La huelga policial

Los dos máximos dirigentes sindicales del Cuerpo Superior de Policía aseguran que no renuncian al derecho de huelga que, como trabajadores, asiste a los policías, y ponen de manifiesto que el colectivo carece de los mínimos derechos y libertades laborales. Abogan por la democratización y desmilitarización de la policía, y precisan que nunca han pretendido atacar al Ejército. Igualmente, defienden el reconocimiento del derecho de sindicación para la Policía Nacional.

Para hoy se había anunciado la primera huelga legal de la policía española. No vamos a rebatir la supuesta ilegalidad, que defendían portavoces del Gobierno, cuando el propio Defensor del Pueblo estimaba que si hubiera un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, éste, presumiblemente, a la vista de la Constitución, fuera favorable a la legalidad de la huelga policial.Sí queremos afirmar que los sindicatos de policías no renunciamos a un derecho que nos asiste como trabajadores de la policía, aunque el PSOE nos lo niegue en su programa electoral, basándose en que ninguna policía de Europa lo posee; no en vano se ha mantenido que nuestras Constituciones democráticas (1812, 1931, 1978) han sido de las más progresistas en reconocimiento de derechos y libertades.

No ignoramos la alarma social que se produce ante una huelga de policías, debido a la inseguridad ciudadana que presumiblemente, se puede generar.

No olvidamos nuestro sentido de la responsabilidad y en todo momento declaramos que los ciudadanos podrían estar tranquilos, pues estábamos dispuestos a garantizar los servicios mínimos esenciales para la comunidad. Nuestra ética policial nos impide dejar sin protección a los ciudadanos.

Igualmente, en evitación de manipulaciones antidemocráticas retrasamos el inicio de la huelga, a fin de no interferir en absoluto el proceso electoral municipal y autonómico. Si, incluso así, podía existir alguna duda o sospecha sobre las verdaderas intenciones de la huelga, la misma se debe desechar, imperiosamente, al responder con la desconvocatoria a las promesas y voluntad de diálogo del ministro del Interior y del director de la Seguridad del Estado.

Dicho esto, tendríamos que preguntamos por qué los profesionales de la policía hemos llegado al extremo de anunciar una huelga legal.

El análisis de las causas y las motivaciones que han estado a punto de generar el mayor conflicto que se haya conocido en la policía española, es muy complejo. En aras de la clarificación y de la comprensión, y a fin de evitar malos entendidos o manipulaciones, intentaremos explicar los factores que inciden en el problema.

Los ejes de la controversia se sitúan en torno a la ley de Cuerpos de Seguridad del Estado, que había de abordar la unificación policial a partir de los actuales Cuerpo Superior de Policía y Cuerpo de Policía Nacional, las reivindicaciones económicas de los profesionales de la policía y las expectativas sindicales de los compañeros de la Policía Nacional.

Sin los mínimos derechos

Cuando apoyamos el proyecto de unificación policial está claro que lo hacemos en base a los criterios marcados por nuestros congresos, o sea que signifique una auténtica desmilitarización, con primacía de lo civil sobre lo militar, que debe quedar excluido; una democratización de las estructuras policiales, en la que el policía no sea un mero instrumento de ejecución sino que se sienta parte integrada y responsable de las actuaciones policiales; una definición del marco de derechos y deberes de los policías con un código deontológico basado en la Declaración de la Policía del Consejo de Europa, en el que el policía se identifique, gozando de los mismos derechos que tienen sus conciudadanos.

A partir de estas premisas nos cabe concluir que en la integración entre el Cuerpo Superior de Policía y la Policía Nacional debe primar lo civil sobre lo militar, la formación policial sobre la formación militar y, en consecuencia, los militares destinados en Policía Nacional deben reintegrarse a su dignísima función en el Ejército. Nos negamos a que la desmilitarización se pretenda instrumentalizar como un ataque a lo militar o al Ejército; respetamos el papel que el militar juega en una nación, pero se habrá de estar con nosotros que es distinto al policial, e incluso de filosofía contrapuesta.

Somos conscientes de que existe una fuerte crisis económica, de que tenemos la mayor tasa de paro de Europa y de que nuestras reivindicaciones se pueden interpretar por parte del resto de la clase trabajadora como insolidaria y que queremos privilegios corporativistas; nada más lejos de nuestra intención.

La policía española carece del más mínimo estatuto laboral, su reglamento actual determina que los policías se encuentran en servicio permanente, por lo que carecen de horarios, hacen horas extraordinarias, nocturnas y festivas que no les son reconocidas, su trabajo implica un riesgo límite: la posibilidad de ser asesinados. En síntesis, carecen de los mínimos derechos y libertades de que goza el resto de los ciudadanos y corren un riesgo superior al resto de los funcionarios.

A cambio, la compensación económica brilla por su ausencia; en la mayoría de los países europeos al policía se le reconoce su trabajo y, en consecuencia, sus remuneraciones económicas se sitúan muy por encima de los funcionarios con igual índice funcional, mientras que aquí nos encontramos muy por debajo.

Si a ello añadimos las propias palabras del ministro del Interior, anteriores a su nombramiento, que dice que un inspector del Cuerpo Superior de Policía debe cobrar igual que un oficial de la Policía Municipal, que cobra un 50% más; que se nos adeudan unos atrasos, reconocidos en sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid, en concepto de grado de carrera, y que se nos rebajan en el 200% las cantidades que el propio servicio de administración de la Dirección General de la Policía determina, esperamos que se comprenda que es la injusticia de que somos objeto la que nos mueve a exteriorizar nuestro descontento.

Policías, no soldados

Una comisión económica Administración-sindicatos ha reconocido el tratamiento económico injusto de que somos objeto y cifra en cerca de las 50.000 pesetas el agravio económico.

Si lo anterior, que se sitúa a nivel del Cuerpo Superior de Policía, es grave, se encuentra minimizado en lo que respecta a los compañeros de Policía Nacional, que no llegan al mínimo interprofesional, haciendo la mayoría de ellos 24x24 (24 horas de trabajo continuas por 24 de descanso).

Es notorio y público que en el seno de la Policía Nacional existe desde hace varios años el SUP, el Sindicato Unificado de Policía, que canaliza los intereses de los compañeros de la Policía Nacional y que ahora están viendo cómo existe una operación oficial, utilizando como plataforma una comisión de PN, para crear una asociación que pretende perpetuar los privilegios de algunos jefes y oficiales y que, curiosamente, su primer comunicado es atacar el sentir de sus propios compañeros, con ocasión del programa de Televisión Española En este país, puesto que lo que manifestaban públicamente (a cara descubierta) es lo que la mayoría de sus compañeros piensan. El sentimiento general de los profesionales de la policía es por la desmilitarización y profesionalización del cuerpo. No son soldados, son policías. No vamos a entrar ahora a explicar las diferencias entre el papel de la milicia y la policía. Ambas muy importantes pero, como hemos dicho anteriormente, sustancialmente contrapuestas.

Han transcurrido cuatro meses de Gobierno socialista. Los policías saben que los socialistas prometieron la desmilitarización y el derecho de sindicación, pero no comprenden por qué hay que esperar una ley, cuando la vigente ley de Policía permite mediante decreto la reforma de su estatuto reglamentario.

Continuar en una situación transitoria como la presente, sin dictar alguna normativa que venga a dar satisfacción a las demandas mayoritarias de los policías, no hará otra cosa que aumentar la tensión en el seno de los cuerpos policiales.

Nosotros hemos defendido, defendemos y nos comprometemos a defender, al igual que la mayoría de nuestros compañeros, las aspiraciones legítimas de sindicación de la Policía Nacional.

Cuatro meses de Gobierno socialista es tiempo más que suficiente para haber solucionado las demandas policiales, sobre todo si se tiene en cuenta el alto grado de frustración de que fuimos objeto por los Gobiernos anteriores.

Queremos que nuestras muestras de responsabilidad sean comprendidas por el actual Gobierno y que se comprometan seriamente a mejorar la policía, que sufre uno de los mayores agravios que existen en la actualidad.