Duras condiciones para los ayuntamientos que carguen al Estado sus déficit acumulados hasta diciembre pasado

Los ayuntamientos que quieran ser liberados por el Estado de sus déficit acumulados hasta el 31 de diciembre pasado serán sometidos a duras condiciones. El proyecto de ley correspondiente, en su última versión, será aprobado inmediatamente por el Gobierno. A cambio de las subvenciones, estimadas inicialmente en unos 100.000 millones de pesetas -el texto no fija cifra alguna-, cada municipio deberá nivelar desde este mismo año sus presupuestos, con aumento de impuestos y congelaciones de plantillas y sueldos.

La puesta a cero de los déficit de las corporaciones locales fue anunciada por primera vez el 15 de febrero pasado, por el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra; pero el dinero necesario desapareció del proyecto de Presupuestos del Estado para 1983.El proyecto final de la ley de medidas urgentes de saneamiento y regulación de las haciendas locales incluye, entre sus principales condiciones, la de que los ayuntamientos deficitarios nivelen desde 1983 sus presupuestos de ingresos y gastos. Para ello quedarán autorizados -en su caso, con efectos desde este mismo año- a implantar el recargo que necesiten en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Igualmente, pero desde enero de 1984, podrán fijar con libertad el tipo de gravamen de la contribución territorial urbana, recaudada hasta ahora por el Estado para los ayuntamientos. Mientras no haya acuerdo municipal, será aplicable el 20% sobre los valores catastrales.

Según los expertos, ambos aumentos de impuestos, más que potenciales, serán imperativos para los grandes ayuntamientos en déficit. Porque el proyecto de ley deja abierta la posibilidad de sancionar al ayuntamiento que no cumpla las condiciones impuestas con la devolución de todas las ayudas o anticipos sobre las mismas, al tiempo que introduce numerosos controles. sobre la nivelación real de tales presupuestos.

A falta de previsiones en los presupuestos del Estado, el proyecto indica que el borrón y cuenta nueva se hará con cargo a créditos extraordinarios y suplementos de créditos. Estos, que amplían el gasto anual del Estado, serán financiadas con crédito del Banco de España, amortizable en cinco años, sin interés.

Las entregas a cuenta de las subvenciones que pida cada ayuntamiento para suprimir sus déficit acumulados podrán alcanzar hasta el 50% del déficit contable de la corporación a 31 de diciembre pasado. Previamente, el pleno del ayuntamiento deberá acordar, por mayoría absoluta, someterse al procedimiento y cumplir sus condiciones.

Recibida la solicitud municipal, y siguiendo pasos similares a los exigidos hace varios años al Ayuntamiento de Madrid por el ex ministro Martín Villa, Economía y Hacienda auditará las cuentas de la corporación antes de proponer al Gobierno la cuantía de la subvención. Otras condiciones serán:

- El ayuntamiento debe aprobar cada año un presupuesto único, integrado por todos los servicios dependientes del mismo, todos sus órganos de gestión que no tengan forma de sociedad; se acompañarán los planes y programas de inversión y financiación, memoria de las variaciones y consolidaciones, avance de la liquidación del presupuesto de los primeros seis meses del año en curso, relación numérica del personal y detalle de su coste, análisis de las técnicas de nivelación y certificados de las deudas líquidas exigibles durante el año.

Congelaciones

- Durante tres años, antes de que el ayuntamiento apruebe sus presupuestos consolidados, el Ministerio de Economía y Hacienda los examinará para comprobar que están nivelados y cumplen todas las condiciones.- Cada tres meses la corporación publicará el estado de ejecución de su presupuesto único.

- Quedarán congelados los efectivos de personal funcionario, laboral y contratado existentes al entrar en vigor la ley.

- También quedarán congelados en su cuantía los haberes y retribuciones totales del personal que perciba emolumentos superiores "a los que corresponda al de la Administración central del Estado que preste sus servicios en plazas o puestos equivalentes". Los obligados incrementos en las retribuciones básicas darán lugar a una reducción en igual cuantía de las complementarias.

- Durante tres años, los gastos corrientes totales para la adquisición de bienes y gestión de servicios, así como las transferencias, crecerán en el mismo porcentaje que sus idénticos del presupuesto del Estado.

- No podrán concederse subvenciones con destino a servicios que puedan autofinanciarse. Y en ningún caso las subvenciones podrán ser superiores a los déficit generados por cada servicio.

- El transporte urbano de superficie se considerará servicio de interés metropolitano; es decir, que deberá ser pagado por todos los ayuntamientos que integren cada área metropolitana. Para ello podrán disponer del recargo en renta y del aumento de la contribución territorial.

Con todas estas medidas, según los redactores del proyecto, se pretende pasar del actual esquema financiero centralizado de las haciendas locales a otro descentralizado de financiación múltiple, que se regulará por un proyecto de ley de financiación de las entidades locales, y será el medio definitivo de llegar a la suficiencia de recursos y autonomía que garantiza la Constitución a los ayuntamientos.

Para facilitar esta transición, el proyecto de ley de presupuestos del Estado 1983 eleva del 7% al 8% de las transferencias de impuestos no cedibles (aumentan así de unos 140.000 a más de 210.000 millones de pesetas).

Con todo, estas transferencias apenas supondrán un 35% de los ingresos previstos por los casi 9.000 municipios españoles. Otro 20%, aproximadamente, procederá de impuestos locales gestionados por el Estado (unos 85.000 millones de pesetas procedentes de las contribuciones urbana y rústica y de las licencias). El resto será cubierto por impuestos y tasas directas de los ayuntamientos, que el año pasado aportaron una recaudación de 232.000 millones de pesetas (algo más de 11.000 pesetas por habitante). Sin embargo, las necesidades adicionales de financiación rondan en el conjunto de los ayuntamientos los 100.000 millones de pesetas.