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Investigacíón judicial sobre subastas de la Magistratura de Trabajo

El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona ha iniciado una investigación sobre las presuntas actividades delictivas de un grupo formado por alrededor de cuarenta individuos, conocidos como los subasteros, que actúan coordinadamente en gran parte de las subastas de bienes convocadas por las Magistraturas de Trabajo de Barcelona. En el grupo figura el conocido dirigente ultraderechista Alberto Royuela, que controla la principal formación. Los subasteros impiden en la práctica el acceso de otros postores a las subastas. En los últimos años se han producido numerosas situaciones irregulares en embargos de bienes instados por la Seguridad Social a empresas.Las investigaciones judiciales se han acelerado a raíz del descubrimiento del fraude a la Seguridad Social, mediante el que numerosas empresas lograron disminuir sus deudas a través de la falsificación de documentos extendidos por la Oficina Delegada de la Inspección de Trabajo de Barcelona.

Para el material de las subastas, los requerimientos son enviados para su apremio por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a la Magistratura Especial de Ejecuciones Gubernativas de Barcelona, órgano judicial creado exclusivamente para tramitar las ejecuciones de la Seguridad Social. Durante 1982 el número de requerimientos y actas cursados a la Magistratura Especial de Barcelona se elevó a 163.580, por un valor de 105.249 millones de pesetas. Sin embargo, en el mismo período, la Magistratura sólo consiguió cobrar 4.256 expedientes, por valor de 2.250 millones de pesetas. Es decir, lo recaudado representó el 2,1% del valor total de los requerimientos y actas.

Este año la tendencia es muy parecida. De los 3.841 requerimientos enviados en enero de 1983 a la Magistratura Especial para ser cobrados en vía de apremio, por un valor de 3.036 millones de pesetas, solo fueron resueltos 1.767, por un importe de 340 millones. Resultaron anulados 1.168 por un valor de 1.261 millones, y se declaró la insolvencia de las empresas en 897 expedientes, que sumaban 1.365 millones de pesetas.

Monopolio de los 'subasteros'

La citada Magistratura, cuyo titular es Vicente Uríos Camarasa, es asíduamente frecuentada por los principales subasteros, que mantienen, al parecer, estrecho contacto con algunos de los funcionarios allí destinados. La especie de monopolio que consiguen de hecho los subasteros, habitual en todos los procedimientos concursales, se agrava en esta Magistratura, dado que no existe ningún ejecutante particular y los trabajadores de las empresas embargadas no llegan a enterarse en la mayoría de los casos de las convocatorias, que aparecen en el Boletín Oficial de la Provincia.El problema se repite, aunque de forma más controlada, en todas las Magistraturas de Barcelona. La falta de dotación económica para publicar las convocatorias en los diarios y la ausencia de un depósito judicial en el que puedan ser custodiados los bienes embargados, agrava el problema. En la actualidad está en estudio una fórmula de solución para estos dos últimos temas. Los subasteros, en cambio, sí cuentan con su propio depósito, hasta el punto que en algunos casos son ellos mísmos nombrados depositarios de los bienes por los propios interesados, a los que se les aconseja que pongan el asunto en sus manos, después de haber acompañado a los funcionarios de la Magistratura a notificar el embargo.

La familiaridad con que los subasteros frecuentan la Magistratura Especial llega al punto que un conocido abogado que actúa habitualmente en las subastas, en colaboración con el propio Royuela, llamado José Pablo Sanchez Iñigo, se ha hecho imprimir tarjetas de visita en las que se domicilia a sí mísmo en la propia sede de la Magistratura Especial, actualmente ubicada en la Ronda de San Pedro nº 52 de Barcelona. La escasez de medios económicos de la Magistratura de Trabajo contrasta en gran manera con el ritmo de vida de los subasteros, que diariamente aparcan grandes vehículos ante el edificio de la Magistratura.

Las fuentes del lucrativo negocio se encuentran en la adquisición de bienes a ínfimo precio en las subastas. Los subasteros, además, son puntualmente informados de los procedimientos de ejecución desde el momento en que llegan a la Magistratura, procedentes de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social. Entre sus actividades cotidianas se encuentra la visita a los empresarios afectados por los procedimientos y también la averiguación de si se trata de empresas abandonadas por sus propietarios. Existen denuncias de que en empresas de esas características se han producido desapariciones de bienes despues de haber sido precintadas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de mayo de 1983