La Audiencia Nacional no será competente en delitos de desacato y escándalo público

El Pleno del Congreso dió ayer vía libre al proyecto de ley orgánica sobre modificación de las competencias de la Audiencia Nacional, al rechazar las enmiendas a la totalidad de los diputados Fernando Pérez Royo y Juan María Bandrés, que pedían su supresión, por estimarlo "heredero del Tribunal de Orden Público (TOP)". El proyecto de ley suprime las competencias hasta ahora atribuidas a la Audiencia Nacional sobre delitos de desacato y escándalo público.

El comunista Fernando Pérez Royo y el diputado de Euskadiko Ezkerra (EE) Juan María Bandrés, se opusieron tajantemente a una reforma que viene a consagrar la existencia de la Audiencia Nacional, que estiman inconstitucional. Pérez Royo pidió la devolución del proyecto de ley al Gobierno. Su enmienda fue rechazada por 16 votos favorables, 240 en contra y siete abstenciones. Bandrés solicitó que el texto del proyecto de ley se sustituya por otro que se limite a suprimir la Audiencia Nacional.El socialista Francisco Granados defendió la constitucionalidad del proyecto de ley y manifestó a los enmendantes que "decir alegremente que la Audiencia Nacional es heredera del TOP es una afirmación carente de fundamento". Invocó una sentencia del Tribunal Constitucional, y recordó que las competencias del TOP para la represión de delitos políticos son muy diferentes a las que actualmente tiene atribuidas la Audiencia Nacional, especialmente después de la reforma a debate, y que no se trata de una jurisdicción especial, porque se atiene a las normas procesales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pérez Royo contestó que el hecho de que los delitos de los que se ocupa la Audiencia Nacional sean distintos a los que perseguía el TOP en plena dictadura, no justifica su existencia. Negó que, mediante la Audiencia Nacional, se cumpla el derecho constitucional "al juez ordinario predeterminado por la ley", ya que se trata, en su opinión, de una jurisdicción especial o, cuando menos, especializada. Lamentó que el Gobierno socialista defienda las mismas tesis de los Gobiernos centristas en relación con este tema.

Bandrés dijo que, a pesar de los esfuerzos de Granados, la Audiencia Nacional es difícil de defender. Señaló que para el detenido vasco al que se le aplica la ley antiterrorista, se le traslada a Madrid y, tal vez sin asistencia letrada, se le pone ante el mismo juez que hace diez años formaba parte del TOP, el cambio democrático es poco aparente, aunque la ulterior sentencia necesariamente tendrá que ser distinta. Insistió en que la Audiencia Nacional es heredera del TOP, "aunque no siempre el heredero es idéntico al causante".

El centrista Fernando García Agudín expresó su simpatía hacia las enmiendas a la totalidad, pero anuncié su voto en contra de ellas, por entender que existen "razones políticas" para que la Audiencia Nacional continúe existiendo. Por la Minoría Catalana, Joaquím Xicoy manifestó su simpatía, tanto por los enmendantes como por "los equilibrios" que se había visto obligado a hacer el diputado socialista para defender lo difícilmente defendible. Anunció la abstención de su grupo.

José María Ruiz Gallardón expuso la posición del Grupo Popular totalmente favorable al Gobierno, y se mostró comprensivo hacia Francisco Granados por los esfuerzos realizados para defender un órgano judicial "en el que ha empezado a creer cuando ha tenido que defender el proyecto".