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Tribuna:TRIBUNA LIBRE
Tribuna
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Un pacto para el empleo

A finales del pasado mes de abril, la Asamblea Europea estableció en Bruselas las bases de un pacto europeo para el empleo, que trata de diseñar una estrategia común de todos los países miembros de la Comunidad, a fin de poner en práctica un conjunto de acciones que puedan contribuir decisivamente a la creación de puestos de trabajo y la lucha contra el paro, sin perder de vista el objetivo de la competividad.Con esta actitud -considerada todavía insuficiente- se trata de abordar, sin más demora, el mayor problema de nuestro tiempo: los niveles de desempleo alcanzados, que, constituyen en estos momentos no sólo la principal dificultad económica existente, sino un auténtico drama social que afecta, con la consiguiente frustración, a un mayor número de personas cada día y se ceba de forma particular en la población juvenil (más de cinco millones de jóvenes en busca de empleo en la CEE, que supone que más de una de cada cuatro personas menores de 25 años en la Comunidad se encuentra en paro).

A urgir soluciones por parte de las autoridades correspondientes está destinada la gran manifestación contra el paro, convocada en Stuttgart, de cara a la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los diez, que se celebrará el próximo día 6 de junio.

España, desgraciadamente, no, sólo no es una excepción en este panorama general, sino que avanza peligrosamente (a pesar del triunfalismo con que se presentaron las estadísticas de marzo, en relación con el paro resgistrado) hacia los últimos lugares, no sólo por el aumento en el porcentaje que representan los parados sobre la población activa -casi un 18%, según los últimos datos-, sino también por lo que supone la disminución paulatina de dicha población activa, cuya relación con la población total es muy inferior a la de los países miembros de la CEE.

Un año perdido

Sin embargo, pasa el tiempo y, a pesar del compromiso electoral del partido en el poder, no se ve ninguna medida que pueda hacer concebir la menor esperanza de que esta situación vaya a cambiar en un plazo razonable.

Por el contrario, el retraso en la presentación de los presupuestos, la ausencia en ellos de toda referencia de nueva política industrial, la revisión a la baja de, los objetivos de crecimiento económico y el estancamiento de la inversión pública y privada inducen a pensar que terminaremos 1983 en una situación todavía peor de la que estamos y con un nivel de paro real sensiblemente superior.

Con ocasión de la comparecencia del señor Boyer, aniediados de febrero pasado en la Comisión de Economía, Comercio y, Hacienda, y tras escuchar del ministro que "1983 va a ser un año difícil, pero no un año perdido", me permití disentir de sus palabras, diciendo que "si seguíamos aguardando los presupuestos, y cuando éstos fueran aprobados era ya el verano..., los datos de este ejercicio estarían dados, y 1983 sería un año sustancialmente perdido".

Pensaba, al hablar así, en él enorme daño que ya representaba para nuestra economía la demora en la presentación de los presupuestos, demora que el señor Boyer justificaba por el diseño y desarrollode una política económica .para aprovechar este año para crear las condiciones que permitan a nuestra economía beneficiarse de la nueva fase expansiva en la que la economía mundial parece que va a entrar".

¿Dónde está esa política económica capaz de superar la utilización de la política monetaria como instrumento único de la lucha contra la inflación? Hasta ahora no se ha visto una sola medida seria para fomentar la inversión y el empleo.

Ni se ha abordado la reducción de los costes financieros que el PSOE anunció durante su campaña electoral como objetivo prioritario de gobierno. Y cuando el presidente del Gobierno aludió a nuevos caitales para la creación de puestos de trabajo, todo lo que se le ocurrió fue la contratación temporal, qua ya estaba en el Estatuto de los Trabajadores y que posteriormente fue reducida, por iniciativa socialista.

Tras el envío a las Cortes de un presupuesto descafeinado y en algunos aspectos regresivo, que deja sin explicar el porqué de su retraso, todo parece haberse quedado en la devaluación de la peseta y la modificación de algunos coeficientes, que contribuye a elevar los tipos de interés.

Esta pérdida de tiempo resulta tanto más grave cuanto que la abrumadora mayoría parlamentaria de que dispone el Gobierno socialista le habría permitido abordar en profádidad, sin necesidasd de caer en gestos, concesiones ni más demoras, los problemas reales de nuestra economía.

Cierto que la situación se había deteriorado tremendamente en el último año y medio, pero no es menos cierto que el Gobierno socialista es el primer Gobierno democrático que, además de tener la Ventaja de esa gran mayoría parlamentaria a la que acabo de aludir, ha tenido la oportunidad de disefiar y establecer una política económicá en un clima de mejoría de las expectativas internacionales, tras los largos años de crisis, y también el primer Gobierno que, en lugar de hacer frente a alzag del precio del petróleo verdadaderamente espectaculares (el crudo ligero aumentó casi 20 veces su precio en siete años), se ha encontrado, gratis et amore, con una disminución del precio de los crudos del orden del 20%, con la enorme ventaja que esto supone, tanto de cara al saneamiento de la balanza exterior como en lo que se refiere a controlar las tensiones inflacionistas.

Un acuerdo amplio

Personalmente, hace años que vengo insistiendo en que la superación de la crisis no depende de unas pocas acciones brillantes del Gobierno -ni de éste, ni dé cualquier otro que pudiera haber en su lugar-, sino de un conjunto de numerosas pequeñas acciones y de un esfuerzo tenaz y continuado que sea asumido solidariamente por todos. Pero al Gobierno le corresponde la responsabilidad de la iniciativa de ese esfuerzo.

Por creerlo así, el Centro Dem ocrático y Social planteó ya en la campaña electoral de las elecciones legislativas de octubre la necesidad de un acuerdo amplio, con participación de todas las fuerzas parlamentarias y los representantes de los agentes económicos y sociales, con el fin de establecer un marco a medio plazo de política económica que permita despejar las incógnitas existentes para fomentar el ahorro, la inversión y la creación de puestos de trabajo, al tiempo que mejorar nuestros niveles de competividad, apoyando los sectores más dinámicos que puedan hacer el papel de locomotoras de nuestra economía.

El Centro Democrático y Social reiteró la necesidad de este acuerdo para superar la crisis, con ocasión del apoyo a la investidura del presidente del Gobierno, y lo ha vuelto a hacer en la campaña de las municipales.

Se ha perdido ya mucho tiempo, habida cuenta del momento en que nos encontramos, y cualquier demora adicional nos puede hacer perder el tren de la nueva revolución tecnológica, distanciándonos paa siempre de los países industriales y limitando definitivamente nuestra capacidad de penetración en los mercados exteriores.

Creo que la vida económica española cuenta todavía con importantes bolsas de productividad remansadas en las empresas, tanto a nivel de infrautilización de la capacidad productora y de paro encubierto como de mejora de métodos y de posibilidades de innovación tecnológica.

Se trata de instrumentar los medios adecuados, estableciendo de forma clara prioridades y reglas de juego y procediendo a sanear la estructura financiera de las empresas mediante una reducción del coste del dinero y unos niveles de endeudamiento más racionales, y logrando, sobre todo, un cambio de actitud en los protagonistas del sistema, que se cunenta en dos pilares básicos:

- La competividad de nuestras empresas y nuestros productos en un mercado cada vez más internacional.

- La solidaridad de todos hacia los que no tienen puesto Je trabajo, como primera prioridad.

Espero que en las conversaciones anunciadas por el Gobierno para los próximos días con las centrales sindicales y las organizaciones empresariales se pongan las primeras piedras de este gran acuerdo nacional. Acuerdo en- el que todas las fuerzas políticas y sociales deberían participar y a cuyo buen fin todos los españoles tenemos el deber de contribuir.

Agustín Rodríguez Sahagún es diputado del Congreso por el CDS.

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