El déficit de Rumasa será cubierto por el Banco de España

El déficit patrimonial de Rumasa, que parece aproximarse en principio a los 200.000 millones de pesetas -cifra aportada por las primeras estimaciones, relativas a finales de diciembre pasado-, no será incluido en los Presupuestos Generales del Estado hasta determinar la situación del holding de la abeja y el coste de la expropiación, según confirmó ayer el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer.El ministro dijo que el saneamiento definitivo de Rumasa deberá hacerse al final. Hasta entonces, una vez auditado todo el grupo y satisfecho el justiprecio o indemnización a los accionistas minoritarios, no podrá determinarse el coste total para el Estado.

No obstante, añadió que los datos obtenidos hasta el momento (revisión contable de las empresas para hacer un balance consolidado a 31 de diciembre último) son "suficientes para saber que el déficit patrimonial es importante y que tiene que ser cubierto". Aunque Boyer no se refirió a cifra alguna, se recuerda que esta semana los nuevos administradores del grupo han anticipado una diferencia entre el activo y el pasivo del holding cercana a los 200.000 millones de pesetas al terminar el pasado año.

Créditos fallidos

Según el ministro, la mayor parte del desequilibrio patrimonial procede de la veintena de bancos del grupo, que fueron "forzados a dar créditos a empresas que no podían devolverlos". Reiteró, asimismo, que los ex propietarios sobrevaloraban ficticiamente las cuentas patrimoniales, sin precisar la cuantía de tales manipulaciones."De momento", prosiguió, "como todos los bancos en dificultades, se financiarán con créditos del Banco de España. La cuantía total de éstos dependerá del proceso de saneamiento y del de vuelta al sector privado. Puede, sin embargo, que quede algún remanente que el Estado deba cubrir con los Presupuestos. Pero, debido a la marcha de dichos procesos, no sería en el presente año, sino quizá en 1984".

Miguel Boyer afirmó a continuación que las razones dé interés social y utilidad pública esgrimidas para la expropiación permiten cargar el hipotético coste de la operación en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, estas circunstancias no determinan que deba cubrirse presupuestariamente todo el coste en un solo ejercicio. Subrayó al respecto que el coste del saneamiento de Rumasa hubiera sido el mismo en otras condiciones, porque al fin y al cabo el grupo no podía seguir adelante. Añadió que una actitud liberal a ultranza del Estado hubiera significado una mayor crisis empresarial, con aumento del coste resultante.

Por último, anunció Boyer que, para disminuir el impacto sobre los Presupuestos Generales del Estado, el proceso de reprivatización se iniciará a partir del momento en que el proyecto de ley de expropiación sea aprobado por el Parlamento, en las próximas semanas.