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Reportaje:

España, 1984

La parábola de Orwell puede estar empezando a ser realidad en sociedades como la espanola, donde el control de los ciudadanos está convirtiéndose en una obsesión para el Estado

La creciente informatización de los ficheros policiales y la intensificación de las medidas de vigilancia y control de ciudadanos por parte del Ministerio del Interior, con el fin de evitar atentados terroristas y prevenir delitos, pone sobre el tape te el debate de hasta qué punto el Estado puede invadir el ámbito de los derechos y libertades contemplados en las leyes. A la obligación de declarar la identidad del comprador o arrendatario de viviendas, de grabar las matrículas en los cris tales de los vehículos, a la puesta en marcha de un nuevo plan preventivo de seguridad y a la futura implantación de un carné de identidad infalsificable, la Seguridad del Estado anuncia nuevas medidas preventivas.

Un millón y medio de consultas mensuales se reciben en el banco de datos del Servicio Informático de la Policía, cuyo ordenadores centrales se encuentran en El Escorial y en Madrid. En los segundos que tarda en ponerse en verde un semáforo, un radio-patrulla puede saber en cualquier punto de España si un coche sospechoso ha sido robado, incluso a punta de pistola; si alguién que pretende salir del pais,está requerido por algún juzgado o si unas huellas digitales son falsas. Basta con una Ilamada telefónica. Desde el momento en que la operadora recibe laconsulta hasta que lee la ficha al agente consultor pueden pasar entre dos y cinco segundos, depende de la sobrecarga de la memoria del ordenador.En este servicio, que no existía hace sólo unos años, los ficheros policiales se han distribuido en cuatro áreas: La preferentemente policial (investigación policial, relaciones. con Interpol, investigación criminal, dactiloscopia, aeropuertos, fronteras, etcétera); la de identificación civil (pasaportes, carné de identidad, extranjeros); gestión general administrativa (nóminas, presupuestos, instalaciones) y conexiones con otros. servicios (Guardia Civil, Policías Municipales, etcétera).

Actualmente, este banco de datos dispone de cerca de doscientas terminales instaladas en toda la geografia española. 350 personas (incluyendo a la policía de fronteras y a las operadoras) trabajan en el departamento. Todos son funcionarios de policía. Los propios licenciados en informática y los técnicos en sistemas del Cuerpo son los que han introducido los programas. El servicio de mantenimiento corre mayoritariamente a cargo de aquellos, con el fin de evitar que una hipotética huelga pueda dejarles sin archivo. Esta cifra es a todas luces ridícula si se compara con las de nuestros vecinos europeos. Sólo en Bélgica, los tecnicos en proceso de datos son 200 y en Alemania, siete técnicos manejan el proceso de digitalización de huellas dactilares.

Los responsables del servicio contestaron a la pregunta de un hipotético mal uso de la información almacenada en este banco de datos. que la policía actúa siempre sobre una apariencia de delito y que, por lo cual,tanto lo que está informatizado como lo que aún permanece en el llamado archivos central es información sobre personas que están incursas en actuaciones judiciales. "Es preciso desterrar la idea y el mito de, que en estos archivos hay datos sobre la vida de las personas que se podrían manejar en un momento dado, porque este es un supuesto absolutamente falso", señalan directivos del servicio. Existe además un sistema de cancelación de antecedentes cuando una causa ha sido sobreseida con pronunciamientos favorables.

Los distintos niveles de acceso al ordenador de los 350, funcionarios y los sistemas de criptación (o lenguaje cifrado) hace imposible que haya fugas de información, "considerando, además, que se trata de funcionarios de policía, obligados a guardar el secreto", según la misma fuente. Aunque cada día, desde hace años, se introducen miles de fichas en la memoria del ordenador, "lo que hemos informatizado hasta ahora es solo una pequeña parte de lo que aún falta por hacer".

