Los precios agrarios

LAS LLUVIAS de abril y la concentración de 10.000 "jóvenes" agricultores en Madrid para pedir la destitución del ministro de Agricultura han traído al primer plano de la actualidad el tema del campo, sometido desde hace casi tres años a los desoladores efectos de una interminable sequía. El cuadro descrito por los jóvenes agricultores -un endeudamiento masivo del sector agrario a punto de caer en las manos de los eternos usureros, ante sólo privados pero ahora también públicos- resulta desolador y contrasta con las ideas de algunos expertos acerca de la verdadera situación agropecuaria. Los estudios económicos solventes suelen describir una agricultura muy heterogénea, acosada por muchas dificultades pero con excelentes resultados en algunos sectores; las relaciones entre cajas, rurales y cooperativas agrarias, por otro lado, muestran una tolerancia crediticia que está poniendo en peligro la supervivencia de estas instituciones de crédito, antes que demostrando la existencia de unas prácticas de usura escandalosas. Naturalmente, la sequía oprime, y también aprietan los resultados de las últimas negociaciones de precios con el Ministerio de Agricultura.Este año las autoridades socialistas han aprobrado un alza de precios agrarios en torno al 9%, inferior al nivel del 12% de la inflación prevista para el año. Además, el Gobierno se ha limitado a oír a los agricultores, sin preocuparse por firmar un acuerdo previo con las organizaciones campesinas. Esta práctica, semejante a la que se sigue en el Mercado Común, ha mostrado la firmeza para adoptar decisiones del Gobierno socialista, lógicamente interesado en que los incrementos de precios de los alimentos se sitúen por debajo del nivel general de aumento de los convenios salariales.

El Gobierno, por lo demás, ha maniobrado con habilidad frente a las cinco organizaciones agrarias. Dado lo intrincado del mundo agrario, conviene describir esas organizaciones como paso previo para entender mejor el juego de las negociaciones. La Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG) es una organización bien trabada y bastante arraigada en Andalucía, que representa en el campo, aunque comparativamente con menor implantación, lo que la CEOE en la industria y los servicios. La Unión de Federaciones Agrarias de España (UFADE), cuya formación ha sido más artificiosa, busca acomodo para sectores específicos (remolacha, arroz, etcétera). El Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA), ahora Federación Nacional de Sindicatos Agrarios (FNSA), cuyas síglas originales recuerdan a la organización francesa, fue, en gran medida, obra del exministro centrista Jaime Lamo de Espinosa. Pese a su escasa implantación inicial, la organización ha ido creciendo gracias al apoyo dado por la extinta UCD a través de la utilización de las cámaras sindicales agrarias y a los desvelos de algunas personalidades vinculadas al Opus. Por el lado de la izquierda, la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT) es la versión agraria de la UGT. Su implantación todavía es precaria y lucha con la competencia de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos del Estado (COAG), dirigida en sus comienzos por Comisiones Obreras y el partido comunista.

En las negociaciones sobre precios agrarios con los sucesivos Gobiernos de UCD, el mayor protagonismo y los mayores niveles de exigencia correspondieron siempre a las organizaciones de derechas, en especial a la Confederación. En la confrontación con el PSOE, sin embargo, la derecha agraria, después de un globo sonda con alzas de precios desorbitados, ha optado por la moderación y apenas ha mostrado interés por las negociaciones con la Administración. El Ministerio de Agricultura, consciente de la necesidad de una contención de precios para evitar fuertes repercusiones en los presupuestos y en el índice de precios al consumo, se ha limitado a forcejear con las organizaciones de izquierdas y a tratar de disminuir el papel de la COAG como defensora de los intereses del campo.

El resultado final registra un alza de precios del 91%9,5%, muy inferior a las inciales peticiones de las organizaciones de derecha. De añadidura, el Gobierno se ha limitado a oír a los agricultores, es decir, no ha hecho suyas sus propuestas, tal y como ocurrió en los pactos de la Moncloa. Pese al indiscutible éxito conseguido en la negociación por el Ministro Carlos Romero, el Gobierno ha desaprovechado tal vez una buena ocasión para poner los cimientos de una política agraria viable y racional. El precio de garantía para el vino y el aceite se elevan un 3,70% y un 8,28% y se incentiva de nuevo el aumento de unas existencias invendidas que pesan en la carga financiera del campo con el Banco de España (la póliza del FORPPA se sitúa ya en 200.000 millones de pesetas). Esta política de precios favorece la plantación de viñedos con un alto rendimiento en alcohol y escasa calidad para el consumo humano. La consecuencia es que se prodúce aceite a bajo precio, cuya compra garantiza el FORPPA-SENPA, ovino destinado a su transformación en alcohol a costa del contribuyente. En un país con graves problemas de balanza de pagos y un fuerte déficit presupuestario, lo razonable, sin embargo, sería lo contrario: disminuir el precio del aceite de oliva, a fin de recuperar el consumo interior, y penalizar a los malos productores de vino, pagándoles a precio de saldo los excedentes que deben transformarse en alcohol. Francia, por ejemplo, ha seguido esta práctica, tanto con gobiernos conservadores como bajo la presidencia de Mitterrand. Esa inercial política agraria juega, en definitiva, contra el mercado y financia actividades improductivas, con el agravante de que no cuida debidamente aquellos cultivos -maíz y otros cereales pienso- de los que somos deficítarios y cuyo desarrollo descargaría la balanza de pagos y acoplaría la producción con las necesidades.