Las reivindicaciones ambientales desbordan la capacidad de los ayuntamientos

Todos los expertos coinciden en señalar la notable contradicción que existe entre el hecho de que los temas del medio ambiente cobren cada vez más prioridad en las actuaciones a escala municipal, mientras que a nivel parlamentario y del Gobierno el tema no pasa de la teoría y las buenas intenciones. Es posible que a los ayuntamientos les sea más difícil tratar los temas del medio urbano, como "la guinda de los programas políticos que nunca se llega a comer", tal como critican los grupos ecologistas.

Lo cierto es, que la lucha contra la contaminación atmosférica, la exigencia de zonas verdes, el control de los ruidos, la limpieza de las aguas y de las ciudades son temas que los ciudadanos no perdonan a quienes pretenden convertirse en gestores de su entorno más inmediato.Los resultados, sin embargo, son hasta ahora muy pobres. Al margen de que las pocas medidas reguladoras se han tomado muy recientemente y los problemas ambientales requieren largos períodos de tiempo para ser solucionados, la realidad es que los ayuntamientos no tienen en su mayoría ni recursos económicos ni humanos para encarar los problemas de contaminación y deterioro de la calidad de vida que generan las ciudades.

A esta penuria se une, en múltiples ocasiones, la incompetencia de alcaldes y concejales. Así, la posibilidad de depurar las aguas, residuales por sistemas naturales y baratos, como las lagunas de oxidación o los filtros verdes, ha sido reiteradamente desechada en los últimos años por numerosos ayuntamientos. Algunos responsables municipales consideraban tercermundistas estos sistemas rudimentarios de depurar aguas y optaron por sofisticadas y costosas instalaciones de depuración, que, en la mayoría de los casos, han dejado de funcionar a la primera avería, por falta de personal técnico, o a la primera factura de electricidad, por falta de presupuesto para mantener una instalación altamente consumidora de energía. El hecho es que muchas localidades tienen depuradoras, pero sus aguas residuales siguen contaminando los ríos o el mar.

Actualmente, la Dirección General del Medio Ambiente intenta convencer a los ayuntamientos menos pudientes para que utilicen sistemas naturales de depuración de aguas, ya que, aunque menos aparentes, son baratos y eficaces. De todos modos, los responsables de este tema en la Administración estatal consideran que la clave para afrontar la contaminación de las aguas, tanto por las aglomeraciones humanas como por las industrias, es que los consumidores se convenzan de que el agua es un recurso escaso y que su precio no es solamente el que genera su abastecimiento, que es lo único que se venía pagando hasta ahora. En un futuro cercano, el precio del agua consumida deberá incluir también el precio de su depuración. Esto es lo que se está haciendo en el plan integral de saneamiento de las aguas residuales de la ciudad de Madrid. Sin embargo, el miedo a tomar medidas impopulares, como la subida del precio del agua, mantiene a muchos ayuntamientos paralizados.

Respetar las normas

Este temor es el mismo que tiene maniatado al Gobierno a la hora de legislar o hacer cumplir las leyes del medio ambiente. Si se respetasen muchas de las normas vigentes, los ayuntamientos se encontrarían con muchos menos problemas ambientales. Medidas tan simples como hacer cumplir a los constructores el decreto sobre aislamiento térmico de las nuevas viviendas podrían evitar hasta en un 30% el consumo de energía para calefacciones y con ello la contaminación atmosférica de las ciudades. Sin embargo, las autoridades competentes acostumbren a hacer la vista gorda al incumplimiento de este decreto por temor a que su exigencia agudice la crisis del sector.

Los encargados de velar por la calidad del aire se quejan de que nadie repare en que más grave y tan costoso como el aumento de la crisis de cualquier sector de la industria es el aumento de las enfermedades respiratorias entre los habitantes de las ciudades. Evitar la contaminación, afirman, puede parecer un lujo en épocas de crisis, pero casi nadie considera un lujo el presupuesto que requiere la Seguridad Social para reparar los daños causados por esa misma contaminación.

Hay ciudades en las que los niveles de contaminación atmosférica son tan altos que ya no ha quedado más remedio que declararlas zonas de atmósfera contaminada. Curiosamente, sólo Avilés, Badalona y la zona sur de Madrid han sido encuadrados en estos programas de emergencia, Aglomeraciones humanas tan contaminadas como Bilbao, Cartagena o Huelva sólo han sido declaradas "zonas asimiladas", a las que también se les otorga un tratamiento especial para solucionar sus problemas de contaminación. La razón de que solamente tres ciudades alcancen los niveles de contaminación considerados de emergencia obedece a que las concentraciones de contamínación admitidas por la legislación española son altísimas. En opinión de un funcionario experto en la materia, si en España se tuvieran que respetar los niveles de anhídrido sulfúrico de Alemania Occidental, la industria española se vendría abajo.

Otro de los grandes temas presentes en la mayoría de los programas electorales municipales es la eliminación de los residuos sólidos. La preocupación de los responsables de este tema ya no es que las basuras se reciclen y se aprovechen. En estos momentos pocos ayuntamientos piensan en eso. Las aspiraciones se reducen a que, por lo menos, todos los vertederos de basura estén controlados. Sólo las grandes ciudades disponen de medios para eliminar sus basuras con criterios avanzados, sacando de ellas micluso beneficio económico. El resto de los ayuntamientos se limita normalmente a divagar de un sitio a otro, buscando un lugar en donde la población más cercana oponga menos resistencia al vertido de basuras a cielo abierto.