Se da el caso de que cuando un policía consulta sobre un presunto delincuente o sobre alguién incurso en una causa judicial, la respuesta del banco de datos, a través de la claves cifradas correspondientes, es simplemente una orden de retención -sin explicar el motivo- y de dirigir a la persona en cuestión al departamento policial correspondiente. Ni siquiera el inspector de guardia puede saber de que se acusa a un presunto delincuente.

Desde el punto de vista de la Protección Civil, reviste importancia el llamado Plan de Seguridad Ciudadana, confeccionado con vista al Mundial-82 y que tiene introducidos en los diferentes programas todos los objetivos estratégicos de las ciudades, la defensa civil de las mismas y la forma de actuar ante una de las decenas de catástrofes estudiadas. La lucha contra los estupefacientes y contra el terrorismo figuran entre los programas informáticas mas avanzados. En el segundo de los casos, los responsables policiales no ocultan que la información, que maneja de forma prácticamente exclusiva la Brigada Central de Información, es más exhaustiva.

En cuanto a la nueva orden ministerial que dispone que a partir del 1 de junio todas las personas naturales o jurídicas que vendan o arrienden viviendas o locales de cualquier clase tendrán que facilitar sus datos y los del comprador o arrendatario, dentro de los cuatro. días siguientes a los de la perfección del contrato, verbal o escrito, en la comisaría o cuartel de la Guardia Civil correspondiente, la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Madrid considera que la medida es escasa operativa porque contiene notables lagunas.

Mala infraestructura policial

Mientras una persona cercana al ministro del Interior señalaba a EL PAIS que "el problema actual parte de una mala infraestructura para operaciones policiales de envergadura -como la del barrio del Pilar-, que es lo que se pretende crear con las medidas que próximamente se pondrán en marcha en breve", la Cámara de la Propiedad Urbana de Madrid cree, por el contrario, que si no se mejora la orden ministerial apenas servirá para lo que dice en su preámbulo, ya que sólo en alquileres en 1982 se firmaron cerca de 30.000 en la provincia de Madrid.

La fuente ministerial citaba, por el contrario, que si la policía hubiese dispuesto del archivo que ahora se comenzará a confeccionar, la operación del barrio del Pilar no hubiese sido necesaria, "aunque no debió de ser tan desacertada y molesta para los vecinos, a tenor de que el PSOE superó en estas elecciones en casi cinco puntos los últimos resultados de 1982".

La cámara madrileña, que cuenta con 800.000 asociados, a los cuales ha instado a colaborar con el Gobierno en esta medida "porque la orden ministerial no merece críticas en cuanto a su finalidad" estima, sin embargo, que un contrato de arrendamiento o de compra-venta, no es la única forma de ocupar un piso. Existen también las figuras jurídicas de la permuta, la mera liberalidad del propietario (u ocupación en precario por permiso sin más de aquel), ocupación por razón de empleo, uso de habi

tación, ocupación ¡legal de una vivienda o un simple contrato privado falseando la fecha. En todas ellas, según la orden ministerial, no es necesario declarar.

La misma corporación señala que la responsabilidad de la comunicación policial recae simplemente sobre el vendedor o arrendaror,que tiene que responsabilizarse de los datos del comprador o arrendatario -en lugar de estar compartida- sin tener posibilidades de comprobar los datos reales de éste, especialmente el lugar de procedencia (domicilio anterior, según el impreso oficial) de éste último. "Si hasta los propios notarios escriben en sus documentos la frase de 'comparece ante mí quien dice ser y llamarse fulano de tal y a quien conozco a través de la fotografía que presenta', a la desconfianza propia de tener que declarar esta circunstancia, se une el hacerlo en una comisaría de policía o cuartel de la Guardia Civil".

En opinión de dicha cámara, va a decaer aún rriás el mercado inmobiliario. El presidente del organismo ha solicitado una audiencia con el ministro del Interior para proponerle que sea en los estancos (al igual que los impresos de arrendamiento) donde se expendan los impresos policiales y que se amplíe el plazo de cuatro a quince días al objeto de adecuarlo al límite de presentación en la cámara de la fianza a que obliga la ley. (Esta orden ministerial no afecta a aquellos apartamentos llamados turísticos o apartoteles, que alquilan sus locales incluso por días, ya que tienen la consideración de plazas hoteleras y están sujetos, como los propios hoteles, a la obligación de informar a diario del movimientos de los huéspedes).

Otro de los proyectos del Gobierno es referente a la obligación de que los coches lleven grabada la matrícula del mismo en los cristales al objeto de dificultar el camuflaje de un coche robado por el simple procedimiento del cambio de las placas.

La 'guerra del grabado"

La argumentación de esta medida se basa en que en España circulan con matrículas falsas unos 250.000 vehículos -descontados los coches oficiales, cuyas placas son cambiadas casi a diario- correspondientes a los coches robados anualmente y a que en la inmensa mayoría de los atentados terroristas se utilizan estos automóviles. El manipulado de los cristales grabados dificulta notablemente el robo de un vehículo.

Sólo unos 30.000 coches (de un parque móvil particular de diez millones) utilizan voluntariarriente esta medida cautelar, muy extendida en Europa, aunque en ningún pais del continente es obligatoria. Unas ocho empresas de seguridad españolas han trabajado para perfeccionar este sistema -introducido en nuestro país por Manuel del Estal, cuya empresa ha sido la que más ha perfeccionado este sistema de trabajo- en los últimos años a base de procedimientos tales como el ácido, el bolígrafo electrónico, pasta, papeles impregnados de ácido y plantillas, hasta llegar al chorro abrasivo de arena, procedimiento por el que parece se inclinará el Ministerio del Interior. Esta operación cuesta como máximo 5.000 pesetas. Se realiza en, pocos segundos y no presenta aparentemente ningún problema posterior.

El troquelado de los vehículos, operación para que la que concederá un plazo entre dos y cinco años a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado, será gratuito para los conductores. El solo anuncio de esta intención gubernamental ha desatado una feroz guerra comercial que ha llevado al antedespacho del director general de Tráfico en apenas veinticuatro horas hasta siete oferts distintas.

El nuevo carné de identidad

Dentro del plan de seguridad que tiene en marcha el Ministerio del Interior, en colaboración con la dirección general de Protección Civil, se tiene el proyecto de implantar en un plazo medio -no antes de un año, por lo elevado de costo material- un nuevo carné de identidad. El documento será elaborado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y será indestructible, infálsificable, incombustible y procesable por ordenador.

Contendrá exclusivamente los datos que ahora figuran en el mismo, más con el grupo sanguíneo, aunque todos ellos figurarán por una sola cara, al objeto de facilitar su manejo y de asegurar que las fotocopias del mismo son absolutamente fiables sin necesidad de recurrir a un notario para que las legalice. El carné será de plástico, impreso en offset con tintas ultravioletas y llevará una serie de impresiones que impedirán su falsificación. Como en el caso de la grabación de las matrículos de los coches en los cristales, lo costoso de esta operación es lo que retrasa la puesta en vigor de la misma.

La renovación del carné de identidad parte ole la época de Martín Villa al frente de Interior, como es de Rosón la iniciativa de la grabación de los cristales de los coches.

Entre los planes del nuevo equipo de Interior figuran, a largo plazo y dentro del plan de prevención de la delincuencia común, la numeración de los principales objetos susceptibles de ser robados, desde obras de arte públicas o privadas hasta objetos de uso diario en los domicilios particulares (como equipos electrónicos, piezas únicas de decoración, etcétera) y propiedades de todo tipo. Para ello se tiene la intención de utilizar en su día un número único para ciudadano (se piensa inicialmente en el del documento de identidad) al objeto no solo de dificultar la salida de un alijo robado, sino de saber a que persona pertenece un objeto recuperado por la policía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 15 de mayo de 1983