70 días y 70 veces

Al cumplirse el plazo de 70 días que nos fijamos, para volver a examinar críticamente la política del Gobierno en el tema de la tortura, nuestra impresión no puede estar cerca de la satisfacción. Las medidas que propusimos, coincidentes en lo básico con el repertorio exigido comúnmente para afrontar este problema, sólo en pequeña parte han sido contempladas por los poderes públicos. Los testimonios recogidos entretanto de casos de tortura, son lo suficientemente numerosos y contrastados como para que nuestro llamamiento se renueve. La Asociación Pro Derechos Humanos, algunos abogados penalistas, otras personas que desarrollan tareas sociales en barrios obreros, ayuntamientos vascos, dos asociaciones de vecinos y hasta un grupo de jueces se han dirigido a los medios de comunicación durante este tiempo, para avalar denuncias de malos tratos o torturas presentadas por diferentes detenidos. Estas denuncias, que son más frecuentes en Cataluña, Euskadi y Madrid, se han plasmado algunas veces en diligencias judiciales.Sin embargo, la aplicación de la tortura a delincuentes comunes sigue siendo el aspecto más extenso y silenciado del problema, aquel donde la iniciativa autónoma de los fiscales es absolutamente necesaria.

Hay que consignar una nueva atención hacia los casos de tortura que aparecen en algunos sectores judiciales. Así lo demuestra la sentencia de la Audiencia de Bilbao condenando por torturas a dos inspectores de policía. Tres jueces de instrucción, en Madrid, han abierto investigaciones sobre torturas denunciadas por varios detenidos de derecho común, a los que se había privado de asistencia letrada. Otros magistrados en Barcelona y Málaga también instruyen sumarios por parecidos motivos, según noticias que tenemos, que no tienen por qué ser los únicos. Una reciente comunicación de la Junta de Jueces de San Sebastián pide, a los responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que tomen medidas contra los funcionarios responsables de malos tratos. Esta última comunicación, según ha informado la Prensa, se basa en "la convicción de la existencia de prácticas sistemáticas de malos tratos en determinadas comisarias y cuartelillos".

La mayoría de las medidas que indicábamos en nuestra propuesta sigue sin aplicarse. Especial urgencia requieren algunas de ellas, como la apertura de expedientes gubernativos a los funcionarios que aparezcan implicados en sucesos de esa índole, para separar del servicio a los responsables. Esto sólo se ha hecho, según nuestras noticias, en un primer caso que se produjo en la comisaría de Irún; los expedientes instruidos con posterioridad han tenido el mismo carácter rutinario e inútil que tenían antes. Otra medida urgente es la regulación del procedimiento de hábeas corpus, cuyo anteproyecto está terminado desde hace cuatro meses, pero inexplicablemente postergado. En las más viejas democracias occidentales, tan emuladas para otras opciones de oportunidad, está vigente desde hace siglos este procedimiento ante las detenciones ilegales, del cual alguien tan poco sospechoso como André Maurois dijo que "ninguna medida marca más claramente la frontera que separa un Gobierno despótico de un régimen de libertad".

Por lo demás, nos remitimos a las recomendaciones de Amnistía Internacional, en su informe de 1980 sobrei España, que siguen esperando su incorporación al sistema jurídico español.

Hay medidas legislativas necesarias que sí están en marcha, aunque con preocupantes restricciones. La remisión a las Cortes del proyecto de ley de Asistencia Letrada al Detenido, donde se establece el carácter irrenunciable de este derecho, es la iniciativa mas importante tomada por el Gobierno en contra de la tortura, aun con las limitaciones que dicho proyecto sigue ofreciendo (entre otras la designación de abogados de oficio a los detenidós a quienes se haya aplicado la ley Antiterrorista). Hay más datos que hacen perceptible la preocupación existente entre los nuevos responsables de la Administración por este problema, a pesar de la imagen contradictoria que proyecta el ministro de la policía. Pero lo cierto es no sólo que las denuncias de torturas se han seguido produciendo con la intermitencia de siempre, sino que en los sectores más cercanos a la cuestión perdura la convicción desalenta dora de que el problema conserva intactas sus raíces en algunos núcleos de los cuerpos de seguridad del Estado.

Parece más claro que nunca que los actuales gobernantes están personalmente en contra de la tortura, en cualquiera de sus formas. Pero, a pesar de ello, se sigue echando en falta una política decidida para combatir todas las manifestaciones de este mal, sin excepción, sin paliativos y sin justificaciones más o menos explícitas. Que esta falta se explique por la resistencia a reconocer públicamente el alcance del problema o por secretas estrategias políticas que algún día culminarán, es algo que no podemos aún juzgar. Mientras tanto, en cada ocasión, tendremos que recordar que existe la tortura en centros dependientes del Estado, aunque tengamos que volver sobre lo mismo y repetirlo 70 veces, ya que ésta es una cuestión con la que no se puede convivir y que debe estar a salvo de la morosidad administrativa.