Los promotores denuncian la inseguridad jurídica

La inseguridad jurídica y lo que ellos mismos califican de maniqueísmo, junto con un crecimiento notable de la fiscalidad, son las principales acusaciones de los promotores constructores frente a los ayuntamientos a lo largo de estos cuatro años, que dividen en dos etapas diferenciadas: un primer período de intransigencia por parte de las corporaciones, que paralizó, -a su juicio, la actividad inmobiliaria, y un segundo período, a raíz de la firma en 1981 del Acuerdo Marco de Vivienda y Urbanismo, que abrió un mayor diálogo entre ayuntamientos y promotores.El propio José Antonio Durán, vicepresidente de la Asociación Nacional de Promotores Constructores de Edificios (APCE), califica de "estado de alarma y desesperanza" el período que va desde abril de 1979 a marzo de 1981. Es una situación que se refleja en las paralizaciones de licencias ya concedidas, mutuas acusaciones de intransigencia, rigor y arbitrismo en la interpretación de la legislación.

El mayor enfrentamiento entre promotores y los gobiernos municipales se ha dado fundamentalmente en Valladolid, según fuentes de la APCE, que aseguran que las licencias han estado suspendidas durante dos años y medio y que desde octubre de 1982 hasta fecha reciente se han concedido licencias para construir nueve viviendas. El balance es, según las mismas fuentes, también negativo en otras provincias, aunque no se llegue a los extremos de Valladolid. Los promotores de esta ciudad aseguran que las licencias concedidas en los últimos cuatro años lo han sido "con costosísimas contraprestaciones" y califican al Plan General de Ordenación Urbana de "demagógico, voluntarista, confuso, contradictorio, ingestionable, costoso, inconstitucional e inviable", amén de asegurar que supondrá un aumento de la repercusión del suelo edificable del 100% y un 25% en los costes de edificación.

Critican, asimismo, que la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana a la nueva ley del Suelo aprobada por lacorporación sevillana obligue al promotor, antes de la concesión de la licencia de obra, a concederle el 23,07% de la superficie edificable de la parcela, o bien a su equivalente compensación económica.

Mayor acercamiento

En otras capitales se ha producido, por el contrario, un mayor acercamiento entre las corporaciones y los promotores, como en Valencia, Madrid o Barcelona, aunque el presidente de la APCE de esta última ciudad, Enrique Reyna, admite que ha habido una predisposición a escucharles, se lamenta de que "no siempre hemos sido correctamente comprendidos, ni mucho menos complacidos".

La APCE también acusa a las corporaciones de haber producido un crecimiento exagerado de la imposición local. Este crecimiento de la fiscalidad plantea, a juicio de Francisco García Valdecasas, gerente de la APCE,que debían excluirse de la contribución territorial urbana -y del futuro impuesto sobre la propiedad inmobiliaria urbana- aquellos-bienes sujetos a transformación y promoción inmobiliaria. El impuesto municipal sobre solares, que "es un factor potencial de encarecimiento considerable del coste", debe suprimirse o, cuando menos, excluir los activos inmobiliarios de este impuesto.

El segundo período en los nuevos ayuntamientos democráticos arranca, en 1981, del Acuerdo Marco de Vivienda y Urbanismo (AMVU), que sirvió, fundamentalmente, para que se estableciera un diálogo entre los promotores y las administraciones locales. García Valdecasas dice que debe haber una menor politización en las futuras corporaciones, que deberán, desterrar "ese maniqueismo existente que considera que todo lo que es bueno para los promotores es malo para los ayuntamientos". Tanto el PSOE como el PCE rechazan la acusación blandida por la derecha -y por parte del sector inmobiliario-. de que las corporaciones regidas Por la izquierda han bloqueado la concesión de licencias para construir viviendas. Si bien reconocen que ha aplicado estrictamente la disciplina urbanística -e incluso han paralizado actuaciones que consideraban que iban a causar daños irreparables, principalmente cuando estaban en vías de redacción o revisión los planeamientos urbanísticos-, aseguran que el descenso en el volumen de la construcción se debe más a la propia crisis del sector que a posibles bloqueos de concesión de licencias. La concesión de licencias urbanísticas, en los municipios con más de 10.000 habitantes gobernados por el PSOE, según datos de dicho partido, respecto a 1978, aumentó el 13,92% en 1979; el 8,9% en 1980; el 10,5% en 1981, y el 12,7% en 19,82. Estos datos son contestados por los prornotores,que, con números oficiales en la mano, aseguran que el, número de viviendas libres iniciadas han pasado de 223.951 en 1977 a poco más de 91.000 en 1982.