se han mostrado públicamente partidarios de la nacionalización del grupo.La llegada a Madrid de los 11 autobuses que trasladaban a unos 700 trabajadores de Banca Catalana fue esperada por otros 200 empleados de la entidad, que se sumaron a la concentración ante el Palacio de la Moncloa. La asamblea de trabajadores de Catalana hizo entrega de una carta dirigida a Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno, que recibió Julio Feo, secretario del presidente. La carta recoge como opinión de los empleados del grupo Catalana que la solución para la crisis de los bancos pasa por la nacionalización del grupo, para conseguir el mantenimiento de la plantilla y para que se cumpla el programa del PSOE en el que se afirmaba que se ejercería el derecho de tanteo en los casos en los que la aportación de recursos públicos fuera especialmente cuantiosa y no se viera la posibilidad de recuperar buena parte de ellos.

A última hora de la mañana, el presidente de la patronal bancaria, Rafael Termes recibió a una representación de trabajadores con los que mantuvo una conversación en la que se discutieron los tres puntos básicos: seguridad en los puestos de trabajo, mantenimiento de la catalanidad de los bancos y la opción nacionalizadora presentada por los trabajadores. Rafael Termes se reafirmó en que no peligran los puestos de trabajo en general, sino que se va a tratar de aumentar el negocio del banco para poner a nivel normal la relación pasivo por empleado, aunque no ocultó que la plantilla está sobredimensionada -como la del conjunto de la banca- y que se tratará de amortizar los puestos vacantes que se vayan produciendo por causas naturales o bajas incentivadas como se hace en el resto de los bancos.

Mantener la catalanidad

La catalanidad estaría asegurada, en opinión del presidente de la AEB, por el hecho de que los clientes y la mayor parte de los empleados lo son y porque las sucursales están localizadas en dicha comunidad. Rafael Termes señaló que en el único punto en el que se ha quebrado la catalanidad es en el cambio de accionistas, que antes de la crisis era mayoritariamente catalán y a partir de que se formalice la adjudicación será de bancos que, en cualquier caso, tienen una fuerte implantación en la comunidad autónoma y cuentan con buena parte de sus accionistas entre los habitantes de las cuatro provincias.Juan Antonio Ruiz de Alda, secretario general del Fondo de Garantía de Depósitos, señaló ayer en Barcelona todos estos puntos recalcando que Banca Catalana no es un pastel a repartir y que las condiciones impuestas por el Fondo se resumen "en el compromiso de que Banca Catalana sea un banco que siga desarrollándose, luchando y creciendo". Sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo, Ruiz de Alda manifestó que es un aspecto puramente empresarial que depende del comprador, que es quien se hace cargo de todos los activos. "Si Banca Catalana crece mucho", manifestó, "tendrá que contratar más personal. Si, por el contrario, crece poco, quizás pueda plantearse la posibilidad de preseindir de empleados: es un aspecto puramente empresarial". La Federación de Banca de UGT hizo público un comunicado enel que afirma que "la decisión de entregar Banca Catalana a un grupo de la banca privada constituye un atentado grave a la estabilidad del empleo y un despilfarro inútil del dinero público". CC OO, por su parte, señaló que la adjudicación es "la solución más negativa entre las posibles", por las mismas razones aducidas por UGT.