Sobre el conflicto médico

Como médicos de la Fundación Jiménez Díaz, sentimos el deber ciudadano de expresar nuestra opinión sobre el actual contencioso entre los médicos y el Ministerio de Sanidad, en la creencia de que el debate público es un medio eficaz y democrático en la búsqueda de una solución justa y beneficiosa para la sociedad.Se quiere implantar un estatuto unitario para los 250.000 empleados de la Seguridad Social, en el que se contempla -según propuesta del Ministerio de Sanidad de 23 de marzo de 1983, apartado 5-C- la creación de unas comisiones mixtas con capacidad decisoria en la actividad de los centros sanitarios: desde el control de calidad hasta la selección del personal. El actual sistema de elección de estas comisiones mixtas permite que se pueda dar la circunstancia de que ningún médico forme parte de las mismas, ya que son minoritarios en un sistema de representatividad.

Como médicos, deseamos un estatuto profesional que nos permita tener nuestros propios representantes, y apoyamos el derecho de los otros empleados de la Seguridad Social (enfermeras, administrativos, etcétera) a tener su propio estatuto profesional dentro del marco legal de nuestra Constitución. No queremos ningún privilegio; queremos la paridad de derechos y obligaciones, conservando nuestra identidad profesional y nuestra representatividad.

No vamos a usar del agravio comparativo con el argumento de por qué no existe un estatuto unitario para los trabajadores del Ministerio de Justicia, Hacienda o Educación, por citar un ejemplo, con los mismos criterios de operatividad y composición de comisiones mixtas de sanidad.

La razón fundamental para tener un estatuto profesional está en la representatividad, en el derecho a nombrar nuestros propios representantes. Esta representatividad es esencial: primero, para asegurar la presencia adecuada de los médicos en todos aquellos aspectos técnicos de su competencia, con independencia de avatares políticos y administrativos; segundo, para participar con nuestras propias responsabilidades en la gestión de nuestros contratos de trabajo. Nadie puede defender eficazmente algo que no conoce y que además no le interesa.

Creemos que el control de los contratos de trabajo, su redacción y su firma por personas -en nuestro caso, representantes no médicos- que no resultan afectadas directamente por las decisiones que ellos mismos toman es inadmisible en una sociedad democrática. El contrato de trabajo es esencial para cualquier ciudadano, y su control no puede estar en manos ajenas al propio trabajador. El control de los contratos de trabajo, de la totalidad de los trabajadores de la Seguridad Social, representa un poder social tan importante que desborda los límites de cualquier intencionalidad política que se quiera achacar a los médicos. Nos damos cuenta del riesgo que corremos de ser tachados de elitismo y de buscar privilegios de clase. Las intenciones no son defendibles: se aceptan o se rechazan. Sin embargo, conviene recordar que en Europa, con decenios de experiencia democrática en estos problemas, existen unos sindicatos profesionales que cumplen con plena satisfacción ciudadana las mismas funciones de representatividad que las que pedimos los médicos españoles.

Es evidente que los médicos españoles tendremos que seguir el ejemplo de nuestros colegas europeos. Pero se necesitarán varios años para conseguirlo. El estatuto médico puede evitar una politización innecesaria e indeseable de estos futuros sindicatos y, sobre todo, ahorrar quiebras en un servicio tan sensible para todos los ciudadanos.

Pensamos que no es el autoritarismo el mejor método para resolver problemas sanitarios. El diálogo y la representatividad son los dos ingredientes fundamentales para tales asuntos. Pensamos también que las técnicas aversivas (utilizar medidas punitivas para lograr eficacia y rendimiento) son métodos inadecuados para promover la necesaria -y por todos deseada- reforma de la sanidad. /

y 100 médicos más